San José de Costa Rica.- En 10 de las 15 regiones que conforman Nicaragua, periodistas, presentadores de televisión, conductores de radio e incluso reporteros locales que detallan lo que sucede en sus comunidades en páginas de Facebook, han desaparecido.
En todo el país, la profesión periodística se ha extinguido, debido a la persecución por parte del régimen del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo . Así lo afirma un informe publicado este lunes 13 de enero por la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED), que ha lanzado alertas tras los acontecimientos de 2024. El informe es una radiografía de la libertad de expresión y de prensa en el país centroamericano, cuyo pueblo está sometido a “un modelo totalitario”, en el que se han criminalizado las voces disidentes.
El informe destaca que no sólo los periodistas como tales han sido criminalizados: también lo han sido los blogueros locales, que informan sobre hechos que pueden parecer triviales para el gobierno de Ortega —como accidentes de tránsito o fiestas patronales— pero que también incomodan al régimen. FLED afirma que, en 10 regiones del país centroamericano, la práctica periodística ya no existe en ninguna forma. “Hay una expansión de los desiertos informativos”, subrayan los autores, en alusión a la falta de información disponible.
“En estas zonas no se practica el periodismo independiente debido al acoso gubernamental . Este año se sumaron cinco nuevas regiones: Granada, Madriz, Nueva Segovia, León y Río San Juan, elevando a 10 el total de regiones sin cobertura periodística independiente en Nicaragua. Actualmente, los medios de comunicación controlan el 59% del espacio informativo del país. Si las medidas represivas continúan, esta cifra podría aumentar significativamente”, prevé el informe publicado por FLED.
En las otras cinco regiones de Nicaragua, donde aún hay unos pocos periodistas y blogueros que operan en espacios cada vez más estrechos, el informe denuncia que “los profesionales enfrentan constante acoso, amenazas y citaciones regulares a comisarías de policía”.
“Muchos periodistas trabajan de manera clandestina, calificando su labor como ‘periodismo de catacumba’. [Se esconden] para evitar ser identificados, mientras continúan documentando las múltiples violaciones de derechos humanos que viven los nicaragüenses ”, señala la organización en el exilio.
Desde las protestas sociales de 2018, el régimen represivo de Ortega y Murillo ha mantenido al periodismo en la mira. No solo ha encarcelado, torturado y exiliado a decenas de reporteros y directores de medios, al tiempo que ha despojado a muchos de su nacionalidad : también ha puesto en la mira a sus familiares que permanecen en Nicaragua, en represalia por cualquier cobertura que denuncie las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo.
En 2024, FLED documentó 81 casos de violaciones de la libertad de prensa. “Se trata de una cifra ligeramente inferior a la de 2023, pero la disminución no implica una mejora de las condiciones de la prensa, sino más bien un aumento de la autocensura entre las víctimas. Esto significa que muchos periodistas y medios de comunicación han optado por no informar sobre los ataques [a los derechos humanos], con el fin de minimizar los riesgos personales y profesionales que ello implica”, se lee en el informe. Los autores señalan que no han publicado varias denuncias recibidas, con el fin de garantizar el anonimato de las víctimas.
Según FLED, la autocensura ha aumentado tanto dentro como fuera de Nicaragua (es decir, en el exilio). Muchos periodistas recurren con frecuencia a la cautela en sus publicaciones, para evitar represalias contra sus familiares o para evitar ser víctimas de procesos judiciales en ausencia, algo que está permitido por el recientemente reformado Código Penal. Varios, además, moderan su retórica para evitar ser calificados de “traidores a la patria”, una sentencia política que implica la confiscación y pérdida de la nacionalidad nicaragüense.
Periodistas desaparecidos y exiliados
De los 81 casos documentados por la ONG defensora de la libertad de prensa, hay 57 personas físicas y 24 personas jurídicas afectadas. Entre los patrones de agresión más frecuentes están: el discurso estigmatizador, que es utilizado por funcionarios estatales y medios de comunicación progubernamentales para desprestigiar a periodistas y medios independientes; la agresión física y verbal, así como el abuso del poder estatal. En el 49% de los casos, el Estado ha sido el principal agresor, seguido de los elementos paraestatales, con un 37%.
En mayor detalle, FLED señala que “en 2024, agentes de la Policía Nacional allanaron, con excesiva violencia, varios domicilios de periodistas. En estos allanamientos, confiscaron sus equipos electrónicos […] En los últimos meses de 2024, el gobierno intensificó su represión mediante desapariciones forzadas, destierros y detenciones arbitrarias, dirigidas contra medios de comunicación y periodistas independientes”.
El caso más destacado es el de Fabiola Tercero , detenida desde julio de 2024. Se encuentra desaparecida: las autoridades no han dicho absolutamente nada sobre su paradero ni sobre su estado de salud. El informe de FLED también documenta la detención de Elsbeth D’Anda, directora de un programa de televisión del Canal 23, quien fue detenida el 27 de octubre de 2024, tras informar sobre el aumento de los precios de los productos básicos.
También se destaca la detención de Leo Catalino Cárcamo Herrera, quien fue capturado de manera violenta por la Policía Nacional de León. “Es un periodista muy conocido en su comunidad. Ya había sido detenido en enero de 2019, cuando aún trabajaba en una radio local. Sin embargo, su más reciente detención ha generado preocupación debido a su frágil estado de salud”.
Además de las detenciones de periodistas por motivos políticos, el informe de FLED destaca otro patrón represivo: el régimen ha atacado a periodistas retirados, a quienes ha obligado a exiliarse. El ejemplo más reciente es el de Henry Briceño, quien, junto a su familia, fue detenido violentamente y expulsado del país cerca del paso fronterizo de Peñas Blancas con Costa Rica. “Sus propiedades fueron confiscadas por el gobierno y su casa ahora alberga una sede de la Cruz Blanca, en un patrón que muestra la apropiación estatal de la propiedad privada”, señala el informe. La Cruz Blanca es una versión de la Sociedad de la Cruz Roja, creada por el presidente Ortega como una alternativa nicaragüense después de que la organización fuera expulsada del país .
En su recuento de periodistas exiliados, FLED alerta de que 46 periodistas se vieron obligados a exiliarse en 2024 para proteger su vida y la de sus familias. “Entre 2018 y finales de [2024], el número total de periodistas exiliados asciende a 283 profesionales. Asimismo, FLED documentó el destierro de cinco periodistas: dos de manera violenta y tres a quienes se les negó el reingreso al país luego de viajes de trabajo”, informa la organización.
Según FLED, otro factor que impactó profundamente al periodismo nicaragüense en 2024 fue que un número considerable de profesionales abandonaron el ejercicio para dedicarse a otras actividades económicas, con el objetivo de garantizar el sustento de sus familias. Al menos 52 periodistas abandonaron la profesión.
“Este fenómeno se debe a múltiples razones, entre ellas el creciente desempleo en el sector [de los medios], la precariedad de los salarios, el alto nivel de peligrosidad asociado a la profesión, el cierre de medios y espacios de información, así como el auge del [autoempleo en el sector privado] como medio alternativo de subsistencia”, concluye el informe.
EL PAÍS
