El 3 de enero de 2026, a las 2:01 de la madrugada, unas 150 aeronaves estadounidenses penetraron el espacio aéreo venezolano en una acción que fue presentada oficialmente como una “operación de arresto” y denunciada por otros actores como un “secuestro de Estado”.
La extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, de su residencia en Caracas marcó un punto de quiebre en las relaciones internacionales y abrió un terreno especialmente fértil para la reflexión ética sobre el ejercicio del periodismo.
En las horas, días y semanas posteriores, los medios han enfrentado dilemas profesionales y morales que pusieron en evidencia la fragilidad de la prensa cuando informa bajo la presión del poder gubernamental, la desinformación digital y su propia responsabilidad frente a la verdad.
1. El lenguaje: ¿es un arresto o un secuestro?
En las horas posteriores a la operación estadounidense en Caracas, el debate público no giró únicamente en torno a su legalidad o a sus consecuencias geopolíticas. Para el periodismo, el problema apareció antes: ¿cómo nombrar lo que sucedió? La forma de hacerlo condicionó desde el inicio el tipo de preguntas que podían formularse y, en muchos casos, las que quedaron fuera de la cobertura.
Buena parte de los grandes medios estadounidenses adoptaron sin mayor fricción el léxico propuesto por la Casa Blanca y el Departamento de Defensa. La incursión fue descrita como una “captura”, un “arresto” o un acto de “aplicación de la ley”, apoyado en acusaciones domésticas por narcoterrorismo y tráfico de armas. Medios especializados como DefenseScoop detallaron el operativo bajo ese marco, enfatizando su supuesto carácter judicial y técnico.
Esto dejó de lado la dimensión internacional del hecho: una incursión militar no autorizada en la capital de un Estado soberano. Analistas de Fair Observer y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advirtieron que esta narrativa contribuyó a validar la idea de una autoridad estadounidense con alcance global, capaz de imponer su sistema judicial más allá de sus fronteras
El contraste entre el lenguaje empleado y la naturaleza del operativo fue notorio. La detención de Maduro se produjo tras un asalto militar antes del amanecer, con participación de cazas F-22 Raptors y operadores de la Fuerza Delta. Aun considerando las acusaciones de narcoterrorismo que pesaban sobre él, la descripción de ese despliegue como un “arresto” equiparable a una acción policial ordinaria planteó interrogantes éticos que rara vez ocuparon un lugar central en la cobertura inicial.
Desde otros espacios mediáticos y políticos surgió una lectura diferente. Medios como Jacobin, identificado con el movimiento democrático-socialista de EE. UU., y figuras del gobierno venezolano, entre ellas Delcy Rodríguez, optaron por hablar de “secuestro” o “abducción”, subrayando el carácter extrajudicial del hecho. Situaron la operación dentro de una lógica de lawfare, en la que el derecho funciona como herramienta de confrontación.
La coexistencia de estos marcos narrativos opuestos le exige al periodismo sostener una distancia crítica frente a ambas versiones.
Sin embargo, la velocidad del ciclo informativo favoreció la reproducción de la narrativa dominante en Estados Unidos. El resultado fue una cobertura que, en muchos casos, evitó examinar de manera sistemática la base jurídica para detener a un jefe de Estado en funciones dentro de su propio territorio. Esta omisión resultó especialmente problemática a la luz de las dudas expresadas desde el primer momento por especialistas en derecho internacional sobre la compatibilidad de la operación con las normas vigentes.
Un análisis de The Brookings Institution profundizó en ese punto al señalar que el uso del término “arresto” implica aceptar una interpretación expansiva del derecho estadounidense, capaz de neutralizar las garantías soberanas reconocidas por la Carta de las Naciones Unidas. El lenguaje, en este sentido, no solo describe la acción, sino que redefine los límites del orden internacional.
El punto más frágil desde el punto de vista ético apareció en el uso persistente de fórmulas atenuantes por parte de algunos medios influyentes. CBS News y The Wall Street Journal, entre otros, describieron el inicio de las hostilidades como una “campaña de presión” o un simple “endurecimiento” de la política existente. Para Common Dreams, este tipo de lenguaje contribuyó a diluir la gravedad del episodio y a normalizar una ruptura significativa del marco jurídico internacional.
2. El embargo de prensa: ¿importa más la “seguridad nacional” o el derecho a saber?
Uno de los aspectos más controvertidos de la conducta de los medios durante la operación estadounidense fue la revelación de que The New York Times y The Washington Post se enteraron de la misión poco antes de que comenzara, pero eligieron retener la información. Esta decisión se basó, según reportó Semafor, en advertencias de la administración Trump de que la publicación “pondría en peligro a las tropas estadounidenses”.
Esta “deferencia tradicional” hacia la Casa Blanca en asuntos militares secretos es un punto de tensión ética recurrente en el periodismo estadounidense, que evoca la decisión del Times en 1961 de suprimir noticias sobre la invasión de Bahía de Cochinos, como recordó Columbia Journalism Review en su análisis.
La decisión de honrar un embargo por razones de “seguridad nacional” se fundamenta en la suposición de que la seguridad del Estado —específicamente las vidas de su personal militar— tiene prioridad sobre el derecho del público a conocer un acto mayor de intervención internacional. Desde la perspectiva de la ética periodística, esto plantea la pregunta de la “seguridad” de quién está protegiendo la prensa. Mientras el Times y el Post se preocupaban por los soldados estadounidenses, su silencio aseguró que el gobierno venezolano y sus civiles no tuvieran advertencia de los ataques inminentes, que resultaron en decenas de muertes.
Esta deferencia es aún más notable dado el ambiente de hostilidad mutua sin precedentes entre la prensa y la segunda administración Trump. A pesar de ser etiquetados como “noticias falsas” y enfrentar retórica sobre “militarización doméstica”, los periódicos insignia del establishment estadounidense mantuvieron su tradición de guardar secretos de Estado.
Esto sugiere una alineación estructural entre las principales organizaciones de noticias y el aparato de seguridad nacional que trasciende las fricciones partidistas. El agradecimiento público del Secretario de Estado, Marco Rubio, hacia los medios por su silencio complica aún más la percepción de independencia periodística.
El reporte de Semafor añade un último detalle particularmente inquietante: mientras los directores de los principales medios fueron informados de “detalles operacionales sensibles”, el Congreso de Estados Unidos permaneció “en la oscuridad”. Esta asimetría sugiere una distorsión profunda del equilibrio constitucional, en la que las redacciones parecieron contar con mayor acceso —y, en la práctica, mayor capacidad de validación— que los propios representantes electos encargados de supervisar el uso del poder militar.
3. Ante la avalancha de (des)información, ¿velocidad o precisión?
Las primeras cuarenta y 48 horas tras el operativo en Venezuela coincidieron con una ola sin precedentes de desinformación digital, gran parte de ella impulsada por las mismas tecnologías avanzadas que el ejército estadounidense elogió por el éxito de la operación. Para las redacciones, la presión ética de ser los primeros chocó con el alto riesgo de amplificar «AI slop«, contenido falso hiperrealista producido en masa diseñado para manipular la percepción pública.
Minutos después de que se anunciara la incursión, las redes sociales se inundaron con imágenes que supuestamente mostraban a Maduro bajo custodia estadounidense. Una imagen ampliamente compartida de Maduro flanqueado por soldados resultó ser generada por IA mediante el uso de la tecnología SynthID de Google, mostrando inconsistencias como cabello antinatural y un rostro “demasiado simétrico”.
El dilema ético se intensificó cuando el propio presidente Trump difundió un video que afirmaba mostrar a venezolanos celebrando en las calles, que en realidad era un clip de un mes de antigüedad de una “carrera en ropa interior” universitaria en UCLA.
El desafío de verificación alcanzó incluso a las redacciones más sofisticadas. The New York Times enfrentó un dilema editorial complejo cuando Trump publicó la hoy famosa imagen de Maduro con los ojos vendados y esposado a bordo del USS Iwo Jima.
Meaghan Looram, directora de fotografía del Times, describió el proceso de verificación que su equipo tuvo que realizar. “La imagen era impactante, noticiosa, y requería una decisión editorial crítica”, escribió Looram. Antes de que Trump publicara esa foto, los editores ya habían descartado inequívocamente otras dos imágenes que circulaban en redes sociales,
El problema se complicó porque las herramientas de detección de IA «no son infalibles», según Looram. “A menudo registran cierta incertidumbre con imágenes que se puede demostrar que son auténticas”. La foto publicada por Trump tenía características sospechosas: estaba recortada en una forma vertical inusual, sugiriendo que gran parte del contenido original había sido excluido, y la calidad era baja. Un editor de fotos del Times notó que «parecía una foto de una impresión, o una foto de una pantalla”.
El Times ha reportado extensamente sobre el hábito de Trump de diseminar imágenes generadas por IA y deepfakes en redes sociales, lo que daba razones para ser escépticos sobre la autenticidad de la foto. Sin embargo, la publicación de Trump en sí misma era noticiosa. El dilema: ¿cómo publicar algo potencialmente falso sin legitimarlo?
La decisión final fue mostrar la imagen en el contexto de la publicación de Trump en Truth Social, en lugar de aislar la foto. “Mostrarla en contexto significa que, si la imagen resulta ser inauténtica de alguna manera, no la habremos presentado como una foto noticiosa legítima, sino como una comunicación del presidente”, explicó Looram. En la portada del sitio web publicaron una versión recortada de la publicación.
Incluso con las mejores herramientas de detección y los equipos más experimentados, “actualmente no existe una herramienta que verifique inequívocamente las imágenes”, admitió Looram.
4. La borradura de la crisis humanitaria ante un “operativo impecable”
La cobertura inicial de la incursión en Venezuela evidenció un problema ético central: la subordinación del costo humano al relato del éxito militar. En escenarios de conflicto armado, una de las funciones básicas del periodismo es indagar quién muere, cómo y por qué. En este caso, esa pregunta quedó desplazada por una narrativa centrada en la eficacia operativa y el despliegue tecnológico de la intervención.
Desde el primer momento, el gobierno de Estados Unidos sostuvo que la incursión había sido un éxito táctico sin precedentes, destacando de manera reiterada la ausencia de bajas estadounidenses y la preservación del equipamiento militar: “Fue un ataque impecable, de los que casi no se ven”. Este tipo de afirmaciones, formuladas por el presidente Trump y altos funcionarios civiles y militares, se convirtieron en el eje central de la narrativa doméstica y en un criterio dominante para evaluar la operación.
Buena parte de la prensa estadounidense adoptó ese marco al priorizar reconstrucciones detalladas del operativo. Portadas y coberturas extensas se concentraron en describir la secuencia de la incursión, las unidades participantes y las capacidades empleadas, configurando una cobertura centrada en los detalles tácticos y tecnológicos del operativo. Columbia Journalism Review ha señalado que este énfasis desplazó otras dimensiones del hecho, en particular aquellas relacionadas con sus efectos humanos y políticos
Este encuadre tuvo consecuencias directas en la forma en que se reportaron las víctimas. Aunque desde el terreno surgieron cifras de muertos y heridos, estas fueron tratadas de manera secundaria o fragmentaria. Autoridades venezolanas informaron inicialmente de 23 fallecidos, mientras que estimaciones posteriores situaron el número entre 47 y 80 miembros de fuerzas venezolanas y cubanas. El gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 de sus efectivos desplegados en la custodia del complejo presidencial, según documentó el Parlamento británico.
A estas cifras se sumaron reportes que indican al menos dos civiles muertos y más de 112 heridos como resultado del uso de fuerza para neutralizar defensas y asegurar una captura rápida. Sin embargo, la persistencia en el seguimiento de estas muertes fue limitada, y rara vez se ofreció un contexto que permitiera comprender su impacto en la población local.
El análisis de la Columbia Journalism Review subraya que este desplazamiento no se explica únicamente por las dificultades de verificación en un entorno tan cerrado como el de Venezuela, sino también por decisiones editoriales sobre jerarquización informativa. Al privilegiar la narrativa de éxito operativo, las víctimas no estadounidenses quedaron convertidas en referencias distantes dentro del relato principal, sin una exploración sostenida de quiénes eran ni de las circunstancias en que murieron.
La cobertura también tendió a desconectar la operación militar del contexto humanitario previo en Venezuela. Desde 2015, el país enfrenta la mayor crisis de desplazamiento del mundo fuera de una guerra formal, con cerca de ocho millones de personas forzadas a migrar, según el Council on Foreign Relations
Este enfoque contrastó con algunos reportes que sí documentaron los efectos de la operación en zonas densamente pobladas. El bombardeo del complejo de Fuerte Tiuna provocó apagones y daños en áreas residenciales cercanas, mientras que la destrucción de almacenes del IVSS en La Guaira dejó sin suministros médicos a unos 9.000 pacientes renales. Otro ataque aéreo impactó un edificio residencial de tres pisos en Catia La Mar, al oeste de uno de los aeropuertos cercanos a Caracas, matando a una mujer de 80 años, Rosa González, según reportó The New York Times.
En conjunto, el encuadre informativo predominante presentó la operación como una acción eficaz y acotada en el tiempo, con escasa atención a sus consecuencias humanas y humanitarias a mediano y largo plazo. Al privilegiar la ejecución táctica y la narrativa del éxito, la cobertura ofreció una visión parcial del acontecimiento, centrada en la capacidad de acción militar y menos atenta a su impacto sobre la población venezolana y la estabilidad regional.
5. Conciliar las perspectivas venezolanas polarizadas
Una de las tareas más complejas para los periodistas que cubrieron la operación del 3 de enero, y sus consecuencias, fue representar una sociedad atravesada por emociones contradictorias. Gran parte de la cobertura internacional optó por un encuadre binario, dividiendo a la población entre partidarios de la intervención y “leales” a Maduro; sin embargo, invisibilizó un amplio terreno intermedio: ciudadanos que deseaban su salida del poder, pero que al mismo tiempo temen que Venezuela termine convertida en un protectorado estadounidense en el marco de la administración Trump.
Esta simplificación no fue solo un problema de representación política, sino también el reflejo de una presión emocional intensa sobre el periodismo. Este fenómeno fue abordado con claridad durante una charla de la Red Ética de la Fundación Gabo, en la que el periodista venezolano Alonso Moleiro describió el estado anímico de un sector de la audiencia venezolana —especialmente en redes sociales— que demanda una revancha simbólica, alimentada por años de frustración y resentimiento acumulados.
Moleiro explicó que el periodista venezolano se encuentra “sitiado” entre dos fuerzas. Por un lado, un poder con tolerancia mínima a la crítica; por el otro, una audiencia opositora que no evalúa el trabajo periodístico por su rigor, sino por su capacidad para satisfacer una necesidad emocional inmediata. En ese contexto, la exigencia de radicalismo busca que el periodista abandone la distancia profesional con los hechos. En sus palabras:
Esta “sed de sangre”, según Moleiro, produce una crisis de intermediación: parte del público prefiere contenidos de actores informales que prometen certezas, castigos o “alertas mundiales”, antes que el trabajo de medios profesionales cuyo rigor no satisface esa urgencia emocional. La venezolana Luz Mely Reyes reforzó esta idea al comparar la esfera pública actual en Venezuela con un coliseo romano, donde la audiencia exige que el periodista deje de interpretar la realidad para participar activamente en linchamientos simbólicos.
Este clima ayuda a entender el tratamiento mediático de decisiones políticas clave posteriores a la operación, como la marginación de María Corina Machado, líder de la oposición democrática y principal figura detrás de la candidatura de Edmundo González (cuyo triunfo en las elecciones presidenciales de 2024 fue reconocido por más de 30 países) y quien además fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. La administración Trump la excluyó de las discusiones posteriores a la operación.
En lugar de interrogar las implicaciones de esa exclusión, parte de la cobertura se detuvo en el gesto de Machado de regalar su medalla Nobel a Trump, presentado como una señal de “humillación servil”. Ese énfasis desplazó la cuestión de fondo: que Estados Unidos estaba priorizando una “transición manejada” con figuras internas del régimen para garantizar “estabilidad” y “producción petrolera”, aun a costa de las aspiraciones democráticas expresadas por amplios sectores de la sociedad venezolana.
La instalación de Delcy Rodríguez como “presidenta en funciones” profundizó estas tensiones. Histórica dirigente chavista, fue súbitamente reconfigurada por Trump como una “persona estupenda” y una “socia preferida”.
Cubrir la figura de Rodríguez exige contextualizar una trayectoria marcada por contradicciones: condenar públicamente el “secuestro” de Maduro mientras negociaba con sus supuestos “secuestradores” para consolidar su propio poder, así como su estatus de “objetivo prioritario” de la DEA desde 2018.
A este cuadro se sumó un déficit clave de la cobertura internacional. Periodistas venezolanos exiliados señalaron una falta palpable de voces locales dentro del país. En su lugar, manifestantes abiertamente anti-Maduro en Miami fueron utilizados con frecuencia como representación del sentir ciudadano, pese a no estar viviendo la transición en Caracas.
6. El juicio de Maduro: ¿proceso legítimo o teatro geopolítico?
El juicio de Nicolás Maduro en Nueva York cierra, al menos en el plano formal, la operación militar del 3 de enero. Para los medios que lo cubren, sin embargo, el proceso abre una discusión más compleja que la simple enumeración de cargos. La pregunta de fondo es ¿cómo narrar un juicio que, aunque se desarrolla dentro de un tribunal federal, está atravesado por decisiones políticas previas y por una disputa abierta sobre legitimidad y soberanía?.
La posibilidad misma de juzgar a Maduro en Estados Unidos descansa en un hecho clave: Washington no lo reconoce como presidente legítimo de Venezuela. Esa decisión, tomada por el Ejecutivo y aceptada sin mayores objeciones por el Poder Judicial, elimina de entrada la protección de la inmunidad de jefe de Estado y permite tratarlo como a cualquier otro acusado. El precedente más citado es el de Manuel Noriega, cuando los tribunales estadounidenses rechazaron sus reclamos de inmunidad con base en la falta de reconocimiento oficial.
Una vez Maduro quedó bajo custodia en territorio estadounidense, las cortes federales asumieron jurisdicción personal sobre él, amparadas en la llamada doctrina Ker–Frisbie, que sostiene que un tribunal puede juzgar a un acusado independientemente de las circunstancias de su captura. Este punto es crucial para entender por qué el proceso avanza aun cuando persisten dudas sobre la legalidad internacional de la operación militar que lo hizo posible.
Aquí surge el primer dilema periodístico. El juicio se articula alrededor de cargos de narcotráfico y conspiración, delitos graves pero esencialmente ordinarios, mientras quedan fuera del expediente los crímenes de lesa humanidad denunciados por víctimas y organismos de derechos humanos. El encuadre penal corre el riesgo de reducir una crisis política y humanitaria de largo aliento a la figura más digerible del “capo” o del criminal transnacional, desplazando las preguntas incómodas sobre responsabilidad estatal, represión sistemática y justicia internacional.
Al mismo tiempo, llamar a Maduro simplemente “presidente” resulta problemático para una audiencia internacional consciente de las denuncias de fraude y autoritarismo. El desafío ético no consiste entonces en elegir una etiqueta definitiva, sino en explicar por qué esa disputa terminológica existe y qué efectos produce.
Si el proceso termina siendo percibido, dentro y fuera de Estados Unidos, como un juicio diseñado para escenificar una victoria geopolítica más que para administrar justicia, el rol del periodismo será determinante. Informar no es solo seguir los hechos, sino interrogar las condiciones que hicieron posible el caso y los silencios que lo rodean. De lo contrario, el riesgo es que el cierre judicial de la operación consolide, también en el relato mediático, una historia contada exclusivamente desde el punto de vista del poder.
Fundación GABO
