CAMILA OSORIO
Bogotá.- Una de las frases más memorables del presidente Iván Duque a la prensa colombiana ocurrió en noviembre del 2019. Duque llevaba un año en el cargo y el país estaba indignado entonces por un bombardeo del ejército que mató a varios niños. En un evento, un periodista del diario El Heraldo pudo acercarse al mandatario para cuestionarlo sobre el caso. “¿De qué me hablas, viejo?”, le respondió despectivamente el presidente. Luego Duque se alejó del periodista, sus guardaespaldas impidieron más preguntas y, de acuerdo al diario, el equipo de seguridad le pidió al reportero borrar las imágenes de lo ocurrido. No las borró, y el video se volvió viral. Cuando cientos de ciudadanos protestaron contra el gobierno en los años siguientes —contra la reforma tributaria o la brutalidad policial— le respondían al presidente en pancartas: “De esto te hablamos, viejo”.
La pregunta ese día de Iván Duque, que dejará el cargo el próximo 7 de agosto, es un símbolo de la actitud que tuvo el mandatario ante los medios. “El presidente implementó una estrategia lesiva contra la libertad de prensa que siguió los lineamientos entregados por sus asesores”, escribe Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en un nuevo informe que hace un balance de los cuatro años de Duque. Bock explica que el gobierno siguió siempre dos lineamientos: “el primero, construir una poderosa máquina de comunicaciones con el propósito de posicionar su propia versión de los hechos y, el segundo, segmentar al periodismo entre amigos y enemigos”.
El primer objetivo, construir una máquina de comunicaciones, se puede medir. De acuerdo a los datos que logró recolectar la FLIP, el gobierno de Iván Duque gastó más de 46 mil millones de recursos públicos en pauta oficial. “La mayoría de los contratos tenía como objeto reforzar las narrativas sobre su gestión, figurar en medios internacionales y monitorear las redes sociales para identificar a quienes opinaban sobre su administración”, explica Bock. Como un ejemplo, el informe de la FLIP menciona que se contrató a la empresa Alotrópico S.A.S para defender al gobierno frente a las manifestaciones difundiendo mensajes como “Colombia quiere más propuestas, menos movilizaciones” o “Conversar para avanzar, si uno para no avanza”.
Duque también triplicó su equipo de comunicaciones en la Presidencia, que pasó de 15 a 54 funcionarios, y su programa presidencial llamado Prevención y Acción –cuyo objetivo inicial era explicar cómo avanzaba la pandemia en Colombia– terminó “convertido en un show donde Duque publicitaba las acciones de su gobierno”, dice el informe. En otras palabras, lo que fue inicialmente una plataforma urgente para monitorear la salud de los colombianos terminó convertida en una para escuchar un monólogo político diario. Como le dice a la FLIP Juan Carlos Giraldo, director del Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana, en ese programa presidencial “lo político primó sobre lo científico”.
Pero a pesar de todos sus esfuerzos de comunicación, sin embargo, Iván Duque nunca logró controlar la narrativa sobre su gobierno. Deja el puesto con una muy baja popularidad y la percepción ciudadana de que no logró mejorar la situación del país en casi ningún tema, como seguridad o economía. Ante esa falta de dominio, el gobierno se extralimitó para controlar la narrativa en los medios, una seria amenaza para la libertad de prensa. Por eso la FLIP dice que, el segundo objetivo, fue segmentar al periodismo.
“Duque y sus asesores etiquetaron como “negativos” a un amplio sector de la prensa y construyeron un muro inquebrantable que bloqueó a los medios que anticiparon como incómodos”, dice el informe. Un periodista que cubre la presidencia contó a la FLIP que un consejero presidencial dividía los medios entre los que habían apoyado el acuerdo de paz con las FARC (al que Duque se opuso), y los que no. “Nosotros sabemos que hay medios que no nos quieren, que hubo medios que apoyaron el Sí [del plebiscito por la paz] y son amigos del presidente Santos”, fue el mensaje que recibió el periodista.
Uno de esos asesores de comunicaciones de Duque, por ejemplo, fue Juan Pablo Bieri, quien fue gerente del sistema de medios públicos hasta que se conoció como había pedido “matar la producción” de un programa de televisión (Los Puros Criollos) que había sido crítico al gobierno frente a una ley de comunicaciones. “Uno no puede morder la mano que le da de comer”, dijo entonces Bieri.
Pero también hubo espionaje. En mayo del 2020, el periodista Ricardo Calderón publicó en la revista Semana una investigación en la que denunciaba como, a principios del 2019, el ejército estaba espiando la actividad de varios de periodistas. “Tras más de dos años de exigir la rendición de cuentas a distintas entidades del Estado, no hay avances en las investigaciones ni sanciones”, dice el informe de la FLIP sobre estos perfilamientos.
El presidente Duque, cuenta la FLIP, también prefería darle entrevista a unos medios por encima de otros. A RCN y La FM, por ejemplo, les otorgó unas 43 entrevistas. Mientras que a los medios más críticos —como el portal periodístico La Silla Vacía— Duque les concedió una sola entrevista, y hasta abril de este año.
En 2021, en lo que parece una medida desesperada por controlar la narrativa en medio de grandes protestas, Iván Duque publicó una autoentrevista, en inglés, en la que hablaba despectivamente de las manifestaciones y culpaba al entonces senador Gustavo Petro. “Se trataba de una pieza de propaganda política que reforzó, en una parte de la opinión, la idea de que el presidente se hablaba a sí mismo”, dice el informe de la FLIP.
Las agresiones a la prensa
Además de los dos lineamientos, la FLIP también encuentra que en el gobierno de Duque aumentó el número de amenazas contra medios y periodistas: de agosto del 2018 a junio del 2022 documentaron más de 628 casos. “Los agentes de la fuerza pública (302) son los segundos mayores atacantes de la prensa, de manera violenta, por encima de particulares con 207 casos, miembros de bandas criminales con 77 y disidencias con 61″, dice el informe. El número de amenazas representa un aumento de 182 casos más con respecto al gobierno anterior, del ex presidente Juan Manuel Santos.
“Más allá de las cifras, los hechos son muy delicados”, escribe en el informe Juan Pablo Madrid-Malo, coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la FLIP. Se trata, explica él, “de agresiones físicas que incluyen golpizas, descargas con taser, disparos con armas de dotación y hasta apuñalamientos; amenazas y hostigamientos; destrucción de material y equipos periodísticos, y detenciones ilegales”.
Las mayores agresiones a la prensa ocurrieron en dos años, 2019 y 2021, cuando se dieron las enormes protestas contra el gobierno de Duque. Durante las manifestaciones del 2019, la FLIP registró al menos 66 periodistas agredidos, además de un allanamiento que hizo la policía al medio Cartel Urbano, y una solicitud al medio 070 para eliminar un manual de autoprotección contra las fuerzas antimotines de la policía. “El presidente guardó silencio sobre estas agresiones y respaldó las gestiones de la fuerza pública”, dice el informe de la FLIP. Y en las protestas del 2021, se registraron más de 400 periodistas agredidos. Además, en estos cuatro años, hubo cinco homicidios contra periodistas. Con este balance, Duque mantuvo a Colombia como uno de los países más peligrosos de América Latina para los periodistas, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras.
Cuando recientemente un periodista de la BBC le cuestionó a Iván Duque los malos resultados de su gobierno—en un programa de entrevistas llamado Hard Talk, o “conversaciones duras”— el presidente terminó la entrevista diciéndole al reportero que su programa debería llamarse “mentiras duras”. Ante la prensa, nacional o internacional, el gobierno de Iván Duque se irá como uno que prefería hablarse a sí mismo que a los periodistas. Como documenta la FLIP, en cuatro años el presidente solo convocó a nueve ruedas de prensa en las que le podían hacer contra-preguntas. Lo demás, como dice el informe, fue un monólogo.
El País
