JUAN DIEGO GODOY
Viste sus típicos jeans y esa camisa, ya algo vieja, de cuadros rojos y negros. Viste como quien está en casa sin miedo a ser perturbado. Y así, sin previo aviso, una visita familiar es interrumpida por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). Son las 14:20 horas del viernes 29 de julio en la Ciudad de Guatemala, y el operativo, dirigido por el Ministerio Público (MP) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ha comenzado. Su primer objetivo es la casa del galardonado periodista, presidente y fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora.
Pero la PNC no ingresa por la puerta, sino por el techo de la vivienda. Aquí también importan las formas. Afuera, vehículos tipo pick up sin placas y con policías armados y los rostros cubiertos se despliegan por toda la calle del residencial, ubicado en pleno corazón de la ciudad universitaria. Será una tarde larga. Ellos lo saben. Los de dentro, no tanto. Zamora, en declaraciones posteriores, narra que en su casa estaban sus nietos y nuera cuando la PNC irrumpió por el tejado. Habían llegado de visita desde Estados Unidos y ahora estaban presenciando, sin tapujos, la realidad guatemalteca.
Pero el operativo también tiene otro destino. A las 15:16 horas, llegan a las oficinas centrales de elPeriódico, ubicadas a las periferias de la Ciudad, vehículos de la PNC. Se trata del segundo allanamiento de la jornada contra periodistas del diario. Dentro de las oficinas, hay más de una treintena de empleados. Desde personal administrativo hasta operadores de la rotativa.
Cruce de llamadas, mensajes y preocupaciones. Los reporteros más veteranos pueden imaginar de qué va todo esto. En 2003, la cúpula de la contrainteligencia militar del Estado Mayor Presidencial allanó la residencia de Zamora por varias horas. En tres ocasiones simularon su muerte y profirieron amenazas al estilo de “no se meta con los de arriba”. Todo por dos artículos publicados por el diario y firmados por su presidente: una columna de opinión titulada “Ríos Montt, algunos apuntes”; y una investigación “La mafia y el ejército”.
Pero hoy, casi dos décadas después, pocos imaginan uno de los momentos más impactantes de la jornada: la imagen de Zamora con unos grilletes. A las 16:02 horas, el equipo de elPeriódico que no está en las oficinas centrales, hace pública la escueta información a través de redes sociales. Están ocurriendo dos allanamientos, uno en las oficinas y otro en la residencia del periodista. Pero nada más. El Ministerio Público calla. La familia de Zamora y los trabajadores del diario permanecen incomunicados mientras la policía registra todo a su alrededor. Les han quitado sus teléfonos y los vigilan mientras registran los espacios frenéticamente. Algo buscan, pero nadie sabe qué.
Las horas pasan y ninguna autoridad se ha pronunciado. Comienzan a rondar numerosas hipótesis, pero lo cierto es que los trabajadores siguen encerrados en las oficinas centrales y Zamora en su residencia. Afuera, reporteros, camarógrafos y miembros de la sociedad civil vigilan los movimientos de un allanamiento sombrío, a todas luces.
Son las 17:48 horas cuando el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) Jordán Rodas expresa su preocupación por los acontecimientos. “Estamos en un momento muy difícil, yo no quisiera pensar que estamos llegando a ser una Nicaragua, porque una democracia sin prensa independiente es una erosión a la ya frágil democracia guatemalteca”, explica en un video compartido en las redes sociales de la PDH. Rodas, además, especula: “Oficialmente, no se conoce la razón (de los allanamientos), pero puede que se deba a publicaciones (…) hay que tener empatía, hoy es la prensa pero mañana podrían ser ustedes”, advierte.
Varias organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación internacionales y periodistas guatemaltecos comienzan a pronunciarse. Manifiestan su rechazo contra la libertad de prensa y la falta de claridad de los allanamientos. Comienza a correr por redes sociales un supuesto delito: “lavado de dinero”. Algunos más audaces que otros recuerdan cómo en Nicaragua, nación sometida al yugo del dictador Daniel Ortega, la situación comenzó de manera similar. Un titular reza “El régimen de Ortega desata una cacería de periodistas con el pretexto de perseguir el lavado de dinero”. En la imagen de la noticia está Cristiana Chamorro, una figura incómoda para el régimen nicaragüense y también de familia de periodistas. “Lavado de dinero”. El mismo delito por el que, varias horas después, acusarán oficialmente a Zamora.
El reloj marca las 19:00 horas cuando, finalmente, el jefe de la FECI Rafael Curruchiche, frente a las cámaras del MP, emite un comunicado de dos minutos. “El señor Zamora fue capturado derivado por una orden de juez competente, siendo el juez séptimo de Primera Instancia Penal, al advertir indicios suficientes de la posible comisión de múltiples delitos”, explica. El fiscal no da más información. Repite, una y otra vez, mientras tuerce la mirada y lee los mensajes clave ubicados al lado izquierdo de su cámara, que no se trata de un caso en contra la libertad de expresión y que van contra Zamora “por su calidad de empresario, no de periodista”. Señala que “el caso está bajo reserva”. Una frase trillada. Y vuelve a repetir que el delito por el que se persigue a Zamora es por “lavado de dinero”, otra frase trillada. Concluidos los dos minutos, acaba el video y vuelve el silencio.
Pero los tiempos son curiosos. Justo hace unas semanas, el mismo Curruchiche había sido incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo señala de participar en acciones para socavar los procesos o instituciones democráticas y en la obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción. Su jefa, la Fiscal General del Ministerio Público, también integró dicha lista en 2021.
Además, la semana anterior una publicación en la sección dominical de elPeriódico (elPeladero) narraba en formato de cuento infantil, el supuesto romance y los caprichos de Miguel Martínez, la pareja del presidente Alejandro Giammattei y la voz de su conciencia. Y por si fuera poco, esa misma semana dos investigaciones del diario acapararon la agenda mediática: la existencia de múltiples cuentas millonarias en diversos países del exdiputado y excandidato presidencial por uno de los partidos aliados al oficialismo, Estuardo Galdamez; y el escándalo dentro de las cúpulas del ejército por el lanzamiento del videojuego “Yo Kaibil”, que revela tácticas secretas del grupo militar de élite Kaibil. Una presentación que sucedió mientras el presidente y su ministro de Defensa se encontraban en Ucrania, protagonizando otra de las cuestionadas políticas exteriores del actual gobierno. Todo eso, en una semana.
Ahora son las 19:54 horas y las muestras de apoyo y cariño siguen llegando. Un gran grupo de periodistas, organizados bajo el lema #NoNosCallarán, abre un espacio en redes sociales para dialogar sobre la situación. El grupo no ha surgido del calor del momento. Se ha formado tras los múltiples embistes contra periodistas que ha protagonizado el gobierno de turno en los tres años que lleva en el poder. Otros periodistas han sido víctimas, han optado por el exilio y, aquellos con peor suerte, han sido silenciados.
Son las 20:00 horas y el foro virtual da inicio. Miles de personas sintonizan. Hay conectados todo tipo de ciudadanos angustiados y enfadados, políticos, activistas y periodistas. Toman los micrófonos múltiples personalidades. Entre ellas: Norma Torres, congresista estadounidense de origen guatemalteco; Juan Francisco Sandoval, exfiscal de la FECI en el exilio; Juan Luis Font y Michelle Martínez, periodistas exiliados y perseguidos por el gobierno de Giammattei; Claudia Paz y Paz, exfiscal general del MP; y Juan Pappier, de Human Rights Watch, entre otros.
Mientras tanto, los allanamientos continúan. A la PDH se le ha negado el acceso a ambos lugares para corroborar el bienestar y el cumplimiento de los derechos de los afectados. La PNC, armada hasta los dientes, mantiene las puertas cerradas y vigila el perímetro.
Con las oficinas allanadas, el personal incomunicado y la imprenta secuestrada, surge una pregunta inminente entre los reporteros, editores y directores: ¿Circularemos mañana? Claro que sí, se responden. Comienzan los esfuerzos y ofrecimientos de medios aliados para poder editar e imprimir la edición de papel, mientras que la edición digital mantiene un ritmo frenético. Datos, declaraciones, imágenes, videos y comunicados transformados en artículos, galerías y crónicas.
Son las 23:00 horas cuando la puerta de la residencia de Zamora se abre. Rodeado de policías, el periodista es conducido hacia una patrulla que lo llevará a Torre de Tribunales, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad en donde un juez debe explicarle la razón de su captura y allanamientos. Pero la multitud detiene su paso. Algunos micrófonos le roban cortas declaraciones. “Esto es una persecución política”, alcanza a decir Zamora, sobre las cabezas de los policías que le rodean.
El allanamiento en la residencia del periodista ha durado casi diez horas. Mientras tanto, en las oficinas nada ha cambiado. La PNC sigue allí y los trabajadores, también. Las autoridades han decidido, a eso de las 21:00 horas, dejar ir a los trabajadores de la rotativa y los encargados de la edición impresa. Al resto, el personal administrativo que no se encuentra en el taller sino en las oficinas, no. Ellos se quedan. “Llama la atención. ¿Por qué a ellos y a los demás no? Parece que querían impedir que imprimiéramos, eso es todo”, dice uno de los trabajadores. Ocho empleados de diversas edades, siguen ahí. Sin dormir, sin comer, y algunas de ellas sin acceso a tomar sus medicamentos diarios.
Para Zamora, la espera de hace larga en Torre de Tribunales. Ignora por qué está allí. De acuerdo con la ley, ya deberían de haberle comunicado la razón de su captura, pero no lo hacen. En la misma situación permanece la auxiliar fiscal de la FECI, Samari Carolina Gómez Díaz, detenida ese mismo viernes por supuesta “revelación de información confidencial o reservada”. La auxiliar asegura que teme por su vida y la de su familia.
Amanece. Son las 07:00 horas del sábado 30 de julio y del otro lado de la carceleta, en una ciudad que despierta alborotada, la edición impresa de elPeriódico, contra viento y marea, ha circulado y el digital sigue en pie. “Capturan a Zamora”, reza el titular de la primera página y la frase “No Nos Callarán”, se lee en la contraportada. De nuevo, la camisa de cuadros rojos y negros, es protagonista.
A las 09:00 horas, después de 16 horas de allanamiento, los trabajadores restantes que estaban recluidos en las oficinas centrales de elPeriódico, finalmente son liberados y el personal se retira de las oficinas. Mientras, frente a Torre de Tribunales comienzan a reunirse periodistas y columnistas del diario, así como colegas de otros medios y simpatizantes. Llevan pancartas, megáfonos y la contraportada de la edición impresa del 30 de julio del diario. Zamora continúa viviendo una pesadilla, tras las rejas de la carceleta de Torre de Tribunales. No puede escuchar que detrás de las gruesas paredes, decenas se reúnen para corear su nombre y gritar “libertad”.
El juez inicia la esperada audiencia para las 10:30 horas. Esta se realiza a puerta cerrada. Le comunica al periodista que la orden de detención contra su persona es por los delitos de “conspiración para lavado de dinero”, “lavado de dinero” y “chantaje”. Acaba la audiencia. Los abogados protestan. La audiencia de primera declaración se celebrará hasta el lunes 1 de agosto. De esa manera, el periodista pasará el fin de semana en la prisión Mariscal Zavala, célebre también por las personalidades privadas de libertad allí, como el expresidente Otto Pérez Molina.
Este bien podría ser el relato de cómo languidece la libertad de expresión en un país que pareciera no tener norte. Pero no es el caso, porque a pesar de los abusos y el atropello de los derechos de un periodista y un medio de comunicación, a pesar de los grilletes y las penas, habrá prensa para rato. Primero fueron tras los fiscales y jueces que no se dejaron amedrentar. Ahora, van por los medios y los periodistas independientes.
El País
