Al menos ocho ataques a la libertad de expresión fueron recopilados en el informe sobre los primeros 100 días del régimen de excepción presentado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la UCA, de los cuales cinco fueron contra periodistas.
«La mitad de ataques tienen como presunto victimario a un agente estatal y en uno de los casos tiene como responsable al presidente de la República (Nayib Bukele)», aseveró Natalia Ponce, investigadora del Observatorio.
Estos incluyen vulneraciones como agresiones físicas, eliminación de material fotográfico, hostigamiento, difamación, vigilancia, entre otros.
Desde que fue aprobado el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa también realizó reformas a diferentes normativas que han sido rechazadas por organismos nacionales e internacionales.
El 5 de abril los diputados aprobaron una reforma a la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal y otra al Código Penal que penalizan la elaboración y reproducción ilegal de mensajes alusivos a las pandillas.
«Las reformas realizadas a la Ley de Proscripción de Maras y al Código Penal constituyen, de acuerdo con organismos internacionales, violaciones al derecho a la libertad de prensa y al acceso a la información», sostuvo Ponce.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) se pronunció al respecto, a través de un comunicado, en el que expresó preocupación ante lo esencial del trabajo periodístico para comprender el impacto de las pandillas en el país.
Un día después, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización dedicada a la promoción y defensa de la libertad de prensa, rechazó las reformas y reiteró que «criminalizan el trabajo de los medios y periodistas».
También sostuvo que estas «contravienen principios constitucionales y tratados internacionales sobre libertad de prensa y acceso a la información».
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, expresó en esa ocasión que «es evidente y lamentable que se aprovechen las circunstancias de la grave violencia social que padece el país para legalizar restricciones y profundizar la hostilidad que ha demostrado este gobierno contra la prensa».
Otros Ataques
En una entrevista reciente con LA PRENSA GRÁFICA, la actual presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, reveló que los ataques a la libertad de prensa han incrementado con el Gobierno actual. Eso queda en envidencia con los casos que ha recibido hasta hoy el Centro de Monitoreo de Agresión a Periodistas de la Asociación.
También detalló que la APES ha colaborado en la salida del país de algunos periodistas que han sido atacados. Según el registro son un total de nueve.
También hay otros casos, como la denuncia contra la periodista Loida Avelar, de Factum, por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, tras un reportaje donde se reveló que el funcionario tiene un proceso judicial abierto en Guatemala por maltrato familiar.
Este tipo de ataques también han ocurrido contra exfuncionarios que no seguían la línea oficial, como el de la excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) Liduvina Escobar, quien fue removida de su cargo sin derecho a audiencia, en febrero de este año.
La Prensa Gráfica
