José Barros
La polémica, lejos de diluirse, adquiere con la perspectiva que ofrece el periodo estival proporciones aún mayores. Y es que continúa creciendo el malestar en torno al Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, aprobado por vía de urgencia –en su primera lectura– el pasado día 1, en el último consejo de ministros del presidente Pedro Sánchez antes de las vacaciones de agosto.
Todas las alarmas democráticas están encendiéndose en torno a un texto que, de tramitarse tal y como ha sido presentado, supondría «establecer la censura»; una censura que aplicaría el juez de turno si el Legislativo finalmente refrendase este proyecto del Ejecutivo. Así al menos lo sostiene la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, que representa a más de 17.000 periodistas, en un comunicado hecho público el pasado día 11.
Las excusas aducidas por el Gobierno de Sánchez –sustituir a la Ley de Secretos Oficiales de 1968, así como salvaguardar «la seguridad y la defensa nacional»– no esconde lo que, a juicio de muchos observadores, constituiría, de consumarse, un grave recorte a las libertades democráticas. La principal corporación de los periodistas españoles, con la participación de la Asociación de la Prensa de Madrid, la APM, está advirtiendo a la ciudadanía que el desarrollo del articulado del anteproyecto lesiona gravemente los derechos de libertad de expresión y de información.
«El anteproyecto de ley conlleva unas limitaciones muy claras a las libertades de expresión e informativas»
Juan Caño Presiente de la APM
«En vez de presentarse en el periodo normal, durante el curso legislativo, ha querido hacerse justo antes de las vacaciones; y encima el Gobierno lo ha gestionado todo con carácter de urgencia. Pero aún así, en el breve plazo que han dado, que va del 3 al 12 de agosto, hemos conseguido presentar nuestras alegaciones». Quien así habla para El Debate es Juan Caño, presiente de la APM. A juicio de Caño, el anteproyecto de ley conlleva «unas limitaciones muy claras a las libertades de expresión e informativas», por lo que, en la práctica, se atisba la posibilidad de «implantar de nuevo la censura». «Vamos a luchar contra ello», afirma con rotundidad el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid.
«Entendemos –manifiesta para El Debate Aurelio Martín, vicepresidente de la FAPE– que la ley que se pretende aprobar supone tanto una limitación al derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz, como al también derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos».
«Las categorías de ‘confidencial’ o ‘restringido’ dictadas por las autoridades harían inviable la investigación periodística en casos de corrupción»
Aurelio MartínVicepresidente de la FAPE
Para ejemplificar el impacto de esta nueva ley, Martín pone un ejemplo: «Bastaría con que los casos de corrupción política y económica procedentes de una investigación periodística fuesen clasificados por las autoridades con las categorías de confidencial o restringido para hacer inviable la difusión de cualquier documento».
Ahondando en la reflexión sobre le marco democrático, Bieito Rubido, director de El Debate, considera que «esta Ley de Información Clasificada pone de manifiesto, una vez más, el proyecto de involución que sostiene en España tanto la izquierda como la extrema izquierda. Resulta evidente que Sánchez no tiene unas convicciones democráticas especialmente fuertes. En cambio, sí que son fuertes sus tendencias totalitarias».
Para Rubido, «con la lógica salvedad del derecho a la vida, que sostiene todos los demás derechos, nada se antepone a la libertad, que no admite recortes ni divisiones. Aquí, en cambio, se pretende realizar lo contrario; es decir, recortar la libertad. En este caso, la de expresión».
«El aumento de la opacidad propiciaría más casos de corrupción»
Bieito RubidoDirector de El Debate
El director de El Debate resalta otra cuestión: «Esta ley pretende convertir en secreto oficial cualquier asunto, a cualquier nivel de la Administración. Significaría liquidar el esfuerzo que el Partido Popular, con Mariano Rajoy al frente, hizo con el Portal de Transparencia. Una mayor opacidad propiciaría, en cambio, el crecimiento de los casos de corrupción. Por cierto, aún estoy esperando a que los medios de izquierdas se manifiesten sobre este recorte de libertades».
Para Francisco Rosell, director de periódico y analista político, nos encontramos ante la paradoja de que «el mismo Gobierno que protestaba por la llamada Ley Mordaza de Rajoy ahora, en cambio, pretende poner en marcha una ley de patada en la puerta mediática que atenta contra varios articulados básicos de todo sistema democrático».
El Supremo de EE.UU., referencia
Rosell recuerda que «ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos señaló que es más importante proteger el derecho de los gobernados que el derecho de los gobernantes. Recordemos el caso de los papeles secretos del Pentágono sobre la guerra del Vietnam, que revelaron The New York Times y The Washington Post a principios de los setenta. Frente a la prohibición que alegó el Gobierno, en función de tratarse de un aparente secreto oficial, el Supremo de EE.UU. antepuso el derecho a la información que ejercieron ambos periódicos revelando lo que se quería ocultar a los ciudadanos».
Francisco Rosell también pone de relieve la tendencia de Pedro Sánchez a la hora de vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. «Ya lo vivimos», recuerda el periodista, «en plena pandemia cuando el Gobierno pretendía monitorizar a través de la Guardia Civil la buena imagen del Ejecutivo. Y ahora buscan controlar a los medios. En el fondo, significa volver a lo mismo: aprovecharse de una situación excepcional –en este caso, la regulación de los secretos oficiales del Estado– para apropiarse de un derecho, el de la información, que, ante todo, más incluso que a los periodistas, pertenece a los propios ciudadanos».
Ángel Expósito, director de La Linterna, abunda en la reflexión sobre la carencia de fundamentos jurídicos en el anteproyecto de Sánchez y, de forma retórica, se pregunta en voz alta: «Esta Ley de Información Clasificada que pretende aprobar el Gobierno, ¿es constitucional? Porque bajo este Proyecto de Ley, toda información que maneje la Administración, a cualquier nivel, es susceptible de convertirse en secreto oficial; hablamos incluso de una simple Secretaría de Estado. De aprobarse, el Gobierno podría ejercer un control sobre la información que no concuerda con el espíritu de la Carta Magna».
«Esta Ley de Información Clasificada, ¿es constitucional? El Gobierno podría ejercer un control que no concuerda con el espíritu de la Carta Magna»
Ángel ExpósitoDirector de La Linterna de la COPE
Expósito, acto seguido, solicita al lector de El Debate un ejercicio de proyección: «Si un Gobierno de Aznar, de Rajoy o, pongamos el caso, de Feijóo pusiera en marcha una ley que otorga al Estado semejantes niveles de control sobre la información, ¿qué estaría haciendo el PSOE y el espacio político ubicado a su izquierda? Dejo la respuesta a la imaginación del lector».
Bildu y ERC, en la caja fuerte del Estado
El periodista de COPE apunta que este anteproyecto no solo otorgaría el control de la información del Estado al Ejecutivo socialista, sino también a sus socios: «Recordemos que en la actualidad hay varios ministros de Podemos, y que este Gobierno tiene como socios parlamentarios a Bildu y ERC. El acceso y control de toda la información del Estado también pasaría a estar en manos de estos partidos».
Ignacio Camacho, columnista de ABC, considera que, sin prejuicio de que la actual ley de secretos oficiales necesite regulación, este Gobierno «provoca recelos porque tiene precedentes inquietantes a la hora de cercenar la libertad de expresión». «Lo intentó durante la pandemia –recuerda Camacho–. Hubo mil quejas por email en el Consejo de Transparencia por falta, precisamente, de transparencia. Otro tanto sucede con los viajes del presidente, el uso del Falcon, sus acompañantes durante vacaciones, etc. Eso genera un cierto recelo de antemano».
En referencia al comunicado emitido por la FAPE, Camacho considera que «lo que me parece más inquietante, en efecto, es la posibilidad de sancionar a los periodistas cuando tengan acceso a secretos oficiales, llegando a sanciones o incluso a impedir la publicación del escrito». En este aspecto, Camacho concuerda con Rosell en que el anteproyecto de ley de Sánchez va en contra de la doctrina general de la libertad de expresión que estableció el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Watergate. «El Supremo de EE.UU. apuntó que la libertad de expresión, en democracia, es un valor que está por encima incluso de determinados aspectos de la seguridad del Estado», remarca el columnista de ABC.
«La libertad de expresión, en democracia, es un valor por encima incluso de algunos aspectos de la seguridad del Estado»
Ignacio Camacho Columnista de ABC
Camacho, por último, reflexiona que «lo malo que tienen estas leyes es, que si salen adelante, luego se quedan. Porque venga el gobierno que venga, a cualquiera le favorece las leyes restrictivas en la libertad de expresión. Es una batalla importante, y por eso el Gobierno tiene prisa en sacarla. La quieren sacar incluso en este mismo mes o en septiembre».
El Debate
