La nueva arremetida que se registra contra periodistas y medios de comunicación encendió las alarmas de ese gremio y hasta de Human Rights Watch (HRW). Los consultados consideran que la embestida vulnera los derechos a la libertad de expresión, a la información, al trabajo y hasta pone en riesgo la democracia.
En los últimos días se suscitaron al menos tres ataques. El primero data del 10 de agosto y se conoció a raíz de un pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa que, mediante un comunicado, expresó su preocupación sobre una campaña de “asfixia económica” y “presión política” que denunció la Editorial Canelas, propietaria del periódico Los Tiempos.
Un día después, el 11 de agosto, se conoció que fueron imputados los periodistas Andrés Rojas y Adriana G., que fueron gerente general y gerente de Información de Bolivia Tv en 2020, junto a cuatro exfuncionarios, por contratar a un presentador, presuntamente, con un salario mayor al que le correspondía. La Fiscalía busca la detención preventiva para ambos.
Esa misma jornada, el exministro Juan Ramón Quintana, uno de los hombres fuertes del expresidente Evo Morales, calificó a los medios de comunicación de “cloacas” y, según él, existe un “gansterismo mediático”.
El presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Pedro Glasinovic, lamentó que el Gobierno tome una actitud “autoritaria”, con el asedio a medios de comunicación que son independientes. Añadió que con la arremetida también se vulnera el derecho a la información y al trabajo.
“Al Gobierno no le gusta que los periodistas demos a conocer hechos de corrupción y los errores de políticos, descubrimos las mentiras de los políticos y eso les incomoda. La imputación de periodistas va contra el derecho al trabajo, la libertad de expresión; lamentablemente mediante la justicia hay un ataque a los periodistas para acallarlos”, indicó.
El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, dijo que este ataque es similar al que se vio en las dictaduras, cuando la libertad de expresión, de prensa, el Estado de Derecho y la democracia pasaron a un segundo plano.
“Desde el Gobierno apuntan a destruir a quien piensa y opina diferente, a los medios que no están de acuerdo al actual Gobierno. El periodismo responde a la sociedad, no a grupos de poder político. En el caso de Los Tiempos parece que la intención es asfixiarlo para comprarlo”, enfatizó.
Human Rights Watch (HRW) manifestó su preocupación por el proceso contra dos periodistas y cuatro exfuncionarios. La entidad observó que la Fiscalía pida detención preventiva, cuando esa medida debe ser excepcional. “Otro principio básico es que la detención preventiva debe ser una medida excepcional y no, como ocurre en Bolivia desde hace años, la norma general”, tuiteó el investigador César Muñoz.
El politólogo Carlos Cordero señaló que esta nueva arremetida contra medios y periodistas va contra la democracia y muestra que se quiere ingresar a un sistema “totalitario”, en el que no existan voces distintas del poder.
“El procesar periodistas, querer amordazar a la prensa y asfixiar económicamente a medios es la muestra de que la democracia boliviana está en riesgo. Los periodistas cuando enfrentaron a las dictaduras militares acuñaron la frase: ‘sin libertad de expresión no hay democracia’; hoy la democracia está en riego por la actitud del Gobierno y la justicia, de buscar, censurar y perseguir políticamente a periodistas y medios”, dijo.
A principios de este mes se suscitó otro hecho que provocó la censura de la prensa. El 1 y 2 de agosto, el director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Marco Antonio Cuentas, se hizo pasar por periodista, en las protestas de Adepcoca.
Pagina Siete
