Las potencias occidentales han sido permisivas en los últimos años con las promesas de modernización y apertura que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, ha prodigado en numerosas ocasiones y con las que intentaba ocultar el estrangulamiento de las libertades en el país, entre ellas la libertad de expresión. La condena a 34 años de cárcel de Salma al Shehab deja a la luz su carácter propagandístico. Esta mujer de 34 años, madre de dos hijos, higienista dental y profesora de Medicina, preparaba su doctorado en la universidad de Leeds cuando fue detenida a su regreso a Arabia Saudí en diciembre de 2020 para pasar las vacaciones. La acusación que caía sobre ella fue disponer de una cuenta en Twitter y utilizarla para redifundir las opiniones de disidentes o activistas críticos con el régimen. Tras llevar más de un año en prisión, en confinamiento solitario, fue condenada primero por un tribunal especializado en terrorismo a seis años de cárcel, tras denunciar torturas y abusos. El segundo juicio, celebrado en el Tribunal Penal Especializado de Apelación, y sin autorizarle a disponer de un abogado, ha multiplicado la condena hasta los 34 años de cárcel. La causa aducida ha sido promover “disturbios públicos y desestabilizar la seguridad civil y nacional” a través de dicha red. El tribunal remató la aberración con la prohibición de salir del país durante un periodo similar de años… tras cumplir la sentencia.
Con 159 seguidores en Instagram y unos 2.600 en Twitter, Shehab no es precisamente un peso pesado en términos de influencia social. Se limitaba a retuitear las peticiones de libertad de algunos prisioneros políticos, y mostró especial apoyo a la causa de la activista Loujain al Hathloul, una feminista saudí torturada y encarcelada por defender el derecho de las mujeres a conducir. La Universidad de Leeds ha reclamado al Gobierno británico que intervenga para contribuir a la liberación de Shehab. El diputado laborista Hilary Benn ha abanderado las protestas contra el régimen de Bin Salman y exige a la ministra de Exteriores, y favorita a suceder a Boris Johnson como primera ministra en las primarias tories, Liz Truss, que se muestre firme. Pero Truss ya evitó recientemente señalar al Gobierno saudí como el responsable directo del asesinato del periodista Jamal Kashoggi, y dejó claro que el Reino Unido necesita mantener su alianza estratégica con los países del Golfo, en un momento en el que la guerra de Ucrania ha incrementado la tensión energética en la economía mundial.
A las protestas moderadas y sin fuelle de las principales potencias se une la actitud cínica de Twitter, que ha permitido que el fondo soberano saudí, controlado por Bin Salman, se haga con una participación importante de la red social. Estados Unidos ha acusado a un asesor del príncipe saudí, Bader al Asaker, de poner en marcha una operación de rastreo para identificar a usuarios anónimos de Twitter críticos con el Gobierno saudí, que acabaron encarcelados. Amnistía Internacional reclama desde hace meses la liberación de Shehab, sin que hasta ahora su exigencia haya tenido mucho eco entre la opinión pública occidental. Los principales gobiernos han preferido seleccionar por motivos estratégicos a los enemigos de la libertad, que parecen excluir a Riad pero incluir a Putin, mientras toleran o callan la cruel represión contra la libertad de expresión en Arabia Saudí, especialmente contra las mujeres.
El País
