«Mediante la obstrucción forzosa del trabajo de los periodistas rusos, el Kremlin pretende imponer su versión de los hechos tanto en Rusia como en el exterior», afirma Jeanne Cavelier, responsable del Área de Europa del Este y Asia Central de RSF. «El aumento de las detenciones sistemáticas de periodistas y la creciente impunidad de la policía son síntomas de la guerra de información que libra Putin. Reafirmamos nuestro apoyo a los periodistas rusos independientes que, continuando con su trabajo, están resistiendo con valentía el intento del Gobierno de silenciarlos».
El 21 de septiembre, el periodista Artem Krieger estaba realizando una cobertura en directo desde Moscú de la protesta contra la «movilización parcial» de Putin para el canal de YouTube SOTAVision cuando fue detenido sin ningún motivo por parte de la policía, quien no prestó ningún tipo de atención a su chaleco y tarjeta de prensa. Se lo llevaron en un furgón policial y lo mantuvieron retenido durante 24 horas.
Krieger recibió entonces la orden de presentarse en un centro militar, al igual que todos los hombres detenidos durante la protesta. Fue acusado de «bloquear la circulación de vehículos y peatones, y de entorpecer las operaciones de infraestructura durante los actos públicos». Su juicio fue programado para el 23 de septiembre tras haber sido pospuesto dos veces.
Al menos otros 7 periodistas fueron arrestados mientras cubrían las protestas por todo el país la tarde del 21 de septiembre. La mayoría de ellos llevaban distintivos de prensa visibles en el momento de su detención, pero ello no frenó a la policía.
Las actuaciones policiales llegaron hasta el punto de arrancar el chaleco y la tarjeta de prensa a la reportera del sitio de noticias web SOTA, Ekaterina Parfenova, cuando la detuvieron en la ciudad norteña de Arcángel. En Kazán, capital de la República de Tartaristán, la policía le explicó a la periodista Naylia Mullayeva que el sello de SOTAVision en su acreditación no era lo suficientemente legible antes de acusarla de «participación en actos ilegales».
Natalia Baranova, periodista en el medio de noticias locales Tomiks en Vladimir, a 200km al este de Moscú, fue puesta en libertad la tarde del 21 de septiembre después de ser interrogada en comisaría. Sin embargo, otros compañeros fueron multados y acusados de diferentes cargos. Entre ellos se encuentra el reportero de RusNews, Andrei Kichev, detenido en Arcángel y acusado de «desacreditar al Ejército»; y Boris Zhirnov, de SOTAVision, detenido en la ciudad oriental de Jabárovsk y acusado de «violar el procedimiento establecido para la celebración de un acto público».
Las leyes que regulan los medios de comunicación se han vuelto más duras en los últimos seis meses. En virtud de una importante modificación del 4 de marzo de la Ley de Desinformación de 2019, los periodistas pueden ser condenados hasta a 15 años de prisión por publicar información de las fuerzas armadas rusas que las autoridades consideren «falsa» o que las ha «desacreditado». Además de esta enmienda, que ha sido modificada varias veces desde marzo, se han aprobado apresuradamente otras seis leyes igualmente orwellianas desde que Rusia lanzó su invasión de Ucrania.
RSF
