Por Mónica González, corresponsable del Consultorio Ético de la Fundación Gabo
En 2020 y 2021, desde estas mismas páginas de la Fundación Gabo, diversos expertos, académicos y periodistas advertimos de los efectos nocivos de la pandemia de covid-19 sobre la democracia, y desmenuzamos la creciente crisis política y económica y la amenaza autoritaria que se cernía sobre América Latina. Un peligro que iba a la par de otras lacras: la acelerada concentración del poder económico y su efectos inmediatos de profundización de la fractura de desigualdad y aumento de la pobreza. Como telón de fondo, la corrupción capturando cada vez más amplios sectores, el aumento de la violencia y un inédito avance en la región de los negocios ilícitos del crimen organizado.
El 6 de enero de 2021, el asalto al Capitolio protagonizado por un grupo de seguidores de Donald Trump que intentaron impedir que se sancionara el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos marcó un hito en la arremetida antidemocrática en América. Dos años más tarde, el 8 de enero pasado, con el mismo guion amplificado, otro grupo de violentistas antidemocráticos, partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, asaltó las sedes de los tres poderes de la República de Brasil para desatar el caos que le permitiera a las Fuerzas Armadas tomar el control del país y expulsar del poder al recién elegido presidente Lula Da Silva.
Ambas expresiones de grupos ultraderechistas muestran la debilidad de las instituciones republicanas bajo ataque más allá de Estados Unidos y Brasil. Y también, la ineficacia del sistema político sobrepasado en un punto crítico.
Lo ocurrido lo han relatado cientos de corajudos y talentosos periodistas en distintos países, formatos, voces, historias y crónicas. Cada terreno que el Estado cede o abandona es inmediatamente ocupado –cual ley física implacable– por el crimen organizado en sus diversas facetas. Y en el eje donde se aceitan los nudos que el periodismo debe desentrañar para informar: la corrupción sistémica.
El economista Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía en 2001, planteó en 2022 el nexo directo entre corrupción y crisis democrática: “La corrupción está incrustada en el sistema y es un problema vinculado, hasta cierto punto, al neoliberalismo. Ahora, esto está generando una crisis en las democracias con un crecimiento del autoritarismo», advirtió.
Stiglitz lo dijo en Chile, que se ha convertido en ejemplo del fracaso de la libre competencia en un modelo económico tan alabado, después de sucesivos y millonarios escándalos de fraudes al fisco (financiamiento ilegal de campañas y partidos, pagos para obtener leyes a la medida, como la Ley de Pesca), fraudes de militares y policías, además de colusiones empresariales y uso de información privilegiada por protagonistas importantes del mercado. Como esa oleada de corrupción no se detuvo, sino que, además, obtuvo impunidad, asistimos a una corrupción estructural del modelo.
Así, hemos caído en la crisis de gobernabilidad más profunda de las nuevas democracias. Como dice Alan Rouquier en su libro A la sombra de las dictaduras, estamos frente a una democracia representativa como mera fachada.
Periodistas: enemigos del poder corrupto y autoritario
Siete días después de que Hugo Chávez fuera reelecto presidente de Venezuela, el 10 de diciembre de 2006 marcó un hito: murió el dictador de Chile, Augusto Pinochet. No tuvo tumba. El miedo a que sus opositores destruyeran el mausoleo faraónico donde pensaba yacer para la eternidad obligó a que militares sacaran su cuerpo en helicóptero hacia una parcela familiar lejana donde fue enterrado. Solo y aislado. Fue el cierre de un año en que diez elecciones cambiaron el mapa geopolítico de América Latina, sellando un giro histórico a la izquierda.
Otro hecho clave –y que dejaría hasta hoy profundas huellas– ocurrió en México en esos mismos días. Un día después de la muerte de Pinochet, el 11 de diciembre de 2006, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, ordenó el primer operativo conjunto de la policía y el Ejército en tareas de seguridad pública en Michoacán.
Narra el escritor mexicano Jorge Volpi: “Ese día, casi inadvertidamente, se instauró en México un estado de excepción que se prolonga hasta hoy. Han transcurrido 16 años en los cuales las Fuerzas Armadas, en sus diversas encarnaciones, se han inmiscuido en tareas que, en regímenes auténticamente democráticos, deberían corresponderles solo a los civiles”.
A pesar del cambio radical de fines de 2006 con nuevos gobernantes en América Latina, en la siguiente década la política pública no permeó la desigualdad. Lo más grave: la corrupción avanzó al mismo ritmo que el malestar social. Y no tiene explicación, pues fue una década dorada para América Latina: los niveles de crecimiento que tuvo en esos años son incompatibles con la pésima redistribución de ingresos y los grandes bolsones de exclusión social en la región.
Después de décadas de dictaduras militares que dejaron una estela de muertos y desaparecidos, y privatizaron gran parte de las riquezas nacionales, la política pública desplegada por los nuevos gobiernos demostró que para que la democracia funcione no basta su legitimidad de origen. Y que el buen periodismo jugó un rol esencial: mostró los nuevos nudos –a veces hoyos negros profundos, como Odebrecht– donde se anidaba la corrupción de los nuevos gobernantes.
El buen periodismo se hizo visible e imprescindible para buscar el cambio, para intentar que la justicia le diera una vuelta de tuerca a la impunidad o la ciudadanía lo exigiera.
Por eso, otro elemento se sumó a la falta de políticas públicas para atacar la desigualdad y la corrupción: la violencia. Y siguieron asesinando a periodistas en México, en Colombia, en Guatemala, en Honduras. Identificados como enemigos del poder autoritario y corrupto fueron acosados, encarcelados e incluso eliminados en la Venezuela de Maduro, en la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y ahora también en El Salvador de Nayib Bukele.
La institucionalidad democrática sigue descomponiéndose. Y la corrupción, la desigualdad y el crimen organizado no dan tregua.
La militarización de la que habla Volpi en México muestra este 2022 su peor rostro. Un reciente informe de la Unesco indica que, de los 86 periodistas asesinados en el mundo en 2022, más de la mitad (44) son de América Latina y el Caribe. La nómina macabra la encabeza México con 19 periodistas ultimados, seguido por Haití (9), un Estado fallido. “Tras varios años de descensos consecutivos, el fuerte aumento de periodistas asesinados en 2022 es alarmante”, alertó la directora general de Unesco, Audrey Azoulay. Y agregó un dato clave: fueron asesinados por informar sobre el crimen organizado, el auge del extremismo, la corrupción o delitos contra el medio ambiente, entre otros.
Todos los informes de organismos de expertos y de relevancia mundial coinciden: 2023 se nos viene encima con un gravísimo deterioro de la democracia, del Estado de Derecho, recrudecimiento de la violencia y la desigualdad. Así lo advirtió también en estos días Human Rights Watch en su informe 2023: casi un tercio de la población en la región vive en la pobreza y más de una décima parte en pobreza extrema; y con la tasa anual de homicidios más alta del mundo: 21 por cada 100 mil habitantes. “El panorama de América Latina es uno de los peores de los últimos años y los ataques a las instituciones democráticas son una de las preocupaciones centrales en cuanto a derechos humanos y Estado de Derecho” afirmó Tamara Taraciuke, directora en funciones de la División Américas de HRW, quien interpeló a los gobiernos de la región a estar en condiciones de responder a las necesidades de la gente. “La respuesta –dijo– es más democracia y no menos”.
Ciudadanos con ira y despojados de la confianza
“Vivimos el proceso de recesión democrática más agudo de las últimas tres décadas”, afirmó el 13 de enero pasado Daniel Zovatto, director para América Latina de IDEA, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. La crisis de sistemas políticos debilitados al extremo es la que deberán enfrentar los nuevos gobernantes de izquierda que han llegado a las cinco principales economías de América Latina: Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia. Un escenario radicalmente distinto a la bonanza fiscal que benefició a otra camada de gobiernos de izquierda en la década de 2000, producto del súper ciclo de los commodities. El escenario se vuelve más difícil por la compleja crisis política y económica gatillada por la guerra en Ucrania y la embestida antidemocrática en varios países.
El Índice de “Riesgo Político América Latina 2023” –elaborado por el Centro de Estudios Internacionales UC, CEIUC– pone también el acento en otra amenaza: la creciente desafección de la ciudadanía con la democracia. “Los principales informes que miden actualmente la calidad de las democracias a nivel global (Unidad de Inteligencia de The Economist, el proyecto V-DEM de la Universidad sueca de Gotemburgo, informe anual de Freedom House y el de IDEA Internacional) coinciden en alertar que la democracia a nivel global está bajo asedio: la mayoría sufre acoso, otras están estancadas hace cinco años o sufren diferentes tipos de deterioro, mientras un tercer grupo se encuentra en claro retroceso (backsliding)”, afirma Daniel Zovatto, uno de los autores del estudio.
Otro indicador que refuerza este diagnóstico es el de The Economist 2022: siete países de Latinoamérica perdieron su condición de democracias, convirtiéndose en regímenes híbridos: El Salvador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Paraguay, Ecuador y México. El resto de los países de la región son clasificados por The Economist como “democracias imperfectas”.
En este contexto, veamos entonces cuáles son los desafíos de primera línea que se presentan para la agenda del buen periodismo en 2023:
1. Combate a la corrupción y a la evasión tributaria
No dejar de escarbar y exhibir los nudos de corrupción y a sus protagonistas. Y a los responsables de que los delitos queden en la impunidad. Si la justicia no sanciona severamente el delito de financiar ilegalmente la política, seguiremos con leyes dictadas desde las multinacionales para multiplicar sus ganancias y, muchas veces, depredar el medio ambiente. El estudio del CEIUC insiste en que sistemas judiciales sin independencia e instituciones públicas con altos índices de corrupción contribuyen a la cada vez mayor percepción de inseguridad e impunidad. Lo grave: Transparencia Internacional revela que los índices de percepción de corrupción de América Latina no muestran progresos.
Un elemento importante aporta el reciente estudio de Oxfam (La ley del más rico: Gravar la riqueza extrema para acabar con la desigualdad, enero 2023). Informa del explosivo crecimiento de las ganancias de las empresas más ricas. Y lo atribuye a beneficios extraordinarios otorgados en la pandemia a grandes empresas de los sectores farmacéutico, energético, tecnológico y alimentario. 95 grandes empresas de energía y alimentación han duplicado –al menos– sus beneficios en 2022, con beneficios extraordinarios por US$306.000 millones, destinando US$257.000 millones (84%) a remunerar a sus accionistas. Se impone estudiar a fondo las políticas fiscales de impuestos, de evasión y fiscalización. Y si es necesario, establecer alianzas con expertos y/o académicos para diseccionar e informar con rigor.
Las recomendaciones de los principales expertos en este rubro indican que, si no hay combate real y efectivo a la corrupción, el producto de un alza de impuestos se irá a otros bolsillos y no a mitigar la pobreza. Otro punto: la ley que elimina la fractura o suple el vacío donde se anida la corrupción solo puede provenir de las instituciones y no de un tribunal público de periodistas. Menos desde las redes sociales. El buen periodismo no puede sustituir al Estado o al sistema político. Si no se regenera el sistema institucional para atacar la raíz de la corrupción con un riguroso ejercicio de la libertad de expresión, la democracia está en peligro.
2. Crimen organizado
El crimen organizado ha tenido en la región una fuerte y sostenida evolución. Esta delincuencia de alta complejidad ha logrado coordinar estructuras y ampliar sus zonas de influencia con aumento explosivo de su poder de fuego (tráfico de armas), homicidios y penetración de las instituciones. La mayoría de sus ilícitos queda en la impunidad. Uno de sus negocios más importantes sigue siendo el tráfico de drogas (los tres principales productores de cocaína en el mundo están en la región: Colombia, Perú y Bolivia). Las cifras de la violencia estremecen. Aunque la población de América Latina y el Caribe representa cerca del 9% del planeta, la región registra más del 30% de los homicidios a nivel mundial. Superado por Jamaica, Venezuela ocupó el segundo lugar en tasa de homicidios en América Latina en 2021, con 40,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, según la Emergency Watchlist 2022 del Comité Internacional de Rescate (IRC). Le sigue Honduras, con 38,6 por cada 100.000 habitantes, el país más mortífero de América Central. Colombia y México también exhiben cifras altas, la mayoría relacionadas con crimen organizado y narcotráfico.
“El crimen organizado crece donde el Estado es relativamente débil, las instituciones corruptas y predomina en economías informales con altas tasas de desigualdad y pobreza”, señala informe del CEIUC. Lo reafirmó el Fiscal jefe Antinarcóticos de España, Ignacio de Lucas, en entrevista con el diario El Mercurio (9.01.2023): “Hay que reconocer la importancia de la economía ilegal generada por estos entramados criminales que pervierten el sistema financiero y corrompen nuestras instituciones y democracia”. Hoy –dice– las “bandas criminales se extienden como una marea violenta en la región y algunos países de Europa; y responde al poder de esas organizaciones criminales y al enorme beneficio que representa el mercado del narcotráfico”. De Lucas insiste en la importancia de las investigaciones transnacionales: “Las redes criminales se persiguen a través de redes de fiscales y de investigadores. Nos permiten desmantelar la cadena criminal”. Una colaboración que el periodismo de investigación ya está haciendo.
3. Ataque antidemocrático
“La democracia a nivel global está bajo asedio”, señala el Índice de “Riesgo Político América Latina 2023”. Datos de IDEA Internacional 2022 indican que dos tercios de la población mundial vive en democracias en retroceso o en regímenes híbridos y autoritarios. En América Latina “ni en Cuba ni Nicaragua se observa voluntad para iniciar la transición a la democracia. Por el contrario, hay recrudecimiento de la represión. En El Salvador, que dejó de ser democracia, continuará la deriva autoritaria del régimen de Nayib Bukele quien buscará (pese a prohibición de la Constitución) su reelección en 2024″. En Perú, la crisis política, reforzada por la debilidad institucional, ha llegado a un punto crítico con más de 60 muertos. No se sabe si logrará llegar a las elecciones adelantadas en 2023 o si la crisis obligará a la nueva presidenta a renunciar, abriendo un escenario impredecible.
Pero la principal prueba de fuerza en la región seguirá siendo Brasil, donde los seguidores de Bolsonaro y las fuerzas que lo sostienen –agroindustria, parte de iglesias evangélicas, Fuerzas Armadas y ultraderechistas, entre otros– anuncian que persistirán en su ataque a la democracia. Colombia y Chile enfrentan también problemas de debilidad y obstáculos para llevar a cabo sus reformas clave –pensiones, tributaria y de salud– y satisfacer demandas ciudadanas. Está latente cómo continúa el ataque antidemocrático en Guatemala, que este año tiene elecciones, al igual que Argentina y Paraguay.
4. Enfrentar la crisis económica y la desigualdad
Según el Banco Mundial asistimos al mayor incremento de la desigualdad entre países y pobreza desde la Segunda Guerra Mundial. Una conclusión que plantea el reciente informe de Oxfam (La ley del más rico: Gravar la riqueza extrema para acabar con la desigualdad enero 2023): el mundo vive por primera vez en 25 años un aumento simultáneo de riqueza y pobreza extremas: 1% más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada desde 2020 a nivel global (US$42 billones), casi el doble que el 99% restante de la humanidad. Durante la última década, la fortuna de los súper ricos está creciendo a ritmo de US$2.700 millones al día, mientras más de 1.700 millones de trabajadores viven en países con inflación que crece por encima de sus salarios. El informe de Oxfam brega por la aplicación de un impuesto a la riqueza de hasta 5% a multimillonarios y milmillonarios que podría recaudar US$1,7 billones anualmente, lo que permitiría a 2.000 millones de personas salir de la pobreza y garantizar servicios de salud y protección social para población de renta baja y media-baja (análisis desarrollado X Fight Inequality Alliance, Institute for Policy Studies, Oxfam y Patriotic Millionaires).
Ante ese panorama en que cuatro de cada 10 habitantes de América Latina han vivido con inseguridad alimentaria, el Índice “Riesgo Político América Latina” concluye: “ante un cada vez más incierto panorama internacional y notorios efectos del cambio climático, el riesgo para países latinoamericanos es no generar soluciones que permitan seguridad alimentaria para una población con cada vez más necesidades y vulnerabilidades”.
5. Mala gobernanza
Frente a la crisis de democracia, economía y violencia, el buen periodismo deberá auscultar con rigor gobiernos con mal desempeño. Dejar a la luz las necesidades básicas imperiosas que no han sido atacadas por esos gobiernos y en qué se gastan sus presupuestos. El informe de Oxfam alerta: “hemos visto cómo gobiernos y comunidad internacional no hacen lo suficiente para evitar el mayor aumento de la pobreza extrema en más de 20 años. Este fracaso puede calificarse como catastrófico, más de 20 millones de personas han perdido la vida a causa de la pandemia, y todas las dimensiones de la desigualdad han aumentado de manera desorbitada a nivel mundial”.
En este acápite, el estudio “Riesgo Político América Latina 2023”, apunta al mayor nivel de deuda pública de los países, especialmente post covid-19, que ha comprometido seriamente su sostenibilidad fiscal, limitando la capacidad de los gobiernos de dar respuesta a las demandas sociales. El FMI indica que Venezuela es el país de la región con la deuda más alta (307% del PIB); seguida de Brasil (91,9%); Bolivia (86,1%); El Salvador (82,6%) y Argentina (74,4%). “Una economía anémica y la incapacidad del Estado y el sistema político de procesar las demandas ciudadanas hacen más difícil abordar la gobernanza y expectativas ciudadanas”, señala “Riesgo Político América Latina 2023″. Como la región tendrá un crecimiento promedio cercano al 0,8% anual, incluso más bajo que la década perdida de los ’80, crece el riesgo de nuevos estallidos sociales.
6. Desconfianza ciudadana y noticias falsas
La desconfianza ciudadana merece especial atención. Más aún las noticias falsas. Intoxican a los ciudadanos y propagan y expanden el odio y la actitud antisistema. Altos niveles de polarización representan un riesgo creciente para la democracia. El nivel de la crisis política y económica nos obliga a grandes acuerdos para lograr hacer viables políticas que mitiguen las necesidades. Habrá que buscar la más amplia colaboración para identificar a quienes elaboran, propagan y financian la “industria de noticias falsas”. Y para ello se deben poner en acción todas las herramientas y sistemas de verificación de noticias que hoy se aplican con distinta potencia en los países. Desde el periodismo se podrá buscar la forma de instar a blindar en autonomía y eficiencia a los organismos electorales.
En recientes procesos electorales latinoamericanos las noticias falsas a través del mal uso de redes sociales se acentuaron, reproduciendo contenidos que radicalizan agendas extremistas. Todo apunta a que la contaminación informativa seguirá sofisticándose y en 2023 seguirá muy presente en las elecciones de Argentina, Guatemala y Paraguay. También en la crisis de Perú, en la arremetida antidemocrática de Brasil y en Chile, en el segundo intento de nueva Constitución.
Especial importancia adquirirá en la vida política, económica, educacional y, por cierto, en los medios de comunicación, el uso de herramientas de Inteligencia Artificial. Su uso violentando normas éticas, legales, aquellas que garantizan nuestros datos personales e incluso a la vida, pondrá en tensión a todo el sistema de medios y al sistema democrático.
7. Crisis migratorias
Los flujos migratorios irregulares en América Latina se han vuelto más dinámicos y complejos, dice el estudio “Riesgo Político América Latina 2023”. El mayor desplazamiento en la región ha sido de ciudadanos venezolanos: 7,1 millones han huido de la violencia, pobreza y persecución política. 5,96 millones (84,9 %) están distribuidos en 17 países de América Latina, especialmente Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil. “Las cada vez más frágiles economías latinoamericanas han sido incapaces de absorber las necesidades de los cada vez más grandes flujos migratorios”, destaca el estudio. Y advierte lo explosivo que puede llegar a ser la continua llegada de inmigrantes con el “aumento de delitos violentos en que se ven envueltos”. Con crisis económica, “el mayor riesgo que enfrentan los países latinoamericanos es enfrentar exacerbación xenofóbica e incremento de conflictos sociales”.
8. Cambio climático
Si algo ha quedado relativamente claro en el último año es que el buen periodismo deberá sumergirse sí o sí y a fondo en el cambio climático. No está de por medio solo la sobrevivencia de millones y millones de habitantes, especialmente de comunidades indígenas en América Latina. En un escenario económico precario y difícil, lo que se viene es una oportunidad para el buen periodismo: cómo podemos desde la rigurosa y oportuna información ayudar a la reconversión económica en determinados sectores e incentivar la inversión. Un dato: el análisis realizado por la Administración Nacional de Océanos y la Atmósfera de EE. UU. reveló que 2022 fue el sexto año más cálido desde 1880, cuando se dio inicio a este registro. La temperatura promedio de la superficie terrestre y oceánica sobrepasó por 0,86°C el promedio del siglo XX (13,9°C). Respecto de la reconversión, el Índice “Riesgo Político América Latina 2023″ señala que la llegada de capitales extranjeros es fundamental para aprovechar el potencial que ofrece el hemisferio. Las energías limpias son el futuro del planeta y pueden transformar a América Latina en un proveedor fundamental de la “economía verde”. “Todo este potencial puede significar un nuevo salto para América Latina, en la medida que venga acompañado de alianzas público-privados, regulaciones y planes que ofrezcan certeza jurídica a la inversión privada”, dice el informe.
9. Derechos humanos
Para Human Rights Watch este 2023 no habrá que despintar el ojo de varios países. Como El Salvador: reportes dan cuenta de violaciones a los derechos humanos del régimen de Nayib Bukele, quien desmanteló instituciones democráticas y ha permitido desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y malos tratos en cárceles. En Venezuela, la crisis humanitaria ya es un grave problema de derechos humanos, a lo que se suma la investigación de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, sobre posibles crímenes de lesa humanidad del gobierno de Nicolás Maduro: encarcelamiento a opositores políticos, asesinatos y tortura en unidades militares. En Nicaragua, convertida en una dictadura, la situación de los presos políticos no tiene mejoría y aumenta la preocupación internacional. En su última entrevista (22.01.23) con Carlos Fernando Chamorro en Confidencial, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez (Premio Cervantes 2017), dice: “Me parece que lo mejor del país está en la cárcel: sacerdotes, intelectuales, profesionales, empresarios, universitarios; y el país lo van a hacer ellos, en primer lugar. El gran cambio en Nicaragua lo van a encabezar estos presos que representan la moral de Nicaragua”.
Sobre México, el escritor Jorge Volpi dice (14.01.2023) “En mi país no existe la justicia: En México solo se resuelve el 5,5% de los delitos que se denuncian. Todos han fallado en lograr que en el país exista Estado de Derecho”. Y en otra columna publicada en Reforma, agregó: “en vez de disminuir la violencia ha crecido estrepitosamente con cifras de muertos, desaparecidos y desplazados propias de una guerra civil, el tráfico de drogas se ha mantenido incólume y el descabezamiento de los capos solo disparó rivalidades resueltas en cruentas pugnas intestinas y el país se ha convertido en un campo de batalla y un vasto cementerio. (…) Los militares son los mismos que estaban allí cuando se produjeron las 250 mil muertes y miles de desapariciones ocurridas desde 2006 y los mismos que han desempeñado oscuros papeles en distintas masacres y en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. (…) Lo que se impone no es legitimar el estado de excepción permanente, sino acabar con él con una urgente transformación de nuestro sistema de justicia”.
La última cifra entregada por la Fiscalía Especial para Atención de Delitos cometidos contra Libertad de Expresión (FEADLE) en México, ratifica los dichos de Volpi: hasta 2021, de las casi 3.500 investigaciones por agresiones a periodistas, solo en 28 se ha logrado sentenciar a sus responsables. Es decir, el índice de impunidad en crímenes contra periodistas en México supera el 99%.
10. El combate contra la violencia ejercida contra las mujeres, la discriminación de poblaciones indígenas y por la inclusión de minorías.
Si algo hemos aprendido –y dramáticamente– en los años 2021 y 2022 es que no basta con repetir una y otra vez las proclamas: “Ni una sola más” y “No más feminicidios”. Porque los asesinatos de mujeres por sus parejas o ex parejas sentimentales, o por aquellos que las abusan, violentan dejando daños no cuantificados, continúan creciendo y con más fuerza en nuestra región. Lo que no podemos permitir es que sigamos solo contando mujeres asesinadas. Por eso, y por esta vez, solo diremos que los números dan vergüenza: hablan de la nula capacidad de nuestros sistemas de prevenir ese tipo de violencia. Y lo más grave, de que no se reproduzca la impunidad para los culpables. Y qué hablar de la revictimización que se hace de niñas, adolescentes y mujeres violadas en tribunales, sedes policiales y también en los medios de comunicación. Y de la dificultad que tienen nuestras mujeres para acceder al aborto en centros hospitalarios públicos incluso cuando se trata de solo niñas embarazadas víctimas de violación.
Algo similar ocurre con los asesinatos de activistas medioambientales. El acoso, persecución y riesgo mortal ha aumentado de manera exponencial en los últimos años en la misma medida que las comunidades, especialmente indígenas, denuncian la depredación de sus aguas o tierras por mineras y compañías multinacionales o nacionales. Las políticas de inclusión de esas comunidades indígenas (la mayoría en zonas de extrema pobreza en la región) y de las minorías discriminadas por su identidad sexual, pasan a la primera línea de la buena gobernanza y de la auscultación del buen periodismo.
Epílogo
Al final, solo un párrafo para volver a insistir en un logro de la justicia internacional: el derecho a la información –oportuna y veraz– no es un privilegio de los periodistas, sino un derecho de los pueblos. La mayor contribución a la cultura democrática está en decir la verdad de los hechos. Y hoy, el buen periodismo –medios y profesionales independientes– ven limitado, obstaculizado su acceso a las fuentes de buena información y enfrentan acoso y amenazas. No obstante, son miles los profesionales de América que asumen este desafío e informan con ética y rigor. Basta ver El hormiguero, investigación dirigida por Germán Rey, integrante del Consejo Rector de la Fundación Gabo (con apoyo de Google News Initiative), que nos da cuenta de 1.512 nuevos medios digitales en 12 países de nuestra región. Sin ese periodismo emergente joven y vigoroso es muy probable que, por ejemplo, la embestida ultraderechista en Brasil hubiera tenido otro derrotero.
Para el buen periodismo este 2023, Daniel Zovatto afirma: “además de cuidar y fortalecer la democracia debemos repensarla, reinventarla. Hay que reformar instituciones políticas para relegitimarlas y volverlas más eficaces. Debemos avanzar hacia una democracia de nueva generación. Esta es la agenda que América Latina necesita poner en marcha con urgencia. No hay tiempo que perder”.
No sabemos cómo saldremos de esta crisis múltiple en cuyo centro está la pandemia y la vida democrática que hemos conocido hasta hoy. Tampoco sabemos qué modelo de periodismo subsistirá. Lo que sí sabemos es que este 2023 habrá buenos y corajudos periodistas para informar con ética y rigor. Porque como dice el escritor Sergio Ramírez en su última columna, “El novelista trascendente”: “Hoy la lucha verdadera está entablada entre democracia y autoritarismo. Y no hay otra escogencia que la democracia”.
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