El periodista José Rubén Zamora Marroquín, fundador en 1996 de El Periódico de Guatemala, lleva siete meses en prisión. «Por desgracia, esta es la regla y no la excepción», lamenta Héctor Coloj, del Observatorio de los Periodistas en Guatemala. «En ocasiones, las personas sobrepasan en prisión preventiva el tiempo de condena que les correspondería» de ser declarados culpables, explica.
Pero, en este caso, Coloj, ve en la demora «un mensaje amedrentador» para la prensa crítica o los opositores a este «régimen autoritario». El acusado todavía no ha sido juzgado y ya ha sido imputado por el tribunal en otro caso. Alega que ambos son montajes para evitar que siga denunciando casos de corrupción política desde su periódico, ahora ya únicamente digital. Entretanto, sus sucesivos cuatro abogados han tenido que ir desistiendo de su defensa. Dos de ellos, incluso, han sido acusados penalmente por «entorpecer» la investigación.
Ni derecho a la defensa efectiva
Ahora, Zamora Marroquín «ejercerá su propia defensa» para «no exponer a terceros en su lucha por la búsqueda de justicia», decía su último abogado en su carta de renuncia. «Este encarnizamiento judicial contra El Periódico asesta un grave golpe a la libertad de prensa en Guatemala e instaura un clima de censura», denuncia en un comunicado el director en América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Artur Romeu, y pide la «liberación inmediata» de Marroquín y sus colaboradores injustamente encarcelados.
«Sin periodismo libre, plural e independiente no hay democracia. Pues la libertad de prensa es la que nos permite verificar la existencia de todas las otras», afirma Romeu, consultado por DW. «Cuando se debilitan los mecanismos de acceso a la información y de transparencia, no son solamente los periodistas las víctimas, es también el conjunto de la ciudadanía», concluye. Y no es el único que considera que la propia democracia está en peligro en el país.
Preocupación dentro y fuera de Guatemala
Este martes (7.03.2023), las siete principales asociaciones de prensa de Guatemala difundieron un comunicado en rechazo «a la pretensión de investigar a periodistas y columnistas al amparo de la Ley contra la delincuencia organizada». Antes lo habían hecho organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) o el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Incluso el Gobierno estadounidense había expresado su «profunda preocupación» por el caso.
El propio comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk, dijo ayer que «es necesario reforzar en Guatemala los mecanismos de protección para garantizar la independencia del sistema judicial». Y recordó en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que alrededor de cincuenta personas se han exiliado de Guatemala desde 2018, entre jueces, fiscales y periodistas, víctimas de una persecución judicial por su lucha contra la corrupción.
La punta del iceberg
«Desde la entrada en el Gobierno de Alejandro Giammattei ha habido un retroceso democrático», constata Coloj. El caso de Zamora Marroquín es sólo la punta del iceberg. «Desde el Observatorio hemos documentado más de cuatrocientos casos de ataques a la prensa, una cifra bastante alarmante para un país tan pequeño», afirma. Y enumera: «amenazas de muerte, acoso judicial, censura, ataques informáticos, acoso sexual en redes sociales, intimidación durante coberturas, daño o robo de equipos, arrestos arbitrarios, vetos para acceder a audiencias judiciales», entre otros.
Sin embargo, Coloj no ve que haya miedo entre los periodistas guatemaltecos. «Por el contrario de lo que buscaba el presidente, o la fiscal general [la polémica Consuelo Porras], con este caso no implementó un ambiente de censura o de autocensura generalizado sino al contrario, vino a fortalecer a la prensa y a animarla para seguir denunciando los abusos de poder, la corrupción y las arbitrariedades».
«No hay miedo, pero sí temor de que estas acciones puedan extenderse a otros medios», y de que «todo esto se pueda agravar con el comienzo de la campaña electoral el 25 de marzo», matiza el comunicador, desde Observatorio de los Periodistas en Guatemala.
DW ha intentado durante todo el día contactar con el Organismo Judicial de Guatemala para recabar, sin éxito, su visión sobre el caso y que pueda responder a las críticas. La web del Poder Judicial guatemalteco también publica noticias, con titulares como «Funcionarios públicos buscan construir confianza». Desde luego, no lo están consiguiendo.
