El Departamento de Estado de EE. UU. publicó este lunes su informe anual sobre la situación de los derechos humanos República Dominicana, donde entre otras cosas, asegura que en el país se viola la libertad de expresión, resaltando a los miembros de la prensa y otros medios de comunicación.
“Los medios expresaron una amplia variedad de puntos de vista, pero el gobierno, los partidos políticos y las grandes empresas frecuentemente influyeron en la prensa, en parte a través de sus grandes presupuestos publicitarios. La concentración de la propiedad de los medios, las debilidades del poder judicial y la influencia política también limitaron la independencia de los medios”, destaca el informe.
En términos generales, Estados Unidos asegura que las personas y los grupos podían criticar al gobierno dominicano en público y en privado sin represalias, haciendo mención de incidentes en los que autoridades o facciones políticas intimidaron a miembros de la prensa o creadores de contenido en línea por contenido mediático que era crítico con el estado o sobre ciertos temas sociales.
El informe cita como un ejemplo extremo que “una persona enfrentó acoso y permaneció bajo libertad condicional previa al juicio durante más de dos años por retuitear una imagen alterada de una figura histórica; un juez determinó que el retuit violaba la ley sobre figuras y símbolos nacionales”.
También señala la censura y restricción de contenido para los miembros de la prensa y medios digitales. “Los observadores indicaron que el gobierno ejerció influencia sobre la prensa, incluso a través de contratos publicitarios. Además, es probable que los periodistas practicaran la autocensura, particularmente cuando la cobertura podría afectar negativamente los intereses económicos o políticos de los líderes gubernamentales o propietarios de los medios”.
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos también señala las leyes de difamación y calumnia en la República Dominicana. En este espacio señala que no se reportaron casos de gobierno o figuras públicas que usaran estas leyes para castigar a los críticos del gobierno o tomar represalias contra periodistas u opositores políticos.
También indica que el Gobierno no restringió ni interrumpió el acceso a Internet ni censuró el contenido en línea. “No hubo informes creíbles de que el gobierno monitoreara las comunicaciones privadas en línea sin la autoridad legal adecuada”, señala el informe.
Diario Libre USA
