Por IGNACIO ALZAGA
México sumó 696 agresiones a periodistas en 2022, de acuerdo con la organización Artículo 19.
El 2022 ha sido el año más letal y violento para la prensa en México al registrar 12 periodistas asesinados y la cifra récord de 696 agresiones documentadas, es decir una cada 13 horas, en un contexto de asedio, estigmatización, espionaje, amenazas e intimidación desde el poder público, de acuerdo con la organización Artículo 19.
El más reciente informe anual “Voces contra la Indiferencia”, señala que durante el cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente no cesó la violencia contra la labor periodística, sino que superó a la que hubo en el mismo periodo de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“Durante el cuarto año de Andrés Manuel López Obrador se agredió a la prensa cada 13 horas, mientras que en el mismo periodo de las dos administraciones pasadas la frecuencia fue de 21 y 55 horas, respectivamente”.
La cifra de 696 agresiones contra periodistas convirtió a 2022 en el año más violento y fatídico para el gremio, desde que Artículo 19 inició en 2007 el registro de este tipo de ataques.
El documento que presentó Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, señala que este número de atentados representa un incremento de 329.63% si se compara con el cuarto año de gobierno de Felipe Calderón, cuando se contabilizaron 162, y de 63.38% respecto al mismo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto, en el que hubo 426.
Los principales ataques contra periodistas y medios de comunicación fueron: intimidaciones y hostigamientos, con 181 casos; amenazas, con 151; uso ilegítimo del poder público, con 111, las cuales representaron 66% del total de categorías.
En el panorama nacional, las cinco entidades federativas con más casos de agresiones en 2022 fueron Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.
Artículo 19 sostiene que la censura contra medios de comunicación del viejo autoritarismo sólo ha «mutado» en este gobierno porque se mantiene vigente contra medios de comunicación, además de que imperan la opacidad y los obstáculos para ejercer el derecho de acceso a la información pública gubernamental.
Los 12 asesinatos registrados en 2022 también sellaron el año más letal para la prensa junto con 2017, y posicionó a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente.
Los comunicadores asesinados posiblemente debido a su labor fueron: José Luis Gamboa; Margarito Martínez; Lourdes Maldonado; Roberto Toledo; Heber López Vásquez; Jorge Luis Camero; Juan Carlos Muñiz; Armando Linares; Luis Enrique Ramírez; Antonio de la Cruz; Alan González y Juan Arjón López.
Otros nueve fueron víctimas de atentados contra sus vidas, pero no se sumaron a la fatídica lista.
ATAQUEN AL MENSAJERO
La mayoría de las agresiones contra las y los periodistas las cometen autoridades públicas. De los 696 casos documentados, 296 (42.53%) fueron perpetrados directamente por actores del Estado, es decir, cuatro de cada diez.
“A la par, registramos que en 50.57% de los casos, los asuntos que cubrían las víctimas versaban sobre corrupción y política. Y si se considera sólo a las víctimas fatales, dicha fuente se cubría en el 66% de los casos”.
El informe destaca que el presidente Andrés Manuel López Obrador “no cesa en su estrategia de anular al mensajero”. Durante 2022, en la conferencia matutina, en al menos 176 ocasiones se vertieron comentarios estigmatizantes dirigidos a medios de comunicación, periodistas e, incluso, organizaciones de la sociedad civil.
“De estos 176 eventos, 44 configuraron ataques contra la prensa, en especial, 33 cometidos directamente por el titular del Ejecutivo federal. Es lamentable que no hubiera un golpe de timón en el ánimo de descalificación justo en el año que más se mató a periodistas en el país.
“De forma paralela a la estrategia de ataque verbal, se opera el dinero público como una mordaza. En 2022, el Congreso desacató la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de subsanar las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social y decidió reglamentar de manera deficiente —otra vez— la publicidad oficial. Con ello se garantiza la hiper concentración del gasto en comunicación social, lo que se tradujo el año pasado en que diez empresas de comunicación recibieron el 54.8% del total y el restante 45.2% se repartió entre 399 compañías de medios”.
Datos del informe refieren que cerca del 30.6% se entregó a La Jornada, Televisa y TV Azteca.
MILITARIZACIÓN Y ESPIONAJE
El reporte refiere que la impunidad en los diversos delitos contra periodistas es de 97%, en tanto que existe una lista de comunicadores que son víctimas de espionaje, a través de sistemas como el software Pegasus que opera el Ejército, por ser considerados no afines al régimen.
Además, expone las preocupaciones sobre la militarización del país y la opacidad que ronda a las fuerzas armadas, particularmente en torno a las acciones de espionaje como herramienta de intimidación y amenaza en contra de periodistas y defensores de derechos humanos que han sido reveladas en meses pasados por grupos ‘hacktivistas’, como Guacamaya.
Refiere que estas filtraciones revelan que desde las instituciones castrenses se considera enemigos potenciales a colectivos e individuos que investigan, denuncian y exponen casos de violación a derechos humanos, sin que la respuesta del gobierno federal haya sido satisfactoria.
“Y lo que es más, se destinaron recursos públicos para implementar una campaña desde sitios digitales oficiales con la finalidad de ‘desmentir’ el uso de malware”.
Por otra parte, de acuerdo con datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, desde 2010, año de su creación, hasta diciembre de 2022, de un total de mil 592 indagatorias por crímenes contra periodistas, únicamente se han obtenido 32 sentencias, incluyendo las cuatro logradas en 2022.
CENSURA «MUTÓ» CON AMLO
Leopoldo Maldonado aseguró que en los últimos cuatro años del gobierno actual que se erigió como “transformador», el panorama para libertad de expresión sigue con una marcada tendencia de deterioro que se remonta a la primera alternancia partidista en el poder en el año 2000 (sexenio de Vicente Fox), pues ha reducido el derecho a la información y promueve la no crítica al poder.
«La libertad de expresión no ha mejorado, en todo caso las formas de censura e inhibición han mutado, conviviendo con viejos mecanismos autoritarios que no han sido erradicados», puntualizó.
Alertó que en la nación «una sola voz trata de monopolizar el debate sobre lo público, y, en el mejor de los casos, que su discurso se confronte con otras voces hegemónicas para reducir al resto de la sociedad en meros espectadores».
Maldonado comentó que 2022 representó un hito inimaginable en lo que a violaciones de derechos humanos se refiere.
En mayo del año pasado, México llegó a la cifra de 100 mil personas desaparecidas y, según cifras oficiales, entre 2019 y 2022, se han registrado más de 30 mil de estos casos, por lo que se estima que, debido al alza y continuidad de la violencia, al finalizar el sexenio podrían ser más de 60 mil.
MESA DE OPINIÓN
Luego de la presentación del informe, se llevó a cabo un panel en que participaron Raymundo Ramos, director del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; Adela Navarro, directora de ZETA Tijuana.
Bibiana Mendoza, vocera de la colectiva Hasta Encontrarte; María Eloísa Quintero, experta en investigaciones complejas (DDHH y Macrocriminalidad) y Tomás López Sarabia, presidente del Consejo Directivo del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A.C. (CEPIADET).
En opinión de Tomás López Sarabia han pasado más de tres décadas y en México las comunicaciones indígenas solo tienen “una retórica de reconocimiento”, por lo que al igual que otros gobiernos, la actual administración “sólo trafica con la pobreza”.
“Hoy hay un clima de complicidad entre los gobiernos locales, muchos de los ataques a la prensa provienen no sólo de los grupos de crimen organizado, sino también de los gobiernos estatales, municipales, policías locales y fuerzas federales como el ejército y la marina. Es lamentable porque este gobierno nos prometió tanto y hoy estamos peor”, comentó Adela Navarro.
Raymundo Ramos ha sido espiado por el Ejército. “El espionaje del que estamos siendo víctimas ahora representa un grave retroceso, donde el presidente habla por un lado de democracia y libertades, pero por el otro encubre y protege a un Instituto como son las fuerzas armadas, que cuentan con todos los recursos económicos, humanos y tecnológicos para el espionaje”.
Bibiana Mendoza, quien no claudica en la búsqueda de su hermano desaparecido, pese a las amenazas manifestó: “Desgraciadamente en este sexenio las víctimas y los defensores de los derechos humanos, nos hemos enfrentado a grandes luchas, como la revictimización, la criminalización, entre otras. En Guanajuato vivíamos en una burbuja rosa, hasta que a finales de 2017-2018 llegó la violencia y no ha habido nadie que la detenga”.
A su vez, María Eloísa Quintero, expuso: “Cuando uno habla de macrocriminalidad está hablando de la perpetración y la ejecución de actos de desaparición, de intimidación y de no responsabilizar a las instituciones por no investigar involucra un entramado en forma de triángulo, que en sus tres vértices tiene al sector público, el sector privado y el crimen organizado.
“Es la interacción de estos tres vértices la que permite que se puedan ejecutar estos actos”.
Alianza de Medios Mx
