Por Marta Martínez
Madrid, España.- El anteproyecto de la futura ley de información clasificada que pretende sustituir a la vigente ley de secretos oficiales que data de 1968 ha levantado numerosos recelos entre aquellos que manejan día a día la información. Periodistas, archiveros, documentalistas e historiadores, entre otros, no dudaron en presentar alegaciones tras conocer el contenido de la futura ley, y más aún al ver la urgencia en su tramitación.
El texto fue presentado en agosto, mes ‘inhábil’ debido a las vacaciones, y con apenas siete días para alegar modificaciones. Los afectados no llegan a comprender las «prisas» tratándose de una cuestión tan «delicada» y más aún cuando han pasado más de 50 años desde la promulgación de la ley que sigue vigente. «Es totalmente incorrecto y poco democrático», afirma Antonio Rubio, presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación (API). No obstante, a pesar del corto periodo, las asociaciones, entre ellas Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) o la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), pudieron presentar sus enmiendas.
Una de las primeras problemáticas que advirtieron es que a lo largo de todo el anteproyecto se habla de «información» y no de «documentación», dos términos que aunque se usan de forma similar, no son iguales. «Ese matiz ya supone problemas», explica Henar Alonso, miembro de la Junta de AEFP. La información y la documentación se gestionan de manera diferente, y en el caso de la primera puede llegar a destruirse. Asimismo, este término no está en consonancia con otras legislaciones españolas que sí hablan de documentos y no de información. «Es un concepto ambiguo, que no está bien definido, tan amplio que desprotege a los ciudadanos», afirma Carlos Sanz, profesor de la Universidad Complutense que ha alegado a título personal el anteproyecto al ver afectada su labor como historiador.
Bajo el término información podría clasificarse desde documentos o informes, hasta conversaciones telefónicas, correos electrónicos o incluso mensajes de Whatsapp. Además, el anteproyecto obvia cómo será la gestión de la información que vaya a ser clasificada. «Si no hay un tratamiento profesional, no puede haber un control. Y si las cosas no se pueden registrar, luego no se podrán difundir. Toda la cadena estaría viciada», expone Francesc Xavier González, presidente de FESABID. «Se han desarrollado mucho las armas del Ejecutivo para clasificar, pero no está muy contemplado el acceso. Se dejan muchas cosas pendientes, está desequilibrada», coincide el profesor Sanz, quien insiste en que «falta la consideración de cómo se accede a la información, cómo se solicita y quién controla dónde se custodia».
Todos los afectados consultados por ABC entienden que debe limitarse el acceso en aquello que afecte a la seguridad nacional del país, pero no defienden que se recurra a términos «subjetivos», por ejemplo ‘interés de España’, como motivo para la clasificación. Tampoco comparten que en dos de las nuevas categorías de secreto, Confidencial y Restringido, se amplíe el rango de las personas que podrán clasificar. «Hasta los subdelegados de Gobierno podrán, y con capacidad de delegar. Es un retroceso absoluto», manifiesta AEFP. «[La información] pasará por toda una serie de manos administrativas y va a llegar de una forma sesgada», añade el presidente de API.
Derechos constitucionales
Ni en tiempo ni en forma ha gustado este anteproyecto, que además entra en conflicto con dos derechos reconocidos en la Constitución como son el derecho a la información, contemplado en el art. 20 –este además un derecho fundamental– y el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, contemplado en el art. 105b. Así lo explica Aurelio Martín, vicepresidente de FAPE, quien advierte que basta con que la administración califique un informe como ‘Confidencial’ o ‘Restringido’ para «entorpecer investigaciones». A esto añade que «de mantenerse de esta forma, casos de corrupción procedentes de investigaciones periodísticas serían clasificados y harían inviable su difusión».
Los afectados reclaman más «consenso» y un trabajo conjunto con los expertos. «Da muchos poderes al Gobierno, pero no establece contrapesos», expresa Sanz, quien echa en falta la mención a agencias independientes. «Buscan impunidad y opacidad con este tipo de normativas», manifiesta Alonso de AEFP. «Volvemos a la triste historia de que España se convierte en un país sin memoria», insiste Rubio de API.
ABC
