Por Henry Cárdenas P.
San Salvador.- El medio digital El Faro de El Salvador anunció este jueves 13 de abril que decidió mudar su sede administrativa a Costa Rica ante los constantes ataques a la libertad de prensa por parte del gobierno de Nayib Bukele.
En una publicación digital, este medio destaca que este paso dado es la culminación de un proceso que emprendieron hace unos meses ante la falta de condiciones para seguir operando en El Salvador.
De igual forma se resalta que la redacción de El Faro seguirá haciendo periodismo desde territorio salvadoreño.
El medio enfatiza que el desmantelamiento de la democracia, la falta de controles al ejercicio del poder de un pequeño grupo, los ataques a la libertad de prensa y el cierre de todo mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en El Salvador amenazan seriamente el derecho ciudadano a estar informado.
“Durante la administración Bukele, El Faro y sus empleados hemos sido objeto de campañas de deslegitimación y difamación originadas en Casa Presidencial; hemos enfrentado seguimientos físicos y amenazas; espionaje con Pegasus; acoso a anunciantes y difamaciones de funcionarios y diputados del partido oficial. Pero, sobre todo, hemos enfrentado múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda, con acusaciones fabricadas a las que seguimos respondiendo y apelando en todas las instancias administrativas y judiciales correspondientes, a pesar de saber que en El Salvador ya no hay división de poderes; el presidente incluso utilizó una cadena nacional de radio y televisión para falsamente acusarnos de lavado de dinero”, denuncia El Faro.
Se alerta que la criminalización del periodismo es cada vez más utilizada por los gobiernos de la región y se citan los ejemplos que se dan en Guatemala, Honduras y Nicaragua.
“Es decir, hacemos un movimiento que protege administrativamente al periódico, que ha sido todo este tiempo la primera línea de ataque de un régimen obsesionado con ocultar sus negociaciones debajo de la mesa, su corrupción y su manejo arbitrario de las cuentas públicas”.
La Prensa
