Desde hace 30 años, cada 3 de mayo, se conmemora en todo el mundo el Día de la Libertad de Prensa. Se trata de un día señalado por la Unesco para evaluar el estado de la libertad de prensa a nivel mundial, homenajear a los profesionales que han perdido la vida o han sido privados de la libertad en el ejercicio de su labor informativa y recordar a los gobiernos que deben respetar su compromiso con la libertad de prensa.
El Día de la Libertad de Prensa no es ni debe entenderse como una conmemoración exclusiva de periodistas y medios de comunicación. Es, sobre todo, una fecha que involucra a toda la sociedad. Porque la libertad de prensa, la libertad de periodistas y medios de comunicación de investigar, informar y opinar sobre asuntos de interés público sin la interferencia de gobiernos, corporaciones ni otras estructuras de poder, es vital para la salud democrática de la sociedad. Una sociedad informada puede tomar decisiones informadas. Ya se dieron cuenta de ello los diputados doceañistas cuando en 1810, desde Andalucía, proclamaron la primera norma que abría las puertas a la Libertad de Prensa en lengua española.
Es por ello que este 3 de mayo la Red de Colegios de Periodistas de España pone el acento en la urgencia de regular legalmente el secreto profesional que recoge nuestra Constitución y, al mismo tiempo, aboga por la creación del Consejo General de Periodistas, un órgano estatal que sirva de interlocutor ante las diferentes iniciativas que involucren o afecten a los derechos de los profesionales de la comunicación. Ambas iniciativas corresponden al Congreso de los Diputados, de ahí que, en un año electoral, la Red de Colegios de Periodistas de España quiera recabar el compromiso de las distintas formaciones políticas para poner fin a esta laguna en la regulación de un derecho consagrado en nuestra Constitución. Esperamos que ambas pretensiones sean pronto una realidad y sumar así méritos a la candidatura que estamos promoviendo para convertir a Andalucía (San Fernando, Cádiz) en la primera sede española en acoger un Congreso Mundial de Libertad de Prensa de la Unesco.
Es importante recordar e insistir en que existe consenso político, desde hace muchos años, a la hora de abordar ambos asuntos. Pero ese consenso de momento no se traduce en hechos, en una legislación que permita contar tanto a profesionales como a fuentes de información con seguridad jurídica en la labor de investigar e informar sobre asuntos públicos de relevancia.
Se trata de una limitación que condiciona aún más el ejercicio de la profesión periodística, acuciado en los últimos tiempos por males como el intrusismo profesional, las noticias falsas, la precariedad laboral o la injerencia de poderes fácticos, bien a través de la publicidad o con denuncias que en la mayoría de los casos terminan archivadas pero que tienen la intención de intimidar a medios y profesionales de la información con procedimientos judiciales.
En un día señalado para alertar y denunciar las vulneraciones a la Libertad de Prensa, aprovechamos para mostrar nuestra solidaridad con profesionales de la información que cubren conflictos armados como la guerra de Ucrania. En este punto la Red de Colegios Profesionales de Periodistas insiste en sus reivindicaciones de pedir que se solucione la situación del periodista Pablo González, que lleva 14 meses encarcelado en Polonia sin que se le estén respetando los derechos más básicos de las personas detenidas que están recogidos en diferentes normas y tratados de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. Asimismo, también solicitamos que se revoque la decisión del Gobierno de Polonia de prohibir la entrada al periodista Ángel Sastre.
La Red de Colegios Profesionales de Periodistas destaca la importancia de que también en los conflictos bélicos se respete la libertad de prensa, motivo por el cual muestra su rechazo a la decisión del Gobierno de Ucrania. Es inasumible que en un país que pretende formar parte de la Unión Europea se vulnere la libertad de prensa y el derecho a la información.
Hay un dato que merece una reflexión desde los medios de comunicación: la mitad de reporteras y reporteros españoles que están contando el conflicto en los medios son autónomos no tienen el respaldo expreso de una cabecera ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de la seguridad, por lo que hacemos un llamamiento a revisar las políticas laborales de los medios de comunicación en este tipo de casos.
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