Más de un centenar de académicos de la Universidad de Harvard se han unido a un esfuerzo por defender la libertad de expresión en el campus y proteger a los compañeros que sufren acoso a causa de su trabajo, según han declarado los académicos que lideran la iniciativa. Bajo el título de Consejo de Libertad Académica, este grupo aseguró que actuarían ante las crecientes amenazas a la libertad de expresión en las universidades de todo el país.
«En algunas instituciones, la amenaza a la libertad académica procede de una izquierda antiliberal que quiere reducir los límites del debate aceptable», declaró el Consejo en una declaración de principios. «En otras, procede de políticos de derechas que quieren que se enseñe una única versión de la historia como ortodoxia».
La idea de crear este consejo nace de una cena entre diferentes académicos el pasado mes de noviembre, donde debatieron sobre la libertad de expresión. Poco tiempo después, Bertha Madras, profesora de psicobiología, y el psicólogo Steven Pinker anunciaron la formación del grupo en un editorial del diario Boston Globe.
En dicho editorial, los expertos expresaron que la libertad de expresión en el mundo académico se ve amenazada, por un lado, por los activistas «que disponen de un arsenal de guerra asimétrica cada vez mayor, que incluye la capacidad de interrumpir actos, el poder de reunir multitudes físicas o electrónicas en las redes sociales y la voluntad de difamar a sus objetivos con acusaciones paralizantes de racismo, sexismo o transfobia en una sociedad que, con razón, las aborrece». Por otro, había «una burocracia explosiva para vigilar el acoso y la discriminación», dirigida por funcionarios universitarios cuyos intereses, al minimizar la mala publicidad, «no están necesariamente alineados» con la búsqueda del conocimiento, escribieron.
«Cuando una persona es amenazada o calumniada por una opinión académica… le prestaremos nuestro apoyo personal y profesional», detallaron. «Cuando los activistas griten al oído de un administrador, hablaremos con calma pero con vigor al otro, lo que les obligará a tomar una salida razonada en lugar de la fácil».
Janet Halley, profesora de Derecho de Harvard y experta en teoría jurídica feminista, que se ha unido al consejo, afirmó que «los administradores universitarios están cediendo a la presión e iniciando estas investigaciones disciplinarias de personas por decir cosas que, por ejemplo, los estudiantes consideran ofensivas o demasiado desencadenantes o controvertidas o chocantes o lo que sea». Además destacó un rápido aumento en el numero de miembros del Consejo, algo que, a su parecer, indica que más profesores ven en esta censura un grave problema.
El Consejo decidió adoptar medidas tras una serie de sucesos controvertidos sobre la libertad de expresión en el campus: un juez conservador nombrado por el presidente Trump con un historial, como abogado, de oposición a la ampliación de los derechos de homosexuales y transexuales fue increpado a gritos por manifestantes durante un discurso en la Facultad de Derecho de Stanford.
El juez Stuart Duncan fue interrumpido en varias ocasiones durante su discurso. En una de las ocasiones la decana asociada para diversidad, equidad y la inclusión Tirien Steinbach espetó al juez diciendo que había causado «daño» a los estudiantes y que sus opiniones de banquillo «suponen una absoluta privación de derechos [de la comunidad de Stanford]». También habló de su compromiso con la libertad de expresión, sin ofrecer en ningún momento al juez Duncan la oportunidad de hablar.
La decana asociada se intentó justificar por sus actos en un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal en el que afirmaba que le habían pedido que estuviera en el acto «para observar y, en caso necesario, disminuir la tensión». Y aseguró que su intención no era «enfrentarse» al juez Duncan ni a los manifestantes, sino «dar voz a los estudiantes para que dejaran de gritar y entablaran un diálogo respetuoso», prosiguió. «Quería que el juez Duncan entendiera por qué algunos estudiantes protestaban por su presencia en el campus y que los estudiantes entendieran por qué era importante que al juez no sólo se le permitiera hablar, sino que se le diera la bienvenida».
Dos días después del incidente, el presidente de la Universidad de Stanford, Marc Tessier-Lavigne, y la decana de la Facultad de Derecho, Jenny Martínez, ofrecieron sus «más sinceras disculpas» a Duncan por lo ocurrido. Admitieron que el boicot «fue incompatible con nuestras políticas de libertad de expresión», lamentando mucho lo que pasó durante la visita del juez.
Aunque la carta no nombraba a Steinbach, se dirigía a «los miembros del personal que deberían haber hecho cumplir las políticas de la universidad no lo hicieron, y en su lugar intervinieron de forma inapropiada que no está en consonancia con el compromiso de la universidad con la libertad de expresión». Para concluir, Martínez citó a un estudioso de la Primera Enmienda que escribió: «La libertad de expresión no protege el derecho a gritar a los demás para que no se les oiga».
EL DEBATE
