La Paz, Bolivia.- En vísperas al 10 de mayo, Día del Periodista Boliviano, los dirigentes de la prensa resaltaron que la fecha llega con una cifra de agresiones contra los trabajadores de la comunicación que quedan en la impunidad porque los agresores son la Policía y grupos de choque afines al Gobierno.
La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes, informó que el jueves de la semana anterior tuvieron una reunión con la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, y otras autoridades de Gobierno. En ese encuentro denunciaron directamente que los grupos de choque del Gobierno son protegidos por la Policía.
“Le dijimos al señor Aguilera que la propia Policía ha protegido a grupo de choque identificados con el partido oficialista que atacaban a los periodistas. Un ejemplo claro es cuando un periodista fue agredido en el municipio de la Guardia, había una orden para que la Policía lo eche a un basurero, son circunstancias extremas. Les hemos dejado en claro que más allá de la buena voluntad expresada por la libertad de prensa y la Ley de Imprenta, el Estado debe constituirse en el garante pleno del ejercicio de estas libertades y no lo hace”, indicó Alanes a la ANF.
El 10 de mayo 1938, el presidente Germán Busch creó la Caja Nacional de Jubilaciones, Pensiones y Socorros de Periodistas, medida con la que se comenzó a reconocer la actividad periodística como una profesión y se validó el derecho a la jubilación. Desde entonces, cada 10 de mayo se recuerda el Día del Periodista en Bolivia.
El ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), Carlos Salcedo, contó que el equipo periodístico de cualquier medio de comunicación está expuesto en un conflicto a recibir pedradas y ataques con palos, del lado de los manifestantes, y los gases lacrimógenos, del lado de los policías. Sumado a eso, también los agreden aquellos que reclaman mayor cobertura.
“Mucha gente se siente afectada porque creen que no se les da la cobertura necesaria, por eso la gente nos empieza a agredir. Hemos pedido reuniones con el Gobierno, para explicar esto y nos den garantías para llevar adelante nuestro trabajo”, reclamó Salcedo.
El Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) registró, de enero a abril, alrededor de 35 vulneraciones al trabajo periodístico donde los principales responsables son los policías.
“Nosotros consideramos que estamos en una situación de alto riesgo del ejercicio del periodismo. Estamos en un esquema de violencia, impunidad, sin justicia y en una situación de desinformación que vulnera no sólo la libertad de prensa, sino que también el derecho a la información”, argumentó el responsable de comunicación del Observatorio, Rodolfo Huallpa.
El responsable del Observatorio de Unitas resaltó que el caso del periodista radial que perdió la audición de manera parcial, a consecuencia de la explosión de un petardo, quedó en la impunidad, pese al compromiso del Gobierno para otorgarle apoyo y respaldo.
“Muchos hechos de agresión no llegan a una denuncia ante una instancia judicial, y las que llegan no tienen celeridad. Puede haber acceso irrestricto a la justicia, pero no hay avances que permitan sancionar y reparar el hecho, es todo lo contrario. Si se garantizara la libertad de expresión, habría mecanismo para reparar daños”, sostuvo Huallpa.
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