Por Wilson Morales | @wilsonmorales85
Entre el 18 y 19 de mayo de 2023 se realizó en Cartagena (Colombia) el taller ‘Cobertura periodística de la justicia restaurativa en Colombia’. Fue el primero de un ciclo de formación sobre cobertura periodística de la justicia restaurativa en Colombia, realizado por la Fundación Gabo, gracias a una alianza con el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ).
En este taller participaron 22 periodistas de distintas zonas de la Costa Caribe colombiana. Fue dirigido por Gloria Castrillón Pulido, magíster en Asuntos Internacionales con énfasis en Resolución de Conflictos y directora editorial de Colombia +20, un proyecto de El Espectador que busca aportar a la paz desde el periodismo.
El taller empezó con una reflexión sobre lo que están contando los periodistas en la región Caribe y el país sobre los procesos de justicia restaurativa y los conceptos básicos en torno a la Justicia Especial para la Paz (JEP). La directora del taller señaló que “los periodistas nos debemos al país y por ello debemos aportar a la construcción de paz”. “Tenemos un papel y una función social en la sociedad”, dijo, acotando que por eso es tan importante la forma en cómo cubrimos estos procesos de justicia restaurativa.
¿Estamos interpretando bien lo que la gente nos está diciendo?, fue la pregunta disparadora de Castrillón al dar inicio al taller.
Por ello, buscando que los periodistas comprendan mejor dichos procesos, en la actividad estuvo como invitada la abogada Julieth Vargas Trujillo, quien tiene un máster en Derecho Internacional y Derecho Ambiental. Es especialista en temas de justicia transicional y restaurativa, y conocedora de los retos para su implementación en Colombia, que ha sufrido un conflicto con más 10 millones de víctimas, 120 mil desaparecidos, 3 mil masacres, niños utilizados y otras cifras aberrantes, como se ha logrado establecer en medio del Acuerdo de Paz.
¿Qué es la justicia restaurativa?
Vargas empezó preguntando a los periodistas qué es la justicia, por lo que surgieron términos como equilibrio, respeto por los derechos de todos, verdad, imparcialidad, equilibrio, entre otros.
Vargas señaló que todos estos términos hacen parte de la definición de justicia, dando paso al proceso de justicia restaurativa en torno a la búsqueda de la paz en Colombia.
“Así, podemos decir que hay múltiples caminos para lograr la justicia. Algunos involucran de cerca la constitucionalidad. La justicia restaurativa surgió en los años 90 como alternativa al sistema penal; también como una crítica, pues el sistema penal no cumplía con funciones como resocializar al delincuente y reivindicar los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Restituir es su objetivo, en un sentido amplio. Lo que se busca con este enfoque es darle protagonismo a los directamente afectados, a las víctimas y a sus familias”, explicó.
Esta indicó que la idea de la propuesta es que, como no se va a reparar la vida de una persona que pereció en el conflicto, se busque la forma de llegar a sanar esas heridas para que su familia siga adelante.
“Ante la ausencia estatal, las víctimas del conflicto generan comunidad para salir adelante. Hay que seguir adelante y sanar, y esta justicia, la restaurativa, se preocupa por eso. Es una alternativa a cómo normalmente el Estado, a través de jueces y fiscales, responde cuando alguien infringe una norma penal. Esa alternativa es la única forma de lograr ese reproche moral, ético e institucional al delito. Se propone que el protagonismo vaya a otros actores, otras alternativas y otro tipo de respuestas. ¿La solución es la cárcel? ¿Eso va a dar paz y sanación? Para mucha gente eso no es lo debido y lo que quieren es sanar el dolor que han sufrido. Con la justicia restaurativa ahí está esa respuesta alternativa y que necesita la gente que sufrió y tuvo una afectación directa de un delito”.
Así mismo, la experta preguntó: «La gente que sale de la cárcel ¿sale como una mejor persona? Ahí está esa respuesta alternativa: la justicia restaurativa no solo tiene aplicación respecto a la criminalidad, sino también respecto a otros aspectos. La JEP aplica la justicia restaurativa y le agrega lo de la verdad. En esta hay cambios que no se ven en la justicia penal ordinaria”.
Vargas señaló que no hay otro modelo de justicia restaurativa igual al de Colombia en otras partes del mundo. “En 2007 empezaron las versiones libres en el proceso de Justicia y Paz, pero la diferencia con este es que en la JEP las víctimas pueden estar presentes en el mismo recinto donde hablan los victimarios, los comparecientes, y a veces pueden estar en salones espejos: salones especiales para que los comparecientes no las vean mientras escuchan sus testimonios. La JEP recoge los aprendizajes del anterior proceso de Justicia y Paz. En la JEP están participando las víctimas, que es algo que no pasaba en Justicia y Paz”.
La experta indicó que la reconstrucción del tejido social es clave en la justicia restaurativa, en la JEP, así como la resocialización del victimario y garantizar los derechos de las víctimas.
Respecto a los casos que lleva la JEP, explicó que esta no puede investigarlos todos, no puede indagar a cada una de las personas que cometieron delitos internacionales siendo parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) o de la Fuerza Pública. “Por eso fue que en el 2012 cambiaron el enfoque y dijeron que era un enfoque macro, para así centrarse en los máximos responsables; de lo contrario, no se iba a terminar nunca esto. La JEP se concentra en los máximos responsables partícipes. Con los otros tiene otras posibilidades, como darles seguridad jurídica, con correspondencia de los derechos a las víctimas. Con lo que se hace en la JEP se construye la resocialización y tejido social. La JEP también tiene una unidad de investigación y acusación, que es como la ‘fiscalía’ de la JEP. Hay un tribunal para la paz y unas salas de justicia independientes. También una secretaría jurídica, que se encarga de la representación legal de las víctimas que no tienen recursos”. Puntualizó que los paramilitares no están en la comparecencia de la JEP; solo militares, exmilitares y miembros de las Farc.
Estructura de la JEP
La JEP, que tendrá una duración máxima de 20 años, tiene tres salas de justicia, conformadas por 18 magistrados titulares, 6 suplentes y 6 amicus curiae, estos últimos son terceros autorizados para participar en los procesos de la JEP, con el fin de ofrecer información o conceptos que brinden mayores elementos jurídicos para la resolución de un caso. Cumplen una función consultora con las salas y secciones.
Por un lado, está la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. «A partir de criterios de selección y priorización, abre los casos que investiga la JEP sobre los hechos más graves y representativos. Recibe, contrasta y coteja los informes sobre hechos relacionados con el conflicto que le presenten órganos estatales y las organizaciones sociales y de víctimas. Recibe versiones individuales y colectivas, y convoca a audiencias de reconocimiento de responsabilidad. Presenta resoluciones de conclusiones de los casos priorizados ante el Tribunal para la Paz», indica la JEP.
En cuanto a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, señala: «Esta define las situaciones jurídicas (renuncia a la persecución penal u otra forma de terminación anticipada de los procesos) en los casos menos graves, menos representativos a personas con participación no determinante en hechos relacionados con el conflicto armado. Define la situación jurídica de las personas de la Fuerza Pública que hayan cometido conductas que tengan relación directa o indirecta con el conflicto armado. Concede y supervisa la libertad transitoria, condicionada y anticipada. Define la situación jurídica de los terceros que se sometan de manera voluntaria a la JEP (agentes del Estado distintos a la Fuerza Pública y civiles). Cesa el procedimiento en casos de protesta social».
Así mismo, está la Sala de Amnistía o Indulto, que «otorga amnistía o indulto a las personas procesadas o condenadas por los delitos estipulados como amnistiables. Otorga libertad transitoria y condicionada a comparecientes de las FARC-EP y los remite a la Sala de Reconocimiento para que proceda en lo de su competencia. Aplica tratamientos jurídicos especiales a las personas remitidas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad».
De otro lado, está el Tribunal para la Paz, integrado por 20 magistrados y 4 amicus curiae. Está integrado por cuatro secciones, entre estas, la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que «realizará juicios dialógicos, proferirá sentencias e impondrá sanciones propias a los acusados que reconozcan responsabilidad y aporten a la verdad».
También está la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas, que «realizará juicios adversariales cuando no haya reconocimiento de responsabilidad. Proferirá sentencias absolutorias o condenatorias. En las condenatorias, impondrá las sanciones alternativas u ordinarias, según corresponda», según la JEP.
De igual forma, está la Sección de Revisión de Sentencias, que, «excepcionalmente, revisará las resoluciones o sentencias de la justicia ordinaria y dará trámite a las acciones de tutela. Estudia las solicitudes de garantía de no extradición contempladas en el Acuerdo Final de Paz».
La otra sección es la de Apelación, órgano de cierre del Tribunal para la Paz. Decide sobre las peticiones de revocar, confirmar o modificar las sentencias y decisiones de las secciones y las salas».
La Secretaría Ejecutiva también hace parte de la estructura de la JEP: «es el órgano que ejerce la gerencia de la entidad, su representación legal y, además, cumple funciones misionales. Como característica del autogobierno judicial, la Secretaría Ejecutiva se encarga de la gerencia judicial a través de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la JEP y el gobierno judicial está a cargo del Órgano de Gobierno».
También hace parte de la estructura de la JEP la Unidad de Investigación y Acusación, que se encarga de “las investigaciones y del ejercicio de la acción penal cuando los presuntos autores individuales o colectivos de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario no reconocen verdad plena o responsabilidad. La Unidad es el órgano rector de la JEP en materia de policía judicial y colabora permanentemente en la documentación y juzgamiento de crímenes atroces que llevan a cabo las diferentes salas y secciones del Tribunal para la Paz», señala la JEP.
Los casos
Hay que señalar que la Justicia Especial para la Paz trabaja en 10 macrocasos en los que investiga, esclarece y sanciona a los máximos responsables de los hechos más graves del conflicto armado colombiano.
Entres estos se encuentran:
Caso 1: toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP
Caso 2: prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño).
Caso 3: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Caso 4: situación territorial de la región de Urabá.
Caso 5: prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
Caso 6: victimización de miembros de la Unión Patriótica.
Caso 7: reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.
Caso 8: crímenes cometidos por la Fuerza Pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado.
Caso 9: crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos en el marco del conflicto armado colombiano.
Caso 10: crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc-EP en el marco del conflicto armado colombiano.
8 etapas de la justicia restaurativa y el Batallón La Popa
En el taller también participó, mediante videoconferencia, Óscar Parra Vera, magistrado de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP.
Habló de ocho etapas que ha tenido la justicia restaurativa y que en 2008 recibieron casi mil informes sobre casos. “Hablo de casos que se abrieron en departamentos, casos que pasaron de forma sistemática. En la JEP hemos abierto debates con víctimas sobre cómo hacer la priorización de los casos. Decirle a una víctima que su caso va a quedar para después es complejo. Empezamos la priorización con los territorios más críticos”, develó.
Para la explicación de estos casos, el magistrado inició con la presentación de informes; luego, vino la primera y segunda fase de priorización de casos: en este punto recordó el caso del Batallón La Popa del Ejército Nacional, cuyos miembros realizaron ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Valledupar (Cesar) y en el sur de La Guajira, entre el 9 de enero de 2002 y 9 de julio de 2005. La indagación hace parte del macrocaso 03, que investiga el escándalo conocido como «falsos positivos».
En este caso salieron gravemente afectados miembros de las comunidades indígenas Kankuama y Wiwa. La JEP lo priorizó debido a que el Cesar es uno de los territorios con más casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia y que el Batallón La Popa era uno de los que tenía más hechos entre distintos batallones, indicó el magistrado. En este caso hay 2.638 víctimas acreditadas y el magistrado dejó ver que a finales del 2023 podría haber decisiones importantes frente a este caso.
En un tercer paso se hicieron las acreditaciones de estos casos con las autoridades y con comunidades indígenas y comunidades afectadas en general. También se declararon territorios como víctimas, teniendo en cuenta todas las afectaciones.
Luego, en la JEP empezaron a escuchar a los victimarios o comparecientes. Se dieron las versiones libres y realizaron debates sobre la participación de las víctimas. Para ello hubo que hacer procesos, evitando que las víctimas estuvieran cara a cara con los comparecientes si no había la preparación adecuada, evitando así la revictimización.
Un quinto paso fue la observación y análisis de las versiones que se dieron, constatadas con las indagaciones y otros testimonios.
Posteriormente, indicó el magistrado, se hizo una contrastación para determinar patrones y «macrodaños» después de los hechos. «Hubo crímenes de lesa humanidad con sistematicidad. En el caso La Popa solo cinco personas no han reconocido responsabilidad y pasan a un proceso parecido al de la justicia ordinaria. Con los demás, han reunido a víctimas y victimarios», explicó Parra.
Un séptimo paso se remite a las audiencias públicas de reconocimiento, en las que los actores reconocen públicamente sus acciones ante las víctimas por medio de la JEP.
«Por último, se llega a las resoluciones y conclusiones, donde se habla de sanciones propias, que son de distintos tipos», concluyó el magistrado de la JEP.
Tensiones y retos
De otra parte, la especialista Julieth Vargas Trujillo se refirió a las tensiones que genera la JEP y a los escollos y retos de la misma.
Esta recordó que la JEP ya no va a abrir más casos y que por ello algunos van a quedar por fuera. Es decir, se priorizaron a unas víctimas sobre otras, no se investigará caso a caso. «Muchas víctimas y casos quedarán afuera y algunos casos macro no hallarán respuestas», señaló.
El sistema de justicia especial también causa tensiones porque algunas decisiones ante crímenes grandes parecen blandas, explicó Vargas. Además, la JEP afronta el reto de la reconfiguración de la violencia territorial: más de 300 excombatientes y 1.270 líderes han sido asesinados. «Estos riesgos limitan las posibilidades de decir la verdad», afirmó la experta.
Vargas indicó que otro reto es el hecho de las reparaciones a cargo de la JEP, que no son económicas, y que la sentencia máxima que se puede aplicar en este sistema va hasta los 20 años. En la JEP solo comparecen excombatientes de las Farc, por lo que no tiene competencia sobre hechos relacionados con paramilitares u otros grupos al margen de la ley. La JEP no cuenta con fondo de víctimas ni con garantías de presupuesto para las reparaciones, lo que supone un reto tremendo.
La experta recordó que los aportes a la verdad en el proceso dialógico dependen de la voluntad de los comparecientes y que muchas veces estos no recuerdan lo que pasó, porque, igual que las víctimas, en ocasiones prefieren olvidar, lo que se convierte en un gran reto. Esto hace que las víctimas se frustren ante la poca efectividad de algunos de los aportes.
No juzgar y términos que no se deben utilizar
Gloria Castrillón indicó que muchos de los periodistas que cubren los procesos de justicia restaurativa lo hacen desde los escritorios y no entienden la realidad que se vive en las regiones afectadas por el conflicto, por lo que en muchas ocasiones se contribuye a la estigmatización, utilizando un mismo lenguaje sin darle privilegio a las voces de las comunidades. Se conocen las versiones oficiales, pero no se cuestiona, reprochó la maestra del taller.
También señaló que no hay que juzgar a priori a los actores del conflicto: «Hay un ser humano que tomó decisiones complejas en medio de la guerra, y la deshumanización nos llevó a justificar que hay muertos ‘bien muertos’. No podemos juzgar a nadie que se haya ido a la guerra; yo no me siento capaz”,.
Castrillón contó la historia del paramilitar Óscar Montealegre, alias Piraña, a quien le mataron a sus padres cuando tenía 3 años. “A los 17 se metió a los ‘paras’ porque le dijeron que vengaría la muerte de estos. Estando en la cárcel, una fundación lo acompañó y gracias a esto Piraña habló con madres de víctimas que buscaban la verdad. Cada mujer adoptó a uno de estos actores cuando salieron, Piraña fue adoptado”, contó la maestra.
“Piraña dice que volvió a nacer con esta segunda mamá que lo adoptó. Entonces, si analizamos este caso, ¿dónde está el bueno y dónde está el malo en esta historia? No entender las razones nos hace juzgar a priori. No hubo buenos ni malos, sino que hubo una dinámica del conflicto que hizo que esto pasara», anotó.
Castrillón advirtió que hay términos que utilizan periodistas en sus reportes cuando cubren el conflicto que no deberían volver a usarse porque afectan a los implicados en los procesos.
«Hay que cambiar y dar un paso, cambiar el lenguaje, llamar distinto, por ejemplo, a los excombatientes o comparecientes. Muchos se sienten afectados en los procesos cuando los llaman victimarios. Así mismo, es importante hablar con las víctimas y preguntarles cómo quieren ser presentadas. Hay gente que no le gusta que le digan víctimas, por ejemplo. El lenguaje pesa mucho”, enfatizó
Castrillón insistió en la necesidad de no usar más el término NN, por considerarlo deshumanizante. “Se puede decir cuerpos no identificados, pues NN no es agradable. Tampoco hablemos de restos, porque si fuera un familiar nuestro no nos gustaría esta palabra, es despectiva. Lo adecuado es decir ‘cuerpo’, porque es la integridad de ese ser humano la que está allí».
Y agregó: «’Dados de baja’ también es un término inadecuado, podemos decir que murieron en combates. Dado de baja es deshumanizar, pues es un término que utilizan en contabilidad para decir que algo se dañó y hay que sacarlo».
Fuentes y errores al cubrir procesos
En el taller también hubo un espacio para que los periodistas participantes, junto a Castrillón, analizaran cómo han cubierto muchos medios de comunicación regionales y nacionales los procesos de la JEP.
Tras escudriñar varias noticias, se concluyó que muchos de los titulares buscan la espectacularidad y que en la mayoría no es visible el relato de las víctimas. «Muchos de los titulares no se entienden y no explican el fenómeno, no dan contexto. Nos falta mucho contexto para llegar a ese momento cuando las víctimas están frente a los victimarios o comparecientes. Hay que hablar de ese proceso que hubo para que los comparecientes llegaran a ese punto. Es importante hablar con los comparecientes, esos hombres no hicieron eso porque nacieron malos, siempre hay historias detrás. Recomiendo también que no nos quedemos en un relato o una frase, sino que nos centremos en el fenómeno».
Castrillón también habló de las fuentes a las que pueden acudir los periodistas para informar mejor sobre los procesos.
«Hay que dar el contexto y que sepamos a dónde ir a buscar información. En la página web de la JEP está cada macrocaso, allí hay una mina de información. Otra fuente importante de información son los colectivos que acompañan a las víctimas; las víctimas siempre tienen asesoría de colectivos y ello ayuda mucho”.
También recomendó buscar qué otras historias se pueden desprender de una audiencia. Si el periodista se encuentra en un territorio con los afectados por los hechos, puede hablar con las víctimas: hay comunidades completas afectadas y ahí también hay muchas historias potenciales”.
“Pensemos qué hacer con nuestros relatos, que dejen ver qué pasó. Habitamos un territorio en el cual el dolor vive, pensemos qué podemos hacer, cuál puede ser nuestra contribución como periodistas», insistió.
Y añadió: «Hay que tener en cuenta cómo quieren dar a conocer a sus familiares las víctimas, ver el ‘antes’, recordar a la comunidad como era antes. La gente recuerda su vida sin conflicto y sin guerra. Ese recordar ayuda mucho porque es encontrar sentido a la vida y que esta no acabó con el hecho violento, y ver al futuro y cómo esos proyectos que se pudieron truncar hoy encuentran una nueva fuerza en nuevas cosas. Hay que buscar historias en estos procesos de reparación. Los periodistas no reparamos, pero podemos poner enfoques nuevos con nuestras notas. Hay que ir más allá de la diligencia jurídica y ver que hay historias que contar. Todos los sentados en las audiencias son dignos de historias».
Sanciones y los Toar
Así mismo, en el taller se habló de las sanciones propias para los comparecientes en la JEP. Se trata de «sanciones que impondrá la Sección de Reconocimiento y Responsabilidad del Tribunal para la Paz de la JEP a los comparecientes que fueron partícipes determinantes en la comisión de los crímenes más graves y representativos del conflicto armado, siempre y cuando aporten verdad plena y acepten la responsabilidad de los mismos ante la Sala de Reconocimiento».
Estas sanciones propias tendrán una duración de cinco a ocho años. A los “partícipes no determinantes” también se les impondrán sanciones propias por un periodo de dos a cinco años. «Las sanciones propias traen como consecuencia la realización de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (Toar) e implican un componente de restricción efectiva de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento», define la JEP.
De igual forma, indica que los Toar se caracterizan por permitir a los interesados (las víctimas y las comunidades) discutir la solución a los conflictos que enfrentan y llegar a acuerdos para la superación de los daños, mediante mecanismos que aseguren el diálogo.
La JEP señala que «los Toar deben garantizar la participación efectiva de las víctimas, deben atender las afectaciones causadas, no pueden lesionar sus derechos, deben contribuir a la reconstrucción de los lazos sociales o a una transformación de la sociedad que permita la superación del conflicto, y deben ser aptos para alcanzar la reintegración del compareciente a la sociedad».
La abogada Julieth Vargas indicó que los Toar los pueden realizar miembros de la Fuerza Pública, retirados de esta y de las FARC.
Señala que existen varios tipos de Toar, como ambientales, de corte social, construcción y reparación de infraestructuras, eliminación de residuos, sustitución de cultivos de uso lícito, recuperación ambiental de las áreas afectadas por cultivos de uso ilícito, construcción y mejora de las infraestructuras viales, entre otros, y que no es posible delegar a otras personas su realización.
«Existe un Toar con sanción anticipada, con un régimen de condicionalidad. Todos los comparecientes entran porque se comprometen con este régimen de condicionalidad. Es como un compromiso con la verdad, no repetición y no cometer crímenes de lesa humanidad; una tercera condición es aportar a la reparación de las víctimas. Es un Toar como parte de una eventual sanción propia. Si el compareciente se gastó tres meses pintando una escuela, ese tiempo se le reconoce para la sanción que le pongan. También tienen en cuenta el tiempo de preparación de cada acto que hacen para la sanción», explicó Vargas.
Esta explicó que los Toar también pueden ser distintas acciones propuestas por los comparecientes, como ayudar en procesos de desminado y dar coordenadas de donde ellos creen que hay minas antipersonas, o proyectos que puedan ayudar a las comunidades afectadas por sus acciones en medio del conflicto.
«En estos debe haber una correspondencia con el daño. Los pueblos étnicos, por ejemplo, esperan que los Toar correspondan al daño que se cometió contra el territorio, como los Toar ambientales. Este proceso va a ser un referente para el mundo si funciona. Por ahora la comunidad internacional apoya a la JEP, inclusive las sanciones propias», dijo Vargas.
Sin embargo, la experta lamentó que la JEP no tiene presupuesto para la ejecución de las sanciones. «Tampoco hay un ‘Inpec’ de sanciones propias, pero eso está por crearse», acotó.
Añadió que ya hay propuestas en la JEP y que se espera que este año (2023) el tribunal imponga las primeras sanciones.
«Más allá de que el compareciente diga ‘sancióneme así’ como su propuesta, es que diga cómo reparará a sus víctimas. Este es el sentido de la construcción dialógica de la que habla la ley. El compareciente puede decir: ‘’yo ofrezco hacer esto para reparar a la comunidad’, pero la víctima puede decir si eso es permisible o no, o pueden llegar a un acuerdo para hacer esa actividad. Ahí es donde se encuentran y empiezan el diálogo. Hay que hacer una reparación que vaya más allá del dolor individual y que tenga un impacto en las comunidades completas, ese es el fin del Toar», acotó Gloria Castrillón.
Por su parte, Vargas recordó que las sanciones alternativas para los comparecientes tienen penas privativas de la libertad entre los 5 y 8 años, que sí implican cárcel. «Comparecientes que reconozcan la verdad y su responsabilidad antes de que se profiera una sentencia tendrán una función esencialmente retributiva, consistente en pena privativa de la libertad, de cinco a ocho años. El artículo 129 indica que las sanciones propias y alternativas tendrán una duración mínima de dos años y una máxima de cinco años, incluídas las aplicables por concurso de delitos, para quienes no hayan tenido una participación determinante en las conductas más graves y representativas, aún interviniendo en ellas, salvo que se trate de las hipótesis contempladas en el literal ‘h’ del artículo 84 de la Ley 1957», indica la JEP.
Mientras tanto, las sanciones ordinarias van de 15 a 20 años de pena privativa de la libertad y se aplican por el Tribunal de la JEP a comparecientes que no reconocieron la verdad y responsabilidad.
«Asimismo, las sanciones ordinarias, artículo 130 de la Ley 1957, se impondrán a quienes comparezcan ante la JEP y no reconozcan verdad y responsabilidad. Estas sanciones cumplirán las funciones previstas en las normas penales, sin perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad. Las privaciones efectivas de la libertad previstas en las sanciones ordinarias que impondrá la JEP no serán inferiores a 15 años ni superiores a 20 años, en el caso de conductas muy graves. El periodo máximo de cumplimiento de sanciones ordinarias, por la totalidad de las sanciones impuestas, incluidos los concursos de delitos, será de 20 años. Tanto las sanciones alternativas como las ordinarias incluirán privaciones efectivas de la libertad en cárceles o prisiones», señala la JEP.
Toluviejo y el coronel (r) Borja
Otra de las invitadas al taller fue Jenny Neme, miembro de Diálogo Intereclesial por la Paz (Dipaz) y quien ha apoyado el proceso del coronel retirado Luis Fernando Borja, compareciente ante la JEP por ejecuciones extrajudiciales en el Caso 03, con víctimas en la población de Toluviejo, en el departamento de Sucre.
Neme cuenta que Borja inició su proceso restaurativo sin considerarlo como tal, con acompañamiento de la organización colombiana, en medio del reconocimiento de responsabilidad, en el marco de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
«Allí avanzó en el proceso desde el área psicosocial y en los encuentros de responsabilidad lo he acompañado. Uno de los pedidos de este era la posibilidad de encontrarse con las víctimas. Para esto empezó un proceso de ubicación de víctimas y aunque este asumió la responsabilidad por más de 70 casos, el más emblemático fue el de Toluviejo, donde hay más de 11 víctimas. De estas, hay diez que han participado en el proceso, que lleva tres años, y donde la Comisión de la Verdad acompañó el proceso restaurativo individual con las diez víctimas; luego hubo encuentros privados, que fueron los procesos dialógicos de reconocimiento de responsabilidad, y después concluyó en un encuentro público de reconocimiento de responsabilidad», explicó Neme.
Así mismo, contó que el coronel retirado, tras acogerse a la JEP, empezó a mirar la posibilidad de solicitud de un Toar anticipado.
«Nos basamos en tres cosas para construir el Toar, entendiendo que la justicia restaurativa tiene un plus en cuanto a justicia punitiva, pues esta busca responder a necesidades de las víctimas y no dejar de lado al victimario o responsable, quien también es una persona y necesita una oportunidad con formación de vida. También vemos cómo la sociedad debe tener responsabilidad con el delito, las víctimas y victimarios para buscar una transformación. En ese sentido, plantemos el Toar. Se retomó lo dicho con las víctimas de Toluviejo y así continuar con el proyecto dialógico con las víctimas y victimarios, y buscar la manera de cómo seguir esa relación y ver cómo plantear esa transformación de vida, y la necesidad de que estas personas se asociaran como víctimas de Toluviejo», dejó ver Neme.
Contó que en medio de ese intercambio y ese diálogo las víctimas propusieron un proceso restaurativo por medio de un comedor-restaurante en Toluviejo, para ayudar a reconstruir el proyecto de las familias, el cual también tiene un componente de memoria en ese mismo lugar, pues se plantea que allí mismo funcione una especie de museo de la memoria, donde se pueda hablar de lo que pasó, para con esto lograr que no se estigmaticen a las familias de las víctimas.
«Eso se concertó y en eso se ha caminado desde hace más de un año con las víctimas de Toluviejo. Es importante decir que en esto se ha contado con el compromiso de víctimas y victimarios, que necesitan apoyo de otras instancias que han participado. Estas personas ahora están buscando el financiamiento para la casa donde va a funcionar el restaurante. Recientemente se logró conseguir un predio en Toluviejo y se estaría entregando en comodato a la asociación de víctimas para avanzar en esta línea reparadora y restaurativa. También hay otras líneas de asistencia técnica con el PNUD para este restaurante. Se han hecho gestiones con la Gobernación y Alcaldía para buscar apoyo para las cuestiones técnicas. Esto se está concretando y va por buen camino», reveló.
Neme agregó que otra de las líneas tiene que ver con el compareciente, a quien le han hecho un acompañamiento psicosocial, como una orientación para su proyecto de vida.
«De esto podemos decir que necesitamos una mayor oferta para acompañar a los victimarios. Consideramos que es importante y con este y otros amigos creamos la fundación para acompañar psicosocialmente a este y otros comparecientes. Antes de Semana Santa -de 2023 en Colombia- este Toar empezó a ser verificado con la Secretaría Ejecutiva de la JEP. Luis Fernando fue llamado para preparar la certificación. Hemos tenido sorpresas positivas. Para la Comisión puede ser un Toar particular, pues este se ve como proceso y no como actividad. Precisamente, lo restaurativo tiene que ver con esos procesos. Una actividad sola no va a resolver ese planteamiento, a responder a las necesidades de las víctimas y a la necesidad de transformación de víctimas y responsables. Queremos que sea visto como un proceso y cada actividad va a ser certificada».
Respecto a cómo lograron que las víctimas creyeran que el coronel retirado sí quería repararlas, Jenny Neme indicó que en los círculos restaurativos se preparan a las víctimas, porque las personas inicialmente no quieren encontrarse con los responsables.
«Fue difícil el proceso de paz en el marco de la Comisión de la Verdad porque son procesos dolorosos para las partes, pero con el acompañamiento algunas personas empiezan a sentir la necesidad de conocer la verdad de boca del victimario y por eso estos procesos deben ser acompañados por gente que sepa y facilite los encuentros”.
Agregó Neme que, más allá de cumplir con las tareas ante la JEP, los victimarios asumen la responsabilidad e indicó que el coronel (r) Borja “ha trabajado por mucho tiempo, con esta necesidad de entender que esto que ha pasado y donde estuvo involucrado afectó a personas, a familias, comunidades y a un país entero, y no debería volverse a repetir. Es un trabajo de reflexión desde la ética”.
“[Borja] también tiene una afectación piscosocial en su proyecto de vida y en el de su familia. Esto les cambió la vida y también él siente la responsabilidad de transformar su propio entorno y buscar alternativas de reparar su entorno y repararse. Él quiere tener un proyecto de vida normal y quiere avanzar en procesos sostenidos. Todos los meses él concerta una agenda para ir a Toluviejo y reunirse con las víctimas. Quiere estar en un proceso a largo plazo con las víctimas», dijo Neme.
A este proceso con el coronel (r) Borja también se refirió Gloria Castrillón, indicando que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso quienes cometieron los delitos más aberrantes en medio del conflicto:
«Conocí a Luis Fernando y creo en estos procesos. Estas personas también tienen familias. No veamos a esos seres humanos como monstruos porque cometieron cosas terribles, ellos también tienen familias. Por eso, mi gran mensaje es que necesitamos apelar a la empatía y al ser humano que tenemos allí. Hay seres humanos conscientes, a los que les interesa algo en su sociedad. Permitámonos sentir, sentir rechazo, rabia, dolor, el dolor de las víctimas, porque si no esto no nos va a tocar y va a pasar de largo. Esta realidad no debería pasarnos de largo. La indignación no sirve sino para armar problemas en redes. Permitámonos sentir y tratar de ver cómo contribuimos».
5 consejos para cubrir la justicia restaurativa
Finalmente, Castrillón dejó a los periodistas que participaron en el taller cinco recomendaciones a la hora de cubrir noticias sobre justicia restaurativa en Colombia.
1. Recuperar la dignidad
Castrillón señaló que para los familiares de las víctimas del conflicto armado es importante que se recupere el buen nombre de sus seres queridos. «Por eso se puede ahondar en las historias de vida de las víctimas. Contar cuántos años tenían, qué les gustaba comer, qué rol cumplían en sus familias y, sobre todo, dejar ver cuál era ese papel que jugaban en sus comunidades. Hay que traer a colación qué era lo mejor de ese ser humano que ya no está, recuperar la dignidad de ese ser que se fue», apuntó.
2. Dar preponderancia a las víctimas
La periodista también recomendó que en las historias se muestre a las víctimas como protagonistas y como verdaderas sobrevivientes: «Hay que preguntarles qué es lo que quieren, cómo están. Hay que mostrar o resaltar todo ese trabajo que han hecho en medio de los procesos de restauración».
3. Rescatar el tejido social
No solo hay que mencionar que la víctima sufrió afectaciones de distintos tipos, sino que eso hace parte de sucesos que afectaron a toda una comunidad:
«Hay que reconocer que el daño es a las comunidades. La gente quiere recuperar el tejido social que se rompió; miremos los impactos en las comunidades. Vemos a las víctimas solas con su llanto y dolor, que son importantes, pero no vemos lo que pasa en una comunidad. Una persona, por sí sola, no sale adelante. Las madres de Soacha (cuyos hijos fueron víctimas de los mal llamados ‘falsos positivos’), por ejemplo, salieron adelante porque se juntaron. Unas mamás acompañaban a las otras en los procesos. Si hay algo que perdura, es eso», dijo la tallerista.
4. Medir cada palabra, confirmar cada dato
Es importante tener los datos precisos sobre los procesos. «Si se equivocan en datos sobre las víctimas, por ejemplo, ellas se afectan. Por eso hay que preguntar cómo se escriben los nombres, cómo quieren ser presentadas estas personas, tomémonos el tiempo para preguntar todos esos detalles, para que esas personas sobre las que hablamos se sientan retribuidas con algo”, indicó Castrillón. Agregó que los periodistas no reparan a las víctimas, pero sí contribuyen a dignificarlas.
5. Evitar términos deshumanizantes
Castrillón recomendó no utilizar algunos términos que usualmente encontramos en el cubrimiento de procesos de justicia restaurativa: «No usemos más ‘NN’, digamos cuerpos no identificados. ‘NN’ no es un término agradable para las familias de las víctimas. Tampoco hay que hablar de ‘restos’. Lo adecuado es ‘cuerpo’ porque es la integridad de ese ser humano la que está allí; decir ‘restos’ suena despectivo. El lenguaje ayuda, por ello hay que escribir como si lo estuviéramos haciendo sobre un hermano o un familiar, preguntarnos si escribiríamos eso sobre ellos. No hay que ser autómatas con las víctimas, las palabras pesan».
La otra cara
Gloria Castrillón señaló que también es importante contar esos procesos que viven los comparecientes:
«Para que ellos lleguen y se paren en un escenario y reconozcan públicamente que han cometido hechos atroces han tenido que pasar por un proceso difícil junto a las víctimas, han tenido que asumir procesos junto a sus familia y todo lo que eso implica. Ellos también tienen historias que es necesario contar. Hablemos con responsables, víctimas y colectivos de víctimas, allí podemos encontrar muchas historias».
Sobre Gloria Castrillón
Periodista con maestría en Asuntos Internacionales y énfasis en Resolución de Conflictos de la Universidad Externado de Colombia. Dirige Colombia 2020, campaña pedagógica y periodística de El Espectador para el posacuerdo.
Fue editora de investigaciones de la revista Cromos y trabajó en el portal Votebien.com de Publicaciones Semana. Tiene 29 años de experiencia de trabajo en medios escritos y online, se ha dedicado en los últimos años al cubrimiento del conflicto armado y las negociaciones de paz con las Farc, el Eln y las Auc.
Ha sido docente universitaria y tallerista en temas de conflicto armado, memoria, género y construcción de paz. Ha escrito, en coautoría con otros periodistas, tres manuales de periodismo: “Pistas para narrar la paz” y «Pistas para narrar la memoria», “Pistas para investigar la desaparición y búsqueda de personas”. Fue editora del libro “Memorias: 12 historias que nos deja la guerra”
Sobre el taller
Este taller sobre Justicia Restaurativa para periodistas fue el primero de cuatro que se hicieron en diferentes ciudades del país. En esta oportunidad participaron 22 periodistas de diferentes medios de la región Caribe.
Fundación GABO
