Bogotá, Colombia.- La Corte Constitucional ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) entregar información que recopiló de la periodista Claudia Duque, víctima de tortura agravada por su labor periodística y de investigación del crimen del humorista Jaime Garzón, sin su consentimiento a través de un GPS que estaba ubicado en un vehículo que le fue asignado por esa entidad.
La decisión tiene su génesis en una tutela que presentó la periodista reclamando la protección de sus derechos al habeas data, la intimidad, la libertad de expresión al secreto profesional, a la seguridad y a la dignidad humana.
Según la comunicadora, la presencia de dispositivos de georreferenciación como el GPS en los vehículos asignados para su seguridad desconocía sus derechos, porque nunca autorizó su instalación. Expresó además que el uso de esos dispositivos permite a la UNP conocer sus movimientos, lo cual implica la obtención de información personal que no solo está vinculada a la vulneración de su derecho al habeas data, sino también a su libertad de expresión e información, puesto que incide en la privacidad que necesita para ejercer su actividad de periodista.
El recurso fue negado en primera y segunda instancia por un juez de tutela, pero acogido por la Corte Constitucional, quien le amparó el derecho al habeas data al considerar que le fue vulnerado por la UNP al no entregar la totalidad de los datos obtenidos a través de los dispositivos instalados en los vehículos que le fueron asignados para su protección.
Por eso ordenó a esa entidad entregar toda la información que la periodista ha solicitado; eliminar la información que repose en las bases de datos de las que es responsable esa entidad y vinculada a la periodista e informarle cuáles son los datos que no puede suprimir de sus archivos. Además, el director de la entidad deberá iniciar las actuaciones administrativas necesarias para restituir las medidas de protección a favor de la periodista.
Claudia Duque fue víctima de secuestro en la modalidad de “paseo millonario” en 2001, en el que sus captores le dejaron claro que lo que le sucedía tenía relación con su trabajo de investigación por el homicidio del también periodista, Jaime Garzón Forero. La persecución llegó hasta el punto que, en 2010, se vio obligada a entregar el esquema de seguridad que tenía y partir hacia el exilio.
Un año después, la comunicadora regresó al país y se reincorporó en sus labores. Sin embargo, los seguimientos continuaron por parte del extinto DAS. Para la época, se corroboró que no solo realizaban perfilamientos a periodistas, sino también a activistas políticos que se declaraban en oposición al Gobierno de turno.
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