La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Martha Moyano (Fuerza Popular), aprobó este viernes 15 de setiembre el dictamen que otorga facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres y otros. El texto ahora debe ser refrendado por el pleno del Congreso.
Uno de los puntos despertó las alarmas de los gremios periodísticos, pues representa una amenaza contra la libertad de expresión debido a que el Ejecutivo plantea modificar el Código Penal para incluir sanciones a los instigadores del delito de disturbio y entorpecimiento a los servicios públicos, y entre ellos considera a los comunicadores que convoquen a marchas.
Lima, Perú.- Este viernes por la tarde, mientras el texto era debatido por la Comisión de Constitución, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, afirmó que van a respetar el contenido protegido del artículo 4, inciso 2 de la Constitución, que “señala que toda persona tiene derecho a la libertad de información expresión, opinión y libertad de pensamiento”.
“En consecuencia de la señora Boluarte no vamos a establecer , fijar, ni discurtir ninguna ley o decreto legislativo que afecte este derecho”, añadió.
Sin embargo, no precisó si retirarían la solicitud de facultades en ese extremo.
Antes de que el texto sea aprobado con 18 votos a favor y 4 en contra, en diálogo con El Comercio, Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto Prensa y Libertad (IPYS); Rodrigo Salazar, Consejo de la Prensa Peruana (CPP); y Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), habían exigido que la comisión rechace en ese extremo el pedido de facultades del Ejecutivo.
Ello pese a que el grupo de trabajo había realizado pequeñas modificaciones a referido punto hasta en dos ocasiones. Sin embargo, los representantes de los gremios periodísticos los consideraron insuficientes.
En el último cambio hecho al predictamen se propone dar facultades al Gobierno para realizar las modificaciones en el Códigio Penal, pero “sin afectar la libertad de expresión, el derecho de reunirse pacíficamente sin armas u otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política”.
La propuesta despertó la preocupación del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), IPYS y la Asociación Nacional de Periodistas, pero también del equipo técnico de la Comisión de Constitución que, en el predictamen, advertía que “la voluntad del Poder Ejecutivo es sancionar penalmente a quien exprese en medios de comunicación masivos, sea comunicador, político o funcionario público, el apoyo a una marcha”, y que con esto “puede vulnerarse la libertad de expresión”.
Sin embargo, el mismo documento establecía que se le debe dar las facultades al Gobierno de Boluarte para legislar en este punto, pero con un candado que ha sido modificado, que los gremios de comunicadores no consideran suficiente.
En el documento, al que tuvo acceso El Comercio, el grupo de trabajo hizo dos veces pequeñas modificaciones al punto 3.1.2, inciso C del pedido del Ejecutivo.
Reiteran cuestionamientos
En diálogo con El Comercio, Roberto Pereira, asesor jurídico del IPYS; Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP); y Zuliana Lainez, presidenta la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) consideraron que la nueva modificación no es suficiente. La instituciones exigen que las facultades del Ejecutivo se nieguen en ese extremo.
Asimismo, Salazar señaló que Otárola dio un discurso contradictorio. “Si dice que no va a proponer ninguna norma que atente contra la libertad de expresión, entonces para qué propone una. Que la retire, no hay punto medio. Si estás a favor de la libertad de expresión, entonces retira la medida”, expresó.
Horas antes, Salazar, indicó a este Diario que, pese a esta segunda modificación en el texto del predictamen, “el riesgo persiste” porque se sigue restringiendo “el derecho de convocar [a la protesta]”.
Salazar afirmó que no se entiende cómo se puede pedir “garantizar la libertad de expresión” si de todas maneras se plantea restringir que los “comunicadores convoquen protestas”.
“Entonces, queda abierta a la interpretación de un juez. Si no existiera esta propuesta de modificación no se abriría la puerta a que un comunicador pueda ser considerado instigador al delito de disturbio”, agregó.
Para Salazar, “lo que se está haciendo es abrir, de alguna manera, la posibilidad de que se pueda procesar a algún periodista. Entonces, poner un saludo a la bandera como una especie de candado no es suficiente”.
En tanto, Roberto Pereira, si el Congreso “mantiene la idea de tipificar de manera autónoma y especial la instigación al delito de disturbios, el riesgo se mantiene, así pongan ese párrafo [candado] en negritas, mayúsculas y tamaño 46″.
“No existe ninguna necesidad de introducir esa figura porque ya existe en el Código Penal desde siempre. Cuando duplicas figuras penales generas el mensaje a los operadores del sistema de justicia de que se trata de una figura distinta y eso es el terreno fértil para la arbitrariedad absoluta, porque van a tratar de darle el contenido que mejor les parezca”, subrayó.
Lainez dijo, a su turno, que “la única manera de neutralizar ese pedido es negar [al Poder Ejecutivo] las facultades en ese extremo”.
“Si se va a querer tipificar el delito de instigación a disturbios y violencia y hacer mención a los comunicadores sociales, por más que se diga que se respete la libertad de expresión, se está abriendo una puerta muy peligrosa”, expresó también.
Lainez señaló que la norma se prestará a interpretaciones de un juez. “Ellos están pidiendo esa facultad para sancionar la instigación a la violencia a través de medios. Así que ese acápite [agregado por la Comisión de Constitución] es absolutamente insuficiente”, concluyó.
Luego, Salazar y Lainez brindaron una conferencia de prensa, acompañados por otros periodistas, en el local de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, en el Cercado de Lima.
Salazar exhortó al Congreso a no aprobar esta modificatoria. “Porque lo tomaremos nosotros y entiendo que el Perú también, como un gesto del control de la prensa”, añadió.
Propuesta contradictoria
La semana pasada, la presidenta Dina Boluarte aseguró que el Gobierno “jamás tomará alguna medida que pueda perturbar la libertad de prensa”; sin embargo, evitó responder de manera directa sobre la alerta que hizo inicialmente el Consejo de la Prensa Peruana (CPP).
“El Gobierno jamás tomará alguna medida o proyecto de ley que pueda perturbar la amplia libertad de prensa, de ninguna manera. Nosotros siempre hemos estado abiertos a la prensa y ustedes en el rol que les compete, seguramente, tendrán que hacer su labor. Nosotros no vamos a impedir que esa labor de investigación y dar las noticias diariamente a la población peruana sea de manera libre, espontánea y dentro de sus competencias y de la libertad de prensa que cada uno de ustedes tienen”, dijo la presidenta.
Además, en diciembre de 2022, cuando Boluarte recién había asumido la Presidencia de la República garantizó el pleno respeto de su gobierno a la libertad de expresión y la mayor transparencia de su gestión. Ello luego de haberse reunido con miembros de la Junta Directiva del Consejo de la Prensa Peruana y decanos del Colegio de Periodistas del Perú.
“De mi gobierno habrá toda la información necesaria y todas las facilidades para que realicen su trabajo, lo mismo será con los ministros de Estado, transparencia y predisposición para trabajar con la prensa nacional, regional e internacional”, dijo el 27 de diciembre.
No obstante, medio año después presentó una polémica iniciativa que representa una amenaza a la libertad de expresión.
Además, en mayo, Alberto Otárola había declarado que, desde su punto de vista, “la mejor ley de prensa que debe existir es aquella que no existe”. Sus expresiones se ocurrieron luego de que el pleno del Congreso aprobara en primera votación la llamada ‘ley mordaza’.
El Comercio
