San Salvador.- El Congreso de El Salvador derogó el jueves dos reformas para eliminar disposiciones que castigaban a los medios de comunicación de todo tipo si divulgaban mensajes que pudieran provenir de pandillas o grupos criminales.
Las dos reformas fueron aprobadas el 5 de abril de 2022 — en momentos en que el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsó políticas de mano dura para combatir a las pandillas — generaron el rechazo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), y de organizaciones defensoras de los derechos humanos por considerarlas una violación a la libertad de prensa debido a su ambigüedad.
A iniciativa de la bancada del partido oficialista Nuevas Ideas, los diputados derogaron el inciso segundo del artículo 345-C del Código Penal, que castigaba con penas de 10 a 15 años de prisión a “quien por medio del uso de tecnologías de la Comunicación y la información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales, reproduzca y transmita mensajes o comunicación originados o presuntamente originados por grupos delincuenciales, que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general”.
También se derogó el inciso tercero del artículo 1 de la “Ley de Proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal”, que “declaraba ilegales los textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual, plasmada en propiedad pública o privada, que explícita o implícitamente transmitan mensajes relacionados a las diferentes organizaciones , o asociaciones criminales a las que se refiere el presente artículo, y en especial las que tengan como finalidad la de aludir al control territorial de dichos grupos o a transmitir amenazas a la población en general”.
Los diputados argumentaron que dado el éxito generado por el régimen de excepción que ha frenado la violencia generada por las pandillas, y habiendo cumplido con el objetivo por el cual se decretaron las reformas “se vuelve necesario reformar nuevamente los referidos incisos, esto con el objeto de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos salvadoreños”.
El subjefe de la bancada del partido Nuevas Ideas, Caleb Navarro, dijo durante el debate en el Congreso, que “el derecho va detrás de la realidad” y la realidad era que se estaba combatiendo a las pandillas. “Había muchos hechos violentos por estas estructuras y que puso en riesgo la vida y la integridad de la población salvadoreña, por eso se legisló en ese momento de esta forma”, justificó Navarro.
“El tiempo no hace preguntas, el tiempo da las respuestas. Por presión o por reflexión. Hoy derogaron el artículo de la famosa ‘ley mordaza’, ley que en su momento les dijimos que era inconstitucional, que atentaba contra la libertad de prensa. Hoy se ven obligados a rectificar”, afirmó el diputado César Reyes del conservador partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
A petición de Bukele, el Congreso decretó el régimen de excepción luego de una jornada de 62 homicidios a manos de las pandillas a nivel nacional. La medida suspende garantías constitucionales relacionadas con la defensa y detención de las personas, así como a la privacidad de las telecomunicaciones, en una estricta política que se mantiene desde el 27 de marzo de 2022.
Desde la entrada en vigor del régimen de excepción, las autoridades han informado de la captura de más de 73.000 personas, mientras las organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado violaciones sistemáticas al debido proceso de los detenidos y en su más reciente informe la asociación humanitaria Cristosal reportó que había recibido 3.461 denuncias de vulneraciones de derechos humanos y 131 personas fallecidas bajo custodia de las autoridades,
Más del 90% de las personas que están en las cárceles de El Salvador se encuentran sin una condena firme, según datos oficiales hasta julio.
La Voz
