Altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos celebraron ayer el fin de la llamada «ley mordaza» en El Salvador, después que la Asamblea Legislativa derogara esta semana una serie de polémicas reformas que castigaban con hasta 15 años de cárcel a quienes divulgaran mensajes generados por pandillas, y que según expertos, criminalizaban la labor periodística en el país.
La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, aplaudieron la derogatoria del inciso segundo del artículo 345-C del Código Penal, aprobada el miércoles con 75 votos de partidos del bloque oficialista y diputados de la oposición.
«Es bienvenida la revisión de la ley en El Salvador que retira las restricciones a los reportes de los medios sobre pandillas. Esto es especialmente importante hoy, cuando honramos el valiente y necesario trabajo de los periodistas en el Día Internacional para terminar con la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas», escribió Nichols, quien se reunió con el presidente Nayib Bukele la semana pasada, días antes que este presentara su solicitud de inscripción como candidato a la reelección en 2024.
Durante la plenaria del miércoles fueron los diputados de Nuevas Ideas quienes solicitaron derogar una parte de la reforma al Código Penal que ellos mismos promovieron en abril de 2022.
Esta reforma modificó en su momento el artículo 345-C del Código Penal, para penalizar con 10 a 15 años de prisión la difusión de mensajes generados por las pandillas a través de medios de comunicación, que puedan causar «zozobra» en la población. Aunque Nuevas Ideas aseguró que las reformas buscaban limitar el pánico que podían infringir las pandillas; la redacción no detallaba si los mensajes debían ser «creados» por pandillas, pues se castigaba con prisión la transmisión de mensajes «presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales».
Por ello, la reforma fue catalogada como un intento de mordaza ante investigaciones periodísticas sobre las negociaciones del Gobierno con pandillas.
Efectos permanentes
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) publicó ayer un comunicado señalando que, a pesar de la derogatoria, «los efectos permanentes» de la medida ya afectaron a más de 15 periodistas en estado de movilidad y un periodista detenido en el marco del régimen de excepción.
Además, señalaron que existe una «narrativa permanente de estigmatización en contra de periodistas y medios de comunicación no afines al oficialismo», censura de coberturas sobre hechos de violencia y abuso de poder desde la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada.
La presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, aseguró que no celebrarán el fin de esta reforma porque nunca debió ser aprobada: «Durante 2022 y 2023, tras la reforma mordaza, la APES registró al menos 76 casos vinculados con estas reformas», indicó.
Jonathan Sisco, abogado de Cristosal que presentó una demanda contra la reforma ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), reclamó la falta de respuesta de la Sala de lo Constitucional al respecto y recordó que «todavía existen muchas leyes que vulneran el ejercicio periodístico».
El abogado citó la Ley Especial contra Delitos Informáticos, que amenaza las fuentes de información; el delito de desacato en el Código Penal, y las constantes reservas de información pública.
También recordó que el Estado salvadoreño ha utilizado el software israelí Pegasus para intervenir comunicaciones de periodistas, empresarios y defensores de derechos humanos.
«Qué bueno que la Asamblea derogó esta reforma que evidentemente criminaliza el periodismo, pero las diferentes instituciones competentes no han investigado el uso de Pegasus contra periodistas. Falta mucho por hacer», dijo.
Por Gabriela Villarroel
La Prensa
