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Estados fracasan en frenar muertes de periodistas

Una reportera coloca hoy flores en el busto en honor del asesinado periodista mexicano Javier Valdez

Los Estados están fracasando en su obligación y su compromiso de proteger la seguridad de los periodistas y acabar con la impugnidad de quienes atentan contra ellos, denunció ayer el Instituto Internacional de Prensa (IPI) con motivo del Día Mundial para Terminar con la Impunidad.

En los últimos 30 años, 1,600 periodistas ha sido asesinados y solo un 10% de los responsables fueron juzgados, según datos de la Unesco que mencionó ayer el IPI en un comunicado.

“Los índices de impunidad siguen siendo inaceptablemente elevados, mientras aumentan los ataques, la violencia y las amenazas contra la prensa”, señala el IPI en esa nota.

Por ello, este organismo con sede en Viena insta a los Estados a “cumplir urgentemente sus compromisos y obligaciones de proteger la seguridad de los periodistas, incluso en las zonas de conflicto”.

Los datos, afirma el IPI, demuestran “la alarmante incapacidad de los Estados” para cumplir sus obligaciones a fin de garantizar “la plena investigación y persecución de los delitos contra periodistas”.

El año pasado, los asesinatos a periodistas aumentaron un 50%, con 86 casos, y la mitad de ellos sucedieron cuando los informadores estaban en su tiempo libre.

Si bien todas las regiones del mundo se vieron afectadas, Hispanoamérica y el Caribe fueron las más peligrosas para los periodistas el año pasado con 44 asesinatos, con México, Ucrania y Haití como los países más mortíferos, con 19, 10 y 9 asesinatos, respectivamente.

Hace un año, representantes de Estados miembros de la ONU se comprometieron en Viena a proteger la seguridad de los periodistas y acabar con la impunidad, con motivo del 10o. aniversario del Plan de Acción de la ONU sobre la seguridad de los informadores.

“Un año después, estos compromisos no han producido ninguna acción o cambio demostrable, mientras que la situación de tantos periodistas en todo el mundo se ha vuelto aún más grave”, denuncia el IPI.

Yucatan