La prensa.- A pesar de que la Asamblea Legislativa dominada por el partido Nuevas Ideas derogó la reforma al Código Penal que amenazaba con cárcel a los periodistas que informaran sobre las pandillas (conocida también como «Ley Mordaza»), el Gobierno salvadoreño aún emplea políticas lesivas a la libertad de prensa y de expresión. Así lo consideró Sonia Rubio, oficial de programa sénior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por su sigla en inglés) en El Salvador.
En abril de 2022 el oficialismo agregó un inciso al artículo 345-C del Código Penal para penalizar con 10 a 15 años de prisión la difusión de mensajes generados por las pandillas a través de medios de comunicación, que causaran «zozobra» en la población. La redacción de esa reforma, según Rubio, constituía una flagrante violación a la libertad de prensa.
Y aunque considera que el Estado «ha rectificado» al deshacer dicha reforma, no descarta que haya presión internacional detrás de esta decisión, tomada solo días después de la visita de Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
Aún así, opina que esta postura es insuficiente y todavía hay deudas pendientes de la administración del presidente Nayib Bukele, como las modificaciones a la Ley contra los Delitos Informáticos, que incluye los agentes digitales encubiertos, y las reservas de información pública.
¿Cómo evalúa la despenalización que aprobó la Asamblea sobre la difusión a los mensajes de pandillas en medios de comunicación?
Desde la Fundación para el Debido Proceso saludamos la derogación de esa normativa, que se había denominado como ley mordaza, porque ya lo habíamos dicho y coincidíamos con varios organismos internacionales de derechos humanos en que esa normativa limitaba ilegal y arbitrariamente el ejercicio de la libertad de prensa del país y el ejercicio de las y los periodistas, e incluso ponían y aumentaban el riesgo hacia la criminalización. Afortunadamente, el Estado salvadoreño ha reconsiderado esta postura, la cual ya había sido también una exhortación o una recomendación por parte de varios mecanismos o procedimientos especiales de Naciones Unidas.
¿Qué solicitó la ONU en ese momento? ¿Considera que se ha cumplido?
El 12 de octubre del año pasado la ONU le pedía al Gobierno salvadoreño que reconsiderara no solo seguir con la vigencia del régimen de excepción, sino también revisar y recapacitar acerca de esta normativa. Porque todavía existen leyes y políticas que son dañinas para la prensa. Algunas muchísimo más lesivas, porque son con una vocación permanente. Esta decisión que han tomado, en la que al menos dejan de criminalizar la labor periodista, es muy importante. En este momento nos sumamos también a las exhortaciones que se están haciendo al Estado salvadoreño para que continúe con cada una de las normativas que en este momento están violentando seriamente los derechos humanos en el país, principalmente vinculadas también al debido proceso y a la libertad personal, porque es un verdadero retroceso el que ha ocurrido en lo s últimos meses.
¿Considera que hay un avance? ¿Podemos decir que ahora hay libertad de prensa en El Salvador?
No me atrevería a decir que es un avance, sino más bien es una rectificación del Estado, un interés por dejar un camino que lo alejaba de asumir sus compromisos internacionales. Sin embargo, todavía existen varias normativas vinculadas que están violando derechos humanos. Podemos mencionar las reformas a la Ley de Delitos Informáticos en la que se establecen los agentes digitales encubiertos, que si bien no criminalizan directamente a las y los periodistas, sí suponen un límite de ejercicio para la forma en cómo se desarrolla el periodismo. También hay actos de supuesto espionaje que no se han investigado, reservas de información y otros.
¿Qué podríamos decir del régimen de excepción y el ejercicio de la libertad de expresión? ¿Se está limitando en ese sentido?
Ya hay varios procedimientos especiales de Naciones Unidas. El relator de ejecuciones extrajudiciales, el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, también el vinculado con la lucha contra el terrorismo, han recomendado al Estado salvadoreño reconsiderar la prórroga excesiva del régimen de excepción, pero además le dice que incluso en estados de excepción no se puede limitar bajo ningún concepto de la información pública, sobre todo porque es una garantía para el ejercicio de los derechos humanos de la población. Las reservas de información a todas las políticas de seguridad y a todo lo demás como política de Estado que se ha implementado, tiende a la opacidad y debe de ser totalmente superada.
La explicación que ha dado el Gobierno para eliminar esta reforma es que ya no es necesaria debido a los resultados del régimen de excepción, ¿cree usted que estuvo justificada?
No. Para restringir derechos existen criterios muy bien definidos a nivel internacional e incluso también por parámetros constitucionales, sobre cuándo y cómo de delimitar un derecho, que es lo que hacía precisamente esta esta ley, incluso criminalizando y poniendo una sanción punitiva en esta situación. Lamentablemente, el Estado salvadoreño no atiende ninguna de las recomendaciones establecidas a nivel internacional y tampoco presenta evidencia ni justifica, ni evalúa de forma exhaustiva esta solución. Basta con ver que todas las reformas legales han sido aprobadas y esta no es la excepción, todas se han hecho por dispensa de trámite; por lo que en palabras de la Sala de lo Constitucional, se ha evadido incluso el deber de discusión legislativa. Una discusión de dos o tres horas no es una medida que garantice realmente la deliberación sobre la necesidad y la proporcionalidad para tomar esta medida.
¿Que podríamos decir sobre la motivación que tuvo el Gobierno para realizar esta despenalización? ¿A qué responde el interés de retractarse con esta reforma?
Creo que hay que contrastar muy bien la información, pero al parecer no es una una decisión de motivo propio. Si no más bien se reconoce que todavía hay voces internacionales que tienen peso y que logran movilizar las acciones por parte del Estado salvadoreño. Es decir, todavía a esta administración gubernamental le interesa la perspectiva internacional. Esto es difícil sostenerlo, debo reiterar que no existe información pública al respecto, pero los análisis indican que esta decisión sí viene provocada por recomendaciones de carácter internacional.
¿Quién es?
Sonia Rubio Oficial de programa sénior de DPLF.
Trayectoria: Abogada, defensora de derechos humanos y politóloga, oficial de DPLF y miembro de Sociedad Mundial de Victimología.
Por Gabriela Villarroel
La Prensa
