Por Mauricio Weibel Barahona
Introducción
La construcción de una conciencia universal sobre los derechos humanos y la democracia es uno de los mayores avances civilizatorios de los últimos cien años. Este ha sido un camino colaborativo y de diálogo que ha supuesto un fortalecimiento de la sociedad civil, de las instituciones nacionales y del sistema multilateral, un esfuerzo cimentado con acuerdos, políticas y acciones que han atravesado desde el ámbito global hasta los espacios locales.
Asimismo, en estas décadas, la defensa, promoción y ejercicio de las libertades de expresión y prensa ha sido crucial para sostener, defender y ampliar los logros que hemos construido como humanidad, muy especialmente desde el fin de la II Guerra Mundial.
Innegablemente, el ejercicio de la libertad de expresión es siempre el primer paso para defender los derechos humanos y fomentar los debates democráticos, ambos aspectos son clave en tiempos donde el autoritarismo y los discursos de odio parecen recapturar posiciones en el ejercicio político.
La Ley Modelo de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras de los Medios, iniciativa que nace en América Latina, pero que la UNESCO promueve globalmente, busca ser parte de este esfuerzo colectivo por defender los mínimos civilizatorios que hemos edificado desde el siglo XX.
De hecho, desde su elaboración en Uruguay en 2021, esta norma surgió como una articulación colectiva en la que participaron comunicadores, organizaciones de la sociedad civil, relatores de libertad de expresión, expertos y, por cierto, directivos de la UNESCO.
Se trata de un esfuerzo que busca reforzar el compromiso de los Estados, en orden a fortalecer la seguridad de los periodistas, en momentos en que las agresiones a la libertad de expresión se han incrementado y diversificado. Es un esfuerzo que supone construir y solidificar nuevos consensos democráticos, en torno a la libertad de expresión y sus garantías.
Pero también es una iniciativa consciente de sus posibilidades y límites.
Las agresiones a la libertad de expresión en América Latina y el Caribe
Los ataques a la libertad de expresión, a los medios independientes y a las y los periodistas y sus familias, son un reflejo y símbolo de las crisis económicas, sociales y de garantía de los derechos humanos y ambientales que encara América Latina y el Caribe. Son –además– una expresión clara de la precarización institucional en desarrollo desde hace décadas en la región y, también, de las crecientes restricciones al debate democrático.
En la actualidad, las y los periodistas y las personas trabajadoras de la prensa enfrentan riesgos graves, tales como el asesinato, el secuestro, la desaparición forzada, la detención arbitraria, la tortura, los ataques y agresiones, los discursos estigmatizantes, la violencia sexual, las restricciones a la información, el uso abusivo del poder estatal y de la persecución penal, los marcos legales contrarios a los estándares internacionales de libertad de expresión y prensa, los desplazamientos forzados y las restricciones de internet, entre otras amenazas.
En cifras, 518 periodistas fueron asesinados en los últimos 25 años en América Latrina y el Caribe. Los países con el mayor número de periodistas asesinados en la región son México, Brasil, Colombia y Honduras. Además, sólo en los últimos dos años, unos 205 comunicadores se exiliaron en Costa Rica, según Voces del Sur (2022). Por cierto, casi la totalidad de estos casos se encuentra en la impunidad, según reporta la UNESCO (2023).
Ante esta crisis, que se replica en todo el mundo, en 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el “Plan de Acción sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad”. Adicionalmente, en diciembre de 2021, en una reunión en Uruguay, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH de la OEA, la UNESCO, representantes del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y directoras y directores de medios de diversos países latinoamericanos, coincidieron en señalar la validez de impulsar una Ley Modelo de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras de la Prensa.
Profundizando en este enfoque, en 2022 el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (IPDC), señaló la relevancia de mejorar los marcos legales sobre protección y seguridad de periodistas (UNESCO, 2022). En 2023, en tanto, en el marco del proyecto “Supporting Media Safe Spaces for journalists in conflict situations, especially targeting displaced and diaspora journalists” se observó la necesidad de delinear un esfuerzo coordinado en esta materia.
En paralelo a estos esfuerzos, en la última década se impulsaron una serie de iniciativas políticas y operativas para proteger el periodismo. Ellas incluyeron la adopción de recomendaciones, el desarrollo de programas de formación de operadores de justicia o el despliegue de acciones específicas de apoyo a periodistas bajo ataque.
Otro elemento relevante lo constituyen los avances en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En este contexto, una variedad de actores participa de estos esfuerzos de promoción y protección de la libertad de expresión. A nivel multilateral destaca la labor de la Media Freedom Coalition (MFC) y de la Freedom Online Coalition (FOC).
Sin embargo, más allá de las recomendaciones, no había hasta ahora iniciativas concretas que buscaran dar respuestas legales a estos desafíos. O que al menos intentaran abrir ese camino sobre el terreno.
En consecuencia, los consensos en torno a la necesidad de fortalecer legal e institucionalmente el periodismo seguro e independiente son amplios y profundos. Pero ¿cuál es el aporte de la Ley Modelo y cuál es su importancia?
Los aportes de la Ley Modelo de Protección a Periodistas
Como se señaló, en 2021 se realizó en Uruguay el I Encuentro Latinoamericano y Caribeño por la Protección de Periodistas. Los acuerdos y consensos alcanzados en aquella reunión forjaron una base legal y política que permite hoy hacer viable un trabajo de largo aliento en este ámbito en la región. Esto es clave.
En la actualidad, de hecho, Chile y Paraguay ya están debatiendo sendos proyectos en favor de la protección de periodistas en sus Congresos. En México, en tanto, se está impulsando una iniciativa de capacitación en estas materias, enfocada en los gobiernos subnacionales.
Desde esos cimientos, y tomando como una experiencia equivalente el esfuerzo en torno a las leyes de acceso a la información pública impulsadas en la década pasada, es posible plantear la idea de avanzar en debates prelegislativos en torno a la necesidad de proteger el periodismo en la región. Por cierto, este debe ser un esfuerzo articulado colaborativamente con los organismos multilaterales, los gobiernos, los actores legislativos, las organizaciones de la sociedad civil que representan a periodistas, dueños de medios y stakeholders.
También es muy probable que, debido al escenario global y regional, existan países donde estos avances sean políticamente inviables. Pero nuestra obligación es delinear un trabajo de largo plazo que nos permita robustecer las legislaciones en torno a la protección de periodistas en uno de los continentes más peligrosos para el ejercicio de la profesión.
La Ley Modelo básicamente es un cuerpo normativo que resume los consensos civilizatorios y jurisprudenciales en torno a la libertad de expresión y las garantías con que debe contar el ejercicio de un periodismo seguro. En consecuencia, el objetivo del trabajo impulsado en torno a ella es adecuar las legislaciones nacionales a las normas y a la jurisprudencia internacionales en materia de seguridad y protección de periodistas y personas trabajadoras de la prensa.
En detalle, la Ley Modelo incorpora normas relativas a: i) los principios universales sobre protección del periodismo; ii) prevenir los ataques a periodistas; iii) proteger su persona, su familia y su trabajo; iv) procurar justicia en caso de agresiones; v) obligaciones especiales en caso de conflicto social o armado; vi) indicaciones especiales respecto de las mujeres periodistas y trabajadoras de la prensa; y, vii) relativas a la necesidad de que existan mecanismos de protección eficaces.
El horizonte de todo este esfuerzo es mejorar los marcos legales nacionales respecto de la seguridad y protección del periodismo, como una forma de salvaguardar su labor, innegablemente vinculada a la denuncia de la corrupción estatal y el crimen organizado. No es una solución a los desafíos abismales que encaramos, sólo es un paso más, pero profundamente necesario.
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