Miami, EE.UU.- Más de 37 años después del asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano, el Estado de Colombia ofreció disculpas por el magnicidio, reconoció su responsabilidad al no haber protegido el derecho a la vida del periodista y se comprometió a retomar la investigación judicial del crimen impune, ocurrido en 1986, en un acto de homenaje que contó la presencia de la viuda, Ana María Busquets de Cano, y otros familiares.
Durante la ceremonia de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el asesinato de Cano, realizada el 9 de febrero en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, Roberto Rock, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), una de las organizaciones representantes del caso ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó que, si bien el acto está animado «por propósitos nobles, no logra retirar el manto de impunidad extendido sobre el caso Cano durante 37 años».
Rock, director del portal mexicano de noticias La Silla Rota, agregó: «Estamos seguros de que, si el caso de Guillermo Cano se hubiera resuelto en términos apropiados y adoptado medidas públicas de no repetición, se hubieran podido salvar muchas vidas de periodistas que cayeron después de él, dentro y fuera de Colombia. Este acto nos debe ayudar a reflexionar sobre el vicio de la impunidad y su antagónica virtud, la justicia, la única fórmula que conocemos para proteger los derechos fundamentales a la vida, la libertad y la igualdad ante la ley.»
Al recordar el día del asesinato de Cano el 17 de diciembre de 1986, Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, que junto a la Robert F. Kennedy Human Rights y a la SIP representan el caso ante la CIDH, destacó que «si imaginamos lo que significaron estos hechos para la vida democrática de Colombia podemos decir sin ninguna exageración que esa desprotección no sólo se dio contra un individuo, contra una familia, contra una empresa periodística sino contra una sociedad colombiana que quedó huérfana. Huérfana porque perdió a un grupo de personas que dedicaba su vida a investigar, buscar, indagar y publicar el entramado de corrupción entre política y narcotráfico más impactante en la historia colombiana.»
En representación de la familia, Fernando Cano Busquets, hijo del periodista asesinado, expresó que El Espectador y la familia continuaron «la lucha de su director inmolado, no contra los carteles de la droga, sino a favor y en defensa de la democracia». Cano Busquets recordó los asesinatos de trabajadores del diario, de jueces, fiscales y del abogado del caso, y las amenazas y actos de violencia contra El Espectador.
Agregó que él y su familia aceptan el reconocimiento del Estado después de 37 años, pero dijo que «con el mismo amor y optimismo por el país que le aprendimos a Guillermo Cano Isaza, que esperamos que este acto no sea el de clausura de un proceso, sino más bien el paso inicial para devolverles a las familias de tantos periodistas, de tantos magistrados, de tantos jueces, de tantos militares, de tantos colombianos, en fin, la merecida memoria de sus seres queridos. Seguimos soñando, como Don Guillermo Cano Isaza, en una COLOMBIA con mayúsculas».
El comisionado de la CIDH para Colombia, José Luis Caballero, reconoció la «alta impunidad» y violencia que rodeó al caso. Caballero se dirigió directamente a la viuda y a la familia Cano, a los que pidió que aceptaran «una disculpa sincera de la Comisión Interamericana por la tramitación atípica que tuvo el caso después del informe de fondo de 2001 que no fue notificada oportunamente a las partes».
Añadió que «la Comisión lamenta que esta situación ocasiona una demora innecesaria que afectó a las víctimas en su proceso de reparación» y espera que «la implementación de las recomendaciones logre el efecto de resarcir, de alguna manera, el daño ocasionado a la familia y a las víctimas».
En su intervención en presentación del Estado Colombia, el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna, reconoció que «le fallamos a Cano, a su familia…No estamos ante un homicidio asilado, estamos ante la deliberada decisión de una estructura de poder de borrar a El Espectador, a sus propietarios, a sus periodistas».
Osuna agregó que frente a esta violencia «el Estado colombiano miró hacia otro costado» y reconoció que eso es «inexcusable e inaceptable». Subrayó la importancia de conservar la memoria y que se reconozca a Cano como «un referente de la decencia, de compromiso con la democracia, con la libertad y los derechos». El ministro de Justicia expresó su «compromiso ineludible de reactivar las investigaciones» ya que «solo así encontraremos la verdad».
En la parte final del acto, la viuda de Cano y los peticionarios suscribieron el Acuerdo para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH en 2001, que incluye cláusulas para la reparación material y moral de la familia, y de búsqueda de justicia entre otras. Con la firma del acuerdo, suscrito por la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Paula Robledo Silva; Ana María Busquets de Cano, en nombre de la familia, y por Rock, Bock y Angelita Baeyens de la Robert F. Kennedy Human Rights, se busca la reconciliación social, la satisfacción de los derechos de las víctimas y la no repetición de lo ocurrido.
Durante la ceremonia se presentó, además, un documental que destacó la trayectoria periodística y el legado de Cano en el periodismo colombiano.
Tras el asesinato de Cano, la SIP realizó una investigación periodística que presentó ante la CIDH el 20 de febrero de 1997. Sin embargo, el proceso en la CIDH estuvo dominado por dilaciones y otras irregularidades.
Rock agradeció la valiosa colaboración, liderazgo y experiencia de la FLIP y la RFK Human Rights, organizaciones aliadas que junto a la SIP impulsaron el caso en la CIDH.
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