Por César López Linares y Katherine Pennacchio
“Seguimos en la batalla por informar. Venezuela necesita información. Periodista, sé valiente pero cuídate”.
Jesús Romero, reportero del medio independiente Código Urbe, pronunció esta advertencia desde una cama de hospital, envuelto en una sábana azul, con cinta médica adherida a su pecho. La Guardia Nacional Bolivariana le disparó un perdigón en el estómago y una bala en la pierna, que terminó afectando una arteria, mientras cubría protestas en Maracay, en el estado de Aragua, al centro del país.
Romero es uno de los al menos 40 periodistas de las regiones fuera de la capital Caracas que han sido atacados, en medio de una ola de protestas y represión que se desató a lo largo del país luego que autoridades electorales dieran el triunfo de una disputada elección al presidente Nicolás Maduro. Esto, de acuerdo con cifras hasta el 31 de julio del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS).
Los ataques, incluidas infundadas acusaciones de terrorismo e “incitación al odio”, han contribuido a un clima de temor entre periodistas de las regiones, los cuales en su mayoría trabajan de forma independiente o para medios pequeños, como Romero. Ese ambiente de temor está provocando autocensura y la creación de vacíos informativos en medio de la crisis política y social postelectoral, de acuerdo con representantes de gremios de periodistas en el país.
“Estamos percibiendo a través de la data que los periodistas venezolanos de las regiones de Venezuela y de los pueblos están más expuestos a las agresiones y amenazas que en los centros urbanos y capitales de estado”, dijo a Marianela Balbi, directora del IPYS Venezuela, a LatAm Journalism Review (LJR).
En estos lugares, alejados de la capital venezolana, los periodistas son blancos más fáciles para ser vigilados, ya que las relaciones entre los ciudadanos son más directas y cercanas, explicó Balbi.
“Más de la mitad del país no tiene medios independientes, no hay periódicos, estaciones de radio y TV. Menos periodistas, menos tejido social de solidaridad con los periodistas”, dijo Correa a LJR. “Muchos trabajan en medios oficiales y hay menos red de protección. Hemos tratado de fortalecer la protección, que es muy importante para la vida comunitaria”.
Detenciones alrededor del país
Desde Caracas, Maduro anunció el 3 de agosto que el gobierno había detenido a 2.000 opositores durante las protestas y que las detenciones continuarían. Por el contrario, el Foro Penal hablaba de 988 detenciones ocurridas entre el 29 de julio y el 4 de agosto.
Desgraciadamente, entre esas cifras hay periodistas, quienes están detenidos por cargos que van desde terrorismo a “incitación al odio».
Trece periodistas de todas las regiones del país han sido detenidos desde el 28 de julio, según reportó el medio Runrunes el 5 de agosto.
Uno de ellos es Paúl León, camarógrafo del canal de televisión por internet VPItv en Valera, estado Trujillo, al occidente de Venezuela. León fue sorprendido por un grupo de policías en motocicletas mientras preparaba su cámara para grabar una manifestación en su ciudad, el 30 de julio.
De acuerdo con un video que circuló por redes sociales, dos policías le quitan sus equipos de trabajo, lo suben a una moto y se lo llevan detenido. Él no ofreció resistencia. Según indicó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), León permanece en la sede de la policía estatal.
Periodistas de Trujillo, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato, dijeron a LJR que están siendo tratados como delincuentes por parte de las autoridades del estado. Por esta razón, han decidido mantenerse en resguardo y dejar de cubrir las manifestaciones.
Sobre todo después de que el Gobernador de Trujillo, Gerardo Marquéz, amenazara en un programa de radio, el 2 de agosto, a los medios de la región con la “operación Tun Tun”, término que se usa para describir el allanamiento de residencias y detención a opositores por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas.
También el 30 de julio, en la ciudad de Cumaná, al este de Venezuela, un tribunal penal emitió una orden de aprehensión contra el reportero gráfico independiente Pedro Rodríguez Carreño.
La orden indica como supuesta razón de detención “la comisión del delito de promoción e incitación al odio”, previsto en el artículo 20 de la Ley Constitucional Contra el Odio y la Convivencia Pacífica y Tolerancia.
Periodistas en Cumaná explicaron a LJR que la persecución contra Rodríguez Carreño se debe a su popularidad y a la publicación de información relacionada con las protestas de la oposición en sus cuentas en redes sociales.
“A partir de esta denuncia empezó el temor entre muchos colegas [dentro del estado]”, dijo a LJR Nayrobis Rodríguez, corresponsal de IPYS en Cumaná y delegada del SNTP.
“Muchos me dicen que están en resguardo, que tienen miedo de publicar, que no sabía si seguir trabajando en sus medios. Están en un estado de ansiedad y angustia”, agregó.
La Embajada de Estados Unidos en Venezuela exigió la liberación inmediata de todos los periodistas detenidos.
“Condenamos enérgicamente el uso continuo de leyes ambiguas para acosar, detener y arrestar a periodistas por cumplir con su labor”, indicó la Embajada en la red social X.
Periodistas estigmatizados en redes
Un ataque que mantiene en alerta al CNP y a otras organizaciones de defensa de la libertad de prensa en Venezuela es una campaña de descrédito y estigmatización en línea en contra de periodistas que están cubriendo las protestas contra el resultado de las elecciones, particularmente en Aragua y Carabobo.
Organizaciones como el CNP y el SNTP denunciaron que desde el 31 de julio circularon en redes sociales imágenes con los rostros de más de una decena de periodistas con la leyenda “se busca terrorista”.
Otra imagen similar muestra las fotografías de tres periodistas mujeres con la leyenda “Operadora de la derecha fascista en Aragua”, entre ellas la exsecretaria general del CNP seccional Aragua, Amira Mucic, y la actual secretaria del CNP seccional Carabobo, Ruth Lara Castillo.
El CNP condenó la campaña y exhortó a las autoridades a castigar dichos ataques.
“Estos periodistas que han sido allí señalados han estado dando cobertura periodística de las acciones de protesta, que es lo que de hecho se quiere silenciar, que parezca ante el mundo que esas acciones de protesta no se están produciendo”, añadió
Torres dijo que no es casualidad que, al menos las periodistas de Aragua afectadas, sean figuras conocidas en el estado por sus trayectorias y credibilidad, y cercanas a organizaciones como el CNP.
“Son fuentes muy confiables de periodismo, confías en lo que aparece en sus perfiles y en sus cuentas personales, que están vinculadas a información realmente confiable”, dijo. “Por supuesto, esos son los primeros polos que algunos sectores creen oportuno derribar”.
Por su parte, Lara dijo que la campaña había generado miedo entre los periodistas de Carabobo, sobre todo en los más jóvenes que tienen poca experiencia en cobertura de conflictos. Esto, dijo, ha causado que algunos comunicadores hayan eliminado de sus redes sociales publicaciones sobre los acontecimientos e incluso que hayan puesto sus cuentas como privadas.
“Cuando hay chamos [jóvenes] que son tan nuevos también existe mucho temor, y no es para menos”, dijo Lara. “Cuando ves una foto tuya rodando por grupos en internet, en la que te llaman ‘terrorista financiado para generar caos en el Estado’, por supuesto hizo que algunos incluso tumbaran las publicaciones que habían ya montado sobre las protestas”.
De acuerdo con Lara, la violencia que ha enfrentado la prensa en días recientes también ha tenido un efecto en el acceso a fuentes confiables. No solo la gente tiene miedo de hablar con la prensa, dijo, sino que los propios periodistas temen que entrevistar a ciudadanos o manifestantes pueda convertirlos en blanco de las autoridades.
“Cuando vas a entrevistar a alguien ahora también te da miedo que a esa persona también la persigan por cualquier cosa que diga, porque de hecho no sabemos qué es para ellos [las autoridades] incitar al odio. Cualquier cosa para ellos es incitar el odio”, dijo Lara. “Eso nos pone en una situación compleja para poder informar”.
*André Duchiade colaboró en la reportería de este reportaje
LatAm Journalism Review (LJR).
