Ciudad de México.- El periodista Antonio Nieto fue objeto de amenazas e intimidación por parte del senador Ricardo Sheffield, luego de publicar un reportaje en La Silla Rota sobre una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). Dicho trabajo documenta una presunta red de corrupción dentro de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la cual estarían involucrados funcionarios y exfuncionarios públicos.
El reportaje, difundido en agosto de 2025, cita directamente la carpeta de investigación de la FGR, en la que un testigo —ex trabajador de la Profeco— señala al ex procurador y actual senador Ricardo Sheffield, a su sucesor David Águila Romero y a más de una docena de funcionarios y exfuncionarios por presuntamente exigir dádivas a empresarios gasolineros. Estas dádivas, según los testimonios oficiales, se solicitaban a cambio de evitar que los empresarios fueran exhibidos en la sección “Quién es quién en los precios” de las conferencias matutinas del presidente de la República. El periodista documentó las pruebas, citó la carpeta, el número de expediente y la declaración ministerial, e incluyó la versión del senador, quien fue consultado antes de la publicación.
Tras difundirse el reportaje, Sheffield negó públicamente la existencia de la investigación y acusó al periodista de “inventarla”. Posteriormente, solicitó acceso a la carpeta ante la FGR, la cual le fue negada por no tener calidad jurídica dentro del proceso. Sin embargo, el senador difundió en redes sociales un video en el que tergiversa la respuesta institucional, afirmando que el documento demostraba que no estaba involucrado en ninguna investigación penal.
Poco después, el propio Sheffield envió a Antonio Nieto un mensaje de WhatsApp con el vídeo y la frase: “Ojalá ya podamos cerrar el tema. Nos vemos en los tribunales”, lo que constituye una amenaza directa de acciones legales. Desde ese momento, el periodista comenzó a recibir mensajes intimidatorios y agresivos en la red social X (antes Twitter), algunos con lenguaje violento y otros advirtiéndole que “no se apareciera en Guanajuato” o que “dejara de molestar al senador”.
Estas agresiones se suman a un contexto de riesgo sostenido. Antonio Nieto ha enfrentado previamente incidentes de hostigamiento y vigilancia, por lo cual ingresó al Mecanismo de Protección hace cinco años. En una ocasión, fue detectada una persona armada vigilándolo en un parque, hecho que fue documentado oficialmente. Ante este historial, las recientes amenazas adquieren especial gravedad al provenir de un actor político con fuero, lo que incrementa la asimetría de poder y la vulnerabilidad del periodista.
La utilización de recursos públicos o del poder político para intimidar o desacreditar a periodistas constituye una violación directa a la libertad de expresión. Los intentos de deslegitimar el trabajo periodístico, especialmente cuando está sustentado en documentos oficiales, vulneran el derecho de la sociedad a recibir información de interés público. Este tipo de actos pueden generar un efecto silenciador que inhibe la investigación periodística sobre corrupción y rendición de cuentas.
ARTICLE 19 recuerda que:
- De acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano está obligado a prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de violencia o intimidación contra periodistas.
- Los funcionarios públicos deben mantener un mayor nivel de tolerancia a la crítica y abstenerse de usar su cargo o influencia para intimidar, estigmatizar o amedrentar a quienes ejercen la labor periodística.
- Las amenazas de acciones legales refuerzan que los procesos judiciales no están siendo utilizados como mecanismos de acceso a la justicia, sino como escarmiento frente a la crítica. Ante la realidad del uso desmedido y arbitrario de acciones legales, la amenaza de entablar acciones legales contra la prensa genera por sí mismo un efecto amedrentador y de autocensura.
En vista de lo anterior, ARTICLE 19 y Antonio Nieto exigen:
- Al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: revisar de manera urgente y reforzar las medidas otorgadas al periodista, incorporando una estrategia preventiva e integral que contemple el riesgo derivado de actores políticos con poder institucional.
- Al Senado de la República: pronunciarse públicamente contra los actos de intimidación y garantizar que sus integrantes se conduzcan con respeto a la libertad de prensa, la rendición de cuentas y el escrutinio público.
ARTICLE 19
