Por Erika Reyes
Puebla, México.- La discusión sobre libertad de expresión en México volvió a encenderse en la IBERO Puebla, donde especialistas y periodistas coincidieron en que el país atraviesa un momento crítico: proliferan leyes y prácticas institucionales que, bajo el argumento de regular la vida digital o garantizar la transparencia, están siendo usadas para restringir voces incómodas. En el panel Libertad de Expresión y Ciberseguridad quedó claro que el andamiaje legal crece más rápido que las garantías para ejercer el periodismo.
Shanik David, académica enfocada en derechos humanos y derecho a la información, abrió el encuentro con una lectura desalentadora del escenario nacional. Afirmó que “en los últimos años se ha dado un incremento en el uso de diversas disposiciones legales para perseguir y acallar a periodistas”, fenómeno que se inserta en un contexto ya adverso para quienes investigan asuntos públicos.
Para la académica, la red de reformas permite que actores muy distintos, desde ciudadanos y activistas hasta figuras públicas, recurran a la vía legal para intimidar. Esto, advirtió, “podría poner en riesgo las libertades informativas” y refleja que “hay una estrategia del poder de querer controlar el discurso público”.
La experiencia cotidiana de los medios confirmó su alerta. Rodolfo Ruiz, director de e-consulta, describió un clima cada vez más hostil. Calificó la situación de la libertad de expresión en el país como “francamente terrible” y señaló que iniciativas recientes, como la ley de ciberasedio, se usan para “premiar lealtades y castigar a críticos”. Recordó que su medio ha sido blanco de descalificaciones sistemáticas y presiones de todo tipo. Entre ellas, destacó “el uso faccioso de la llamada publicidad oficial para mantener artificialmente a medios paleros y asfixiar a medios que tratan de ser independientes o críticos del gobierno”.
El periodista Ignacio Gómez, especializado en temas de ciberseguridad, aportó un testimonio que evidencia la dimensión personal del hostigamiento. Contó que ha enfrentado filtraciones de datos y campañas dirigidas a intimidarlo: “Ya en varias acciones me han expuesto mis datos. Han dicho cómo me muevo, dónde me muevo, dónde compro; han publicado hasta el acta de función de mi padre”. Reconoció efectos directos en su salud mental y subrayó la necesidad de articular esfuerzos colectivos: “Tenemos que visibilizarlo, tenemos que hacer equipo (…) juntarnos academia, periodistas y organizaciones”.
Desde Artículo 19, Silvia Ruiz ofreció una mirada estadística que refrenda la gravedad del panorama. Su organización documentó 51 casos de acoso judicial contra periodistas entre enero y julio, es decir, uno cada cuatro días. La mayoría de estos ataques provino de personas funcionarias públicas.
Ruiz advirtió que el país atraviesa “un momento de decadencia para libertades fundamentales” y alertó sobre el riesgo de que “se va a normalizar esta censura legalizada”. Para ella, las reformas aprobadas en meses recientes muestran que “el Estado se está armando de este andamiaje para vigilar en lugar de que nosotras vigilemos”.
El encuentro dejó una conclusión firme: mientras la vigilancia se expande y la censura se sofistica, la defensa del periodismo no puede recaer en individuos aislados. La construcción de redes entre profesionales de los medios, organizaciones civiles y espacios académicos se posiciona como la vía más urgente para asegurar que la ciudadanía conserve el derecho a informarse sin miedo y que la ciberseguridad sea un escudo, no un argumento para restringir.
El Sol de Puebla
