La Asociación Mundial de Periodistas (AMP) reitera su firme respaldo a la periodista comunitaria Frenchie Mae Cumpio, cuya situación judicial continúa evidenciando graves irregularidades y vulneraciones al libre ejercicio del periodismo en Filipinas. Aunque un tribunal desestimó recientemente dos causas en su contra, incluida una por asesinato, Cumpio sigue encarcelada y enfrenta acusaciones pendientes por «financiación del terrorismo» y «posesión ilegal de armas de fuego», cargos que organizaciones internacionales consideran fabricados y carentes de sustento.
El Juzgado Regional de Primera Instancia de Laoang, Sala 21, desestimó el 6 de noviembre los señalamientos por asesinato, que la vinculaban falsamente a una emboscada contra fuerzas estatales en 2019. El tribunal determinó que existía una «manifiesta discrepancia entre la identidad de la persona denunciada y la detenida», ya que la denuncia señalaba a una persona distinta: «Frenchie Armando Cupio», quien no corresponde a la periodista injustamente privada de libertad. Este hecho confirma la fragilidad de la causa y la ausencia de rigor en el proceso emprendido en su contra.
En una audiencia separada celebrada el 29 de octubre, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de congelar la cuenta bancaria de Cumpio y de obligarla, junto con la activista de derechos humanos Mariel Domequil, a pagar una suma conjunta de 500.000 pesos filipinos. El tribunal concluyó que no existe prueba alguna que vincule a la periodista con el Partido Comunista de Filipinas (PCF) ni con el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), y recordó que «las medidas para combatir el terrorismo no deben adoptarse sin el debido proceso ni a expensas de las personas, los grupos y las organizaciones de la sociedad civil dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos». Esta decisión judicial desmonta la narrativa que ha buscado criminalizar su labor informativa y asociarla con grupos armados sin fundamentos reales.
Frenchie Mae Cumpio, directora ejecutiva del medio Eastern Vista y presentadora de noticias en Aksyon Radyo Tacloban, ha permanecido más de cinco años en prisión preventiva desde su detención el 7 de febrero de 2020, durante una serie de redadas policiales en Tacloban que también afectaron a otros cuatro defensores de derechos humanos, conocidos como los «Cinco de Tacloban». Su juicio por el supuesto delito de posesión ilegal de armas de fuego podría concluir en enero de 2026, mientras que el proceso por «financiación del terrorismo» aún no tiene fecha. De ser declarada culpable, Cumpio podría enfrentar penas extremadamente severas: entre seis y doce años de prisión por armas de fuego y hasta cuarenta años bajo la Ley Antiterrorista de 2020.
Antes de su detención, Cumpio informaba de manera constante sobre presuntos abusos de poder cometidos por fuerzas militares, en el marco de su trabajo en un medio comunitario afiliado a Altermidya, red independiente comprometida con la visibilización de sectores vulnerables y subrepresentados. Ella y sus colegas fueron objeto de estigmatización, una práctica que busca desacreditar a periodistas, activistas, líderes sindicales y defensores de derechos humanos al vincularlos falsamente con grupos armados, exponiéndolos a amenazas, acoso y ataques.
Las organizaciones gremiales en Filipinas no han cesado en su respaldo. La UNPF subrayó que “estas victorias judiciales son un testimonio del coraje de Frenchie, sus abogados y la comunidad que los apoya frente a casos dudosos basados en testimonios cuestionables”, y reiteró su compromiso de continuar la campaña por su liberación y por impedir que se repitan estos abusos con otros comunicadores y defensores.
La FIP, por su parte, enfatizó que “mientras Frenchie Mae Cumpio continúa languideciendo en prisión, la decisión judicial en estos dos casos reafirma su carácter infundado como intentos transparentes de perseguir el periodismo independiente y crítico”. Además, insistió en que todos los cargos restantes deben retirarse de manera inmediata e incondicional.
La Asociación Mundial de Periodistas considera que la persistencia de estos procesos judiciales, pese a las decisiones que demuestran su falta de fundamento, confirma un patrón alarmante de criminalización del periodismo y uso del aparato legal para acallar voces críticas.
Por ello, la AMP insta a las autoridades filipinas a liberar de forma inmediata a Frenchie Mae Cumpio, a retirar todos los cargos pendientes y a garantizar que ningún periodista vuelva a ser sometido a procesos arbitrarios por ejercer su labor informativa. La organización reafirma su compromiso global con la defensa de la integridad, la protección y el libre ejercicio de todos los periodistas, especialmente aquellos que trabajan en contextos adversos y de alto riesgo.
Un periodismo libre, seguro y sin intimidaciones es esencial para garantizar el derecho de las sociedades a estar informadas, y la AMP continuará movilizándose y denunciando cada caso que atente contra esa misión fundamental.
