Con temperaturas rozando los 40 grados centígrados, varios países de América Latina despiden con una ola de calor el 2025, que se inició con la vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Este hecho ha marcado las políticas ambientales mundiales del año.
«El mundo ha pasado de ser globalizado a polarizado, de integración comercial a comercialmente enfrentado y donde la extrema derecha negacionista del cambio climático, anti objetivos de desarrollo sostenible viene creciendo en todas las regiones», lamenta en declaraciones a DW Manuel Pulgar Vidal, líder de la Práctica Global de Clima y Energía de WWF Internacional.
Para Francisco Rilla, consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), «los países de América Latina y el Caribe han sido arquitectos activos del multilateralismo ambiental».
Y es que, a pesar de este panorama, «en un año con tantas incertidumbres y retrocesos ha ocurrido uno de los más importantes avances y demostraciones de multilateralismo», dice a DW Maximiliano Bello, experto en política oceánica de la Fundación Blue Marine.
Así, se logró el número necesario de ratificaciones de países para la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, «un acuerdo clave para poder avanzar en la fuente de la vida que es el océano», comenta Bello, subrayando los esfuerzos de Chile, que se ha postulado para ser sede del Tratado, en la conservación de los océanos con «la protección dentro de la zona económica exclusiva, superando el 50 por ciento de protección a través de la soñada expansión de la protección en el archipiélago de Juan Fernández y Desventuras».
América Latina, en la mira
Además de Chile, Colombia también ha brillado en la agenda ambiental internacional albergando la celebración mundial del Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía,el pasado mes de junio, y el Día Mundial de las Ciudades, el pasado mes de octubre.
No obstante, Brasil se convirtió en el centro de las miradas del mundo al traer de vuelta las negociaciones climáticas a la región, después de más de una década de su última celebración en Lima (Perú) en 2014. La cumbre sobre cambio climático de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en Belém (COP30) el pasado mes de noviembre generó una enorme expectativa.
«Uno de los hitos más importantes fue el de garantizar la participación activa y los beneficios directos para pueblos indígenas y comunidades locales en proyectos de conservación», recalca, en entrevista con DW, Paula Caballero, directora ejecutiva de América Latina de The Nature Conservancy (TNC).
«En la COP30 se establecieron algunos acuerdos que, si se concretan, nos permitirán tener unas hojas de ruta claras para avanzar protegiendo la naturaleza”, apunta Caballero, recalcando que también “se promovieron estándares globales para cadenas de valor responsables, vinculando la conservación con oportunidades económicas inclusivas, entre ellas temas como la sociobioeconomía y la trazabilidad».
Aunque también se esperaba que la cumbre terminara con la creación de un mecanismo para una salida rápida y ordenada de los combustibles fósiles, «fue muy evidente la elevada influencia que terminaron ejercieron los intereses de la industria fósil sobre los contenidos de las decisiones que finalmente fueron adoptadas», lamenta en declaraciones a DW Alejandro Alemán, coordinador de la red de organizaciones de la sociedad civil latinoamericana CANLA.
A pesar de ello, la celebración de una conferencia internacional dedicada al abandono de los combustibles fósiles el próximo mes de abril mantiene este asunto pendiente vigente. «Este anuncio ha contribuido a mantener elevadas las expectativas del movimiento climático regional, aunado a los resultados de las opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Internacional de Justicia«, afirma Alemán.
Reconocimiento crucial
En 2025, la Corte Interamericana notificó públicamente la Opinión Consultiva OC-32/25 sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, una petición de Colombia y Chile, cuya decisión final reconoció la crisis climática como un asunto central de derechos humanos. «En este pronunciamiento, la Corte desarrolla estándares claros con la mejor ciencia disponible sobre las obligaciones de los Estados de prevenir, mitigar y reparar los impactos del cambio climático», recuerda a DW Danniel Pinilla, director de Comunicaciones y Prensa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«La OC-32/25 fortalece el enfoque de justicia climática, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, y se proyecta como una herramienta clave para orientar políticas públicas, decisiones judiciales y acciones estatales de cara a los retos climáticos que marcarán la agenda regional en 2026», asegura Pinilla.
El próximo año América Latina y El Caribe también deberán hacer frente a una «tendencia» que se ha iniciado este año: «El desmantelamiento de Ministerios del Ambiente en muchos países de la región», advierte Pulgar-Vidal, recordando los casos de Argentina, Ecuador y Bolivia. «Algunos candidatos para elecciones el 2026 aseguran que irán por el mismo camino», avanza.
Y es que «infelizmente los avances logrados en una COP pueden evaporarse con un cambio de gobierno», recuerda Rilla. «La reducción de capacidades técnicas, el cierre de programas ambientales o la criminalización de defensores ambientales siguen siendo una herida abierta en la región», lamenta.
A ello se le suma el modelo extractivo. «Muchos países de la región siguen apostando por economías basadas en minería, hidrocarburos o agroindustria extensiva, a veces incluso invocando la transición energética como justificación», crítica el consultor del PNUMA que también reconoce «el colapso político del acuerdo global sobre plásticos» como otro de los retos pendientes.
Finalmente, el retroceso en los espacios de poder cívico, con la limitación de actuación de las ONG, es otro asunto que puede proseguir en 2026, alerta Pulgar-Vidal.
(jag/vt) DW
