Cachemira, India.- En enero, la Policía de Jammu y Cachemira (JKP)Se citó al menos a tres periodistas de importantes publicaciones de Jammu y Cachemira. Dos de ellos no asistieron, y uno estuvo ausente por viaje. El editor adjunto Bashaarat Masood, del Indian Express, fue uno de los tres citados por las autoridades, y fue citado a la comisaría de ciberseguridad, donde presuntamente lo presionaron para que firmara un compromiso de mantener la paz en la región absteniéndose de informar sobre temas «controvertidos». El periodista se negó a firmar.
Masood informó posteriormente que la policía lo llamó todos los días entre el 14 y el 17 de enero, y en cada ocasión lo citaron a presentarse en la Comisaría de Ciberseguridad. En total, Masood pasó 15 horas en la comisaría durante cuatro días.
El 16 de enero, la policía también llevó a Masood ante un Juzgado de Paz, donde le exigieron que firmara una fianza. Cuando Masood planteó la necesidad de la fianza al magistrado, este rechazó la solicitud policial y el periodista fue puesto en libertad. Una fuente no revelada afirmó que Masood fue presuntamente llevado ante el magistrado por alteración del orden público tras informar sobre la distribución, por parte de la policía de Jammu y Cachemira, de un documento de cuatro páginas sobre el presupuesto y la información financiera de las mezquitas locales, incluyendo los comités de financiación y gestión. El Club de Prensa de Cachemira declaró que miembros de su equipo también fueron citados por las autoridades en el pasado y amonestados por cubrir noticias sobre instituciones religiosas.
El mes pasado, el 29 de diciembre, el periodista independiente Khushal Khwaja, residente en el norte de Cachemira, también fue detenido por las autoridades tras informar sobre el cierre de la montaña Sadhna Passa debido a las fuertes nevadas en la región montañosa. Se alegó que sus reportajes contenían críticas de los residentes al gobierno local. Khwaja fue liberado tras unas horas detenido, con la condición de que se presentara de nuevo en la estación.
Grupos cívicos como el Gremio de Editores de la India y sindicatos continúan defendiendo a los periodistas en la región de Cachemira, criticando a las autoridades por acosarlos mediante coerción e intimidación durante los prolongados interrogatorios sobre sus reportajes. El monitoreo de la FIP desde noviembre de 2025 también documentó un allanamiento policial a la oficina del Kashmir Times por presuntamente promover la ideología secesionista. Las autoridades de Jammu y Cachemira continúan intentando censurar a los medios de comunicación mediante el cierre forzoso de oficinas de medios y clubes de prensa , el bloqueo arbitrario de sitios web y redes sociales, y la intimidación legal.
El NUJI declaró: «El NUJI condena enérgicamente el incidente ocurrido en Jammu y Cachemira, donde un periodista fue citado por la policía y obligado a firmar una fianza. Este acto constituye un atentado directo contra la libertad de prensa. El vicegobernador y el ministro principal de Jammu y Cachemira deben intervenir sin demora e iniciar acciones contra los agentes de policía implicados en este acto inaceptable».
La FIP declaró: « El intento de las autoridades de obligar a los periodistas a asumir compromisos legalmente vinculantes constituye un claro abuso de poder para censurar la información independiente crítica en Jammu y Cachemira. La FIP instó a las autoridades a dejar urgentemente de silenciar voces cruciales».
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