La Asociación Mundial de Periodistas (AMP) manifestó su preocupación ante una reciente orden judicial en Brasil que involucra medidas contra un periodista, situación que ha generado alarma entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa en el continente.
“El magistrado del Tribunal Supremo Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó el allanamiento e incautación de la residencia del periodista de Maranhão Luis Pablo Conceição Almeida, conocido como Luis Pablo. Moraes ordenó la incautación de teléfonos celulares y una computadora portátil tras la publicación de reportajes en los que Luis Pablo señalaba el presunto uso irregular de un vehículo oficial del Tribunal de Justicia de Maranhão por familiares de [el también magistrado del STF] Flávio Dino en São Luís (MA).
De acuerdo con información difundida por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), autoridades judiciales brasileñas ejecutaron una orden de allanamiento y decomiso contra el periodista Luís Pablo Conceição Almeida, en el marco de una investigación vinculada con su actividad informativa. La medida incluyó la incautación de equipos y materiales de trabajo del comunicador, lo que ha despertado cuestionamientos sobre posibles afectaciones al ejercicio del periodismo y a la protección de las fuentes informativas.
La SIP advirtió que cuando las decisiones judiciales afectan los instrumentos de trabajo de los periodistas o interfieren en su labor investigativa, existe el riesgo de debilitar la capacidad de la prensa para investigar asuntos de interés público. En ese sentido, la organización recordó que la libertad de prensa constituye un pilar esencial de las sociedades democráticas y que cualquier actuación estatal debe respetar los principios de proporcionalidad y garantías constitucionales.
Ante este escenario, la Asociación Mundial de Periodistas hizo un llamado a las autoridades brasileñas para que se asegure el respeto al debido proceso, la protección del secreto profesional y el pleno ejercicio de la libertad de expresión. La organización destacó que los periodistas cumplen una función social indispensable al investigar y difundir información relevante para la ciudadanía, por lo que medidas judiciales que puedan interpretarse como intimidatorias deben ser evaluadas con estrictos criterios democráticos.
La AMP recordó que en distintos países de la región se ha observado un incremento de acciones judiciales contra periodistas, fenómeno que organizaciones internacionales han descrito como una forma de presión o intimidación que puede derivar en autocensura y limitar el acceso de la sociedad a información de interés público.
Finalmente, la Asociación Mundial de Periodistas reiteró su compromiso con la defensa de la libertad de prensa y exhortó a los Estados del hemisferio a garantizar condiciones seguras y libres para el ejercicio del periodismo, en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos y libertad de expresión.
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