El Gobierno denunció a dos periodistas por grabar en los pasillos de la Casa Rosada

BASURAS REPUGNANTES

Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables.
CIAO! pic.twitter.com/Z46PtFT74k

— Javier Milei (@JMilei) April 22, 2026

La denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION, se hizo luego de la emisión del programa, el domingo último, “Y mañana qué”, conducido por Luciana Geuna, en el que se mostraron diferentes áreas de uso común del palacio de gobierno.

La presentación recayó por sorteo en el juzgado federal N°4, de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo. La denuncia fue hecha por Ibáñez y consta de nueve páginas.

Además de Geuna, la acusación alcanzó a Ignacio Salerno, periodista acreditado por TN en la Casa Rosada, a quien, al menos momentáneamente, se le suspendió la acreditación, según pudo saber LA NACION.

Con la denuncia se asegura que se “procura poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno”. Y se alude a que, “bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial, lo cual expuso a los funcionarios a riesgos injustificados y, probablemente, generó las condiciones para revelar secretos de Estado relacionados con la rutina del señor Presidente y el funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.

Para las autoridades de Casa Militar, “la intromisión, exhibida de forma temeraria en televisión y redes sociales, se apartó groseramente de la reglamentación aplicable”, tras lo que citaron a la Resolución 1319 del año pasado de la Secretaría de Comunicación y Medios. Y que también se “de los estándares de buena práctica profesional correspondientes a l a labor de los cronistas acreditados en la Casa Rosada”.

En el texto presentado en los tribunales federales de Comodoro Py se aseguró que “las conductas que dan origen a esta denuncia representan una amenaza para la seguridad de la Nación, que deberá investigarse en función de los elementos correspondientes a los delitos previstos en los artículos 222 y 223 del Código Penal, o de conformidad con otras figuras afines que puedan acreditarse a lo largo de la investigación (por ej. las disposiciones penales de la ley 25.520)”.

Mientras que los artículos 222 y 223 aluden a la posible comisión de delitos vinculados a la posible revelación de secretos políticos o militares “relativos a la seguridad, defensa o relaciones exteriores de la Nación”, la 25.520 es la Ley Nacional de Inteligencia.

Para explicar la decisión de la suspensión ante la consulta de LA NACION, en la Casa Rosada aludieron al reglamento con los “lineamientos y generalidades” a las que deben suscribir los acreditados para cumplir sus tareas en el palacio gubernamental y a la resolución de la Secretaría de Comunicación sobre esos puntos. “El reglamento lo marca como falta grave. Causal de expulsión”, argumentaron fuentes libertarias.

En el apartado “C” de uno de sus anexos, bajo el título “Prohibiciones expresas. Falta grave”, se consigna: “En espacios no autorizados especialmente al efecto, se encuentra prohibido transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar. La falta de cumplimiento a está prohibición importará una falta grave”.

A la vez que se agrega que, en caso de “incurrir en DOS (2) o más faltas graves a las condiciones de acceso y normas de convivencia podrá ser considerado causal suficiente para la revocación y/o no renovación de la acreditación otorgada”.

Los detalles de la denuncia

A lo largo de las nueve páginas de la denuncia presentada por Casa Militar se alega que la transmisión denunciada “exhibe ante los espectadores los sistemas de vigilancia, los equipos de comunicación, los dispositivos de control de acceso, y otros componentes del sistema de seguridad que deben mantenerse bajo estricta reserva”.

Allí se detalló el intercambio que se dio en el programa y sostuvieron que “los periodistas reconocieron que los registros obtenidos habían sido furtivos, es decir, que se habían hecho sin conocimiento de los funcionarios y sin autorización de los responsables de la seguridad de la Casa Rosada.”

“Luego de compartir el video, tuvo lugar un insólito intercambio entre los aquí denunciados, que permite poner de relieve la extrema gravedad de lo sucedido”, agregaron. En la denuncia se transcribió el diálogo entre Geuna y Salerno, que se refieren a la pelea interna que atraviesa al Gobierno y que tiene como protagonistas a Karina Milei y Santiago Caputo.

En la denuncia agregaron que “algunas imágenes, aparentemente inocuas, contribuyen a precisar la ubicación de los despachos, de las salas de reunión y de las áreas de tránsito del Presidente de la Nación”. Tras lo que aseguraron que “de esta manera, el material audiovisual podría facilitar la elaboración de inteligencia sobre los movimientos habituales del Primer Mandatario”. Y agregaron: “La difusión se hizo viral a través de las redes sociales, exponiendo detalles estructurales y logísticos de l a Casa de Gobierno, que podrían ser utilizados para vulnerar la seguridad del país en uno de sus principales objetivos estratégicos”.

LA NACION