El sindicato de periodistas portugueses (SJ) presentó el martes una queja ante la Comisión Europea en Bruselas contra los nuevos estatutos de la agencia de noticias Lusa, argumentando que los cambios aprobados por el gobierno portugués violan la legislación europea sobre independencia editorial.
«Presentamos una queja ante la Comisión Europea solicitando que investiguen si Portugal cumple o no con la normativa europea sobre medios de comunicación, ya que, según la opinión de los trabajadores —y especialmente de los periodistas de la agencia de noticias Lusa—, no lo hace. Dado que el gobierno modificó los estatutos de la agencia, creemos que estos no se ajustan a la normativa europea y, por lo tanto, solicitamos a la Comisión Europea que analice la situación y, si es necesario, multe a Portugal o le obligue a cumplir con la normativa europea», declaró Susana Venceslau, delegada sindical y líder del Sindicato de Periodistas (SJ), a periodistas portugueses en Bruselas.
Según el funcionario, los nuevos estatutos de Lusa «abren la puerta a la injerencia política en el organismo y ponen en entredicho su independencia e imparcialidad».
Según el sindicato, el nuevo modelo de gobernanza de Lusa, en vigor desde enero de este año, suscita tres preocupaciones principales: el nombramiento directo del Consejo de Administración por parte del Gobierno, la creación de un órgano de supervisión que se considera dominado por el poder político y la obligación de la Dirección de Información de rendir cuentas ante el parlamento.
La SJ (Unión de Periodistas) considera que estos cambios ponen en peligro la independencia editorial y funcional de la agencia y pueden conllevar una restricción de los derechos fundamentales de los periodistas, con consecuencias para el derecho de los ciudadanos a la información, tanto en Portugal como en los países de habla portuguesa donde Lusa está presente.
«Desde el momento en que tengamos el control, en este caso el control político, sobre la única agencia de noticias, tendremos el control sobre toda la información que se produce y se transmite a los demás medios de comunicación», advirtió Susana Venceslau.
Y recalcó: «No es el poder político el que tiene que supervisar el periodismo, sino exactamente lo contrario: es el periodismo el que supervisa el poder político».
Se trata del nuevo reglamento sobre la libertad de los medios de comunicación, en vigor desde 2024, que establece un marco común para proteger la libertad, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea.
En la denuncia presentada ante la Comisión Europea, el Sindicato de Periodistas argumenta que los estatutos violan los artículos 4 y 5 de este reglamento, que obligan a los Estados miembros a garantizar la independencia editorial de los medios de comunicación de servicio público y a impedir la injerencia política en sus decisiones editoriales.
El documento también cuestiona las sinergias promovidas entre Lusa y RTP, argumentando que estas podrían infringir las normas de competencia establecidas en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y comprometer la autonomía funcional de la agencia.
«La advertencia que queremos hacer a la Comisión Europea es sobre el ataque que se está produciendo contra el periodismo y la libertad de prensa», añadió Susana Venceslau.
La denuncia surge tras varias protestas de los trabajadores de la agencia, incluidas presentaciones ante el Defensor del Pueblo, la Autoridad Reguladora de la Comunicación Social (ERC) y el Parlamento, así como dos huelgas celebradas en marzo y mayo de este año.
Lusa, que celebra su 40 aniversario en 2026, es propiedad íntegra del Estado portugués, tras la adquisición del 100% de sus acciones en noviembre de 2025.
Es la única agencia de noticias de Portugal y la mayor agencia en lengua portuguesa, y proporciona contenido a medios de comunicación tanto nacionales como internacionales.
