Caracas, Venezuela.- La Asociación Mundial de Periodistas se une a la profunda preocupación manifestada por diversas organizaciones defensoras de la libre expresión en Venezuela. Tras los recientes y devastadores terremotos que han afectado al país, el acceso a una información oportuna, verídica y sin censura se vuelve una necesidad vital tanto para las comunidades afectadas como para la comunidad internacional.
En las últimas horas, la organización no gubernamental Espacio Público y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) han encendido las alarmas ante las crecientes restricciones impuestas por las autoridades locales a los equipos de prensa nacionales e internacionales.
El derecho a informar en medio de la catástrofe
El pasado 30 de junio, Espacio Público exigió de forma categórica “garantías absolutas para la cobertura y seguridad de los trabajadores de la prensa” en las zonas de desastre. A través de un manifiesto público, la organización recordó un principio universal indispensable en situaciones de crisis:
“¡Informar es un derecho y un deber! […] La labor periodística durante una emergencia requiere destreza informativa, una rigurosa preparación logística y un compromiso ético inquebrantable”.
Bloquear el paso de los reporteros no solo vulnera la libertad de prensa, sino que deja a los ciudadanos a oscuras en los momentos en que más necesitan canales de comunicación confiables.
Restricciones y opacidad: Los casos de La Guaira y La Carlota
Las denuncias apuntan a un patrón de obstaculización que dificulta la labor de los corresponsales en el terreno: Veto temporal en La Guaira: El SNTP denunció que el Ministerio para la Comunicación e Información suspendió por 48 horas el acceso de corresponsales extranjeros al estado La Guaira (una de las zonas más golpeadas). Las autoridades justificaron la medida bajo supuestas “razones sanitarias” y para “disminuir ruidos” en las tareas de rescate. Burocracia limitante en Caracas: En la Base Aérea La Carlota, centro de operaciones logísticas, los horarios de acreditación para los reporteros se han reducido estrictamente a una ventana de tres horas (de 8:00 a 11:00 a.m.), lo que asfixia el flujo de información en tiempo real.
“Impedir la cobertura no resuelve la emergencia”, sentenció el SNTP, advirtiendo que la falta de transparencia solo incrementa la angustia de los familiares de las víctimas y la incertidumbre social.
Desde la Asociación Mundial de Periodistas recordamos a las autoridades venezolanas que la gestión de una catástrofe humanitaria exige transparencia total, no censura. El escrutinio público y la mirada de la prensa internacional son fundamentales para auditar la ayuda y garantizar los derechos humanos de los damnificados.
Hacemos un llamado urgente al Estado venezolano para que cese de inmediato los controles arbitrarios, levante los vetos de tránsito y garantice la integridad física de los periodistas que hoy arriesgan sus vidas para cumplir con su deber ético. El silencio institucional también es una tragedia.
