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La Asociación Mundial de Periodistas condena la sentencia contra periodistas en Formosa

Foto: La Nación.

Madrid / Colombia.– La Asociación Mundial de Periodistas AMP, manifestó su absoluto rechazo al fallo emitido por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, provincia de Formosa, Argentina, mediante el cual se sancionó a cuatro integrantes del equipo del programa Hambre de Futuro con penas de arresto sustituibles por multas económicas. Con este pronunciamiento, la AMP se alía de manera categórica a la posición fijada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA.

El dictamen firmado por el juez Omar Padilla condenó a la periodista Micaela Urdinez, al camarógrafo Lautaro Guillamondegui, al sonidista Joaquín Rajadel y al director audiovisual Javier Corbalán por infringir el artículo 73 del Código de Faltas provincial, al realizar una cobertura sobre la Comunidad San José (pueblo nivaclé) sin contar con una acreditación o permiso previo.

Desde la junta directiva de la AMP se respaldó de forma contundente la advertencia de la SIP, señalando que condicionar el libre ejercicio del periodismo a una autorización estatal, matriculación o credencial obligatoria representa un grave retroceso democrático y una forma velada de censura previa.

«Convertir una credencial profesional en un requisito punible para investigar, preguntar o informar sienta un precedente sumamente peligroso para las libertades públicas en la región», expresaron los voceros de la Asociación internacional de prensa. La AMP enfatizó que, tal como señalan la Declaración de Chapultepec y la Opinión Consultiva OC-5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el periodismo no es una concesión del poder público, sino un derecho humano fundamental que comprende el buscar, recibir y difundir información sin represalias.

La Asociación Mundial de Periodistas se une al llamado urgente formulado a la justicia argentina para que dicho fallo sea revisado y reconsiderado a la luz de los estándares internacionales de libertad de expresión, garantizando que no se criminalice el trabajo periodístico en ninguna jurisdicción del continente.

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