El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2022, afirmó en septiembre que las autoridades utilizaron la desaparición forzada como un instrumento para reprimir la disidencia y controlar a la población. El equipo informó que registró 161 casos desde 2018, de los cuales 29 personas continuaban desaparecidas.
Ese grupo atribuyó al Estado la muerte bajo custodia de ocho personas detenidas por motivos políticos desde el inicio de la crisis. Entre ellas mencionó al ex diputado indígena Brooklyn Rivera y a Humberto Ortega, hermano del presidente. Los expertos pidieron que se informara el paradero de los desaparecidos, que se liberara a los presos políticos y que se investigaran las muertes en detención.
Expertos internacionales atribuyeron responsabilidades a la cúpula del poder
En un informe de junio, el Grupo de Expertos sostuvo que existían motivos razonables para considerar que desde abril de 2018 se cometieron crímenes de lesa humanidad, entre ellos encarcelamiento, tortura, desaparición forzada, deportación y persecución por razones políticas.
El documento situó a Ortega y Murillo entre los responsables, en forma preliminar, de violaciones graves, sistemáticas y extendidas contra personas identificadas como opositoras o críticas del poder. También señaló que la persecución alcanzó a familiares de las víctimas y a nicaragüenses exiliados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el grupo de expertos de Naciones Unidas exhortaron en octubre a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a impulsar la restauración del Estado de derecho en Nicaragua. Ambos organismos reclamaron la reapertura de medios independientes, universidades, organizaciones civiles e instituciones religiosas que fueron clausuradas o intervenidas.
La presión diplomática también se reflejó en sanciones. El Consejo de la Unión Europea prorrogó el 9 de octubre sus medidas restrictivas vinculadas a Nicaragua hasta el 15 de octubre de 2027. Las medidas alcanzan a 21 personas y tres entidades, con congelamiento de activos y restricciones de viaje dentro del bloque.
Estados Unidos, por su parte, anunció en febrero sanciones contra cinco funcionarios nicaragüenses y en junio amplió las restricciones de visado para más de 100 integrantes del aparato estatal y sus familiares. Washington afirmó que sus medidas buscan responsabilizar a quienes considera implicados en la represión política, la persecución religiosa y el silenciamiento de medios y organizaciones civiles.
La lista de RSF no mide las condiciones generales de cada país, como lo hace su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Su propósito es identificar a personas y estructuras a las que atribuye responsabilidad directa por los ataques contra el derecho a informar y a recibir información.
Infobae
