La Habana.- Un nuevo código penal aprobado por la Asamblea Nacional de Cuba mantiene la pena de muerte para varios delitos, castiga con penas de cárcel las críticas a funcionarios del gobierno y declara ilegal que los medios independientes reciban fondos del exterior, el último paso de una incesante campaña gubernamental para aplastar la disidencia tras las protestas masivas del año pasado. El nuevo marco legal agregó varias nuevas definiciones de delitos que abordan las actividades de oposición y la libertad de expresión y asociación. La propuesta fue rápidamente aprobada por unanimidad en la sesión del fin de semana donde estuvo presente el líder cubano Raúl Castro, quien actualmente no ocupa ningún cargo oficial. El código, que entrará en vigor dentro de tres meses, penaliza “las violaciones más graves relacionadas con el uso abusivo de los derechos constitucionales, la participación en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones”, dijo el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro, quien supervisó los juicios contra los manifestantes del 11 de julio. Muchas disposiciones del nuevo marco legal “parecen formar parte de un esfuerzo por destruir las pocas libertades en Cuba que hicieron posible los recientes movimientos disidentes en el país, incluidas las históricas protestas del 11J”, dijo Juan Pappier, investigador principal de la oficina de Human Rights Watch para las Américas. Un total de 23 delitos, la mayoría relacionados con acciones contra la seguridad del Estado, podrían ser castigados con la pena de muerte por fusilamiento. Un documento oficial que explica los cambios en la nueva ley dice que las autoridades cubanas decidieron dejar la pena de muerte para castigar “los delitos más graves” y decidieron sustituirla por cadena perpetua para “delitos comunes” como la violación o el abuso infantil.
Prácticamente cualquier crítica al gobierno, sus altos funcionarios (incluido Ferro) y el socialismo en las redes sociales o los medios de comunicación podría llevar a los cubanos a la cárcel hasta por cinco años bajo cargos de “propaganda contra el orden constitucional”. Tomando nota de una ley similar aprobada por el gobierno autoritario de Nicaragua, que obliga a las organizaciones independientes que reciben fondos del exterior a registrarse como “agentes extranjeros”, las autoridades cubanas fueron un paso más allá y declararon rotundamente que es un delito aceptar fondos de cualquier persona o entidad extranjera para realizar “actividades contra el Estado y su orden constitucional”. El código penal anula incluso la Constitución cubana, al establecer que es un delito punible con hasta 10 años de cárcel ejercer los derechos constitucionales en un esfuerzo por cambiar el gobierno o la constitución. La disposición cierra cualquier espacio legal para un cambio político pacífico en Cuba. También parece responder a los hechos de noviembre pasado, cuando una petición hecha por el grupo opositor Archipiélago para realizar una marcha antigubernamental invocó un artículo constitucional que reconoce el derecho a las manifestaciones pacíficas. El nuevo código también mantuvo o amplió varias disposiciones controversiales de la ley actual, incluida la pena de cárcel para las personas que abandonan la isla “ilegalmente”, por ejemplo, en una balsa; maldecir al presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, y a otros altos funcionarios, o publicar “noticias falsas”.
A pesar de las protestas internacionales, también mantiene la edad legal en 16 años, una disposición del código penal actual que permitió a los fiscales del gobierno dictar sentencias de cárcel para varios manifestantes del 11 de julio menores de 18 años. El código aprobado el domingo también asegura que las instituciones estatales y las organizaciones políticas patrocinadas por el gobierno no enfrenten responsabilidades, ya que uno de los artículos las exime de responsabilidad legal. Las autoridades llamaron al nuevo código “moderno”. Activistas y periodistas independientes lo calificaron como un ataque a las libertades civiles y políticas, “un código penal para atarnos a todos”, escribió la periodista cubana Yoani Sánchez. El Comité para la Protección de los Periodistas, organización independiente basada en Nueva York, también lo condenó como una amenaza a los medios independientes en Cuba. “Estamos alarmados por la aprobación del nuevo código penal de Cuba, que criminaliza aún más el trabajo de los periodistas independientes en la isla al prohibir el financiamiento extranjero y pone en grave riesgo su existencia y sostenibilidad”, dijo Ana Cristina Núñez, Directora General de América Latina y el Caribe de esa organización. “Con el nuevo código penal, las autoridades cubanas continúan construyendo un intrincado y perverso régimen legal de censura y asestan un golpe devastador a los periodistas y medios independientes”.
El lunes, varios activistas y exiliados cubanos expresaron su consternación y decepción por el anuncio de cambios en la política hacia Cuba por parte de la administración de Joe Biden, apenas un día después de la aprobación del nuevo código penal. Anamely Ramos, una curadora de arte cubana vinculada al movimiento artístico San Isidro, a quien las autoridades cubanas recientemente negaron la entrada al país y ahora vive en Miami, dijo que la administración recompensó al gobierno de la isla con la relajación de algunas sanciones a pesar de la represión en curso. “Nuevo código penal en Cuba para reprimir mejor. Más de 1000 presos políticos. Menores de edad condenados a más de 15 años. Un padre plantado exigiendo libertad. En medio de esto, Estados Unidos decide apostar de nuevo por el deshielo. ¡Vergüenza!,” dijo Ramos.
NORA GÁMEZ TORRES, El Nuevo Herald
