• El anteproyecto apunta que el sistema de comunicación social del país tiene el propósito de «fomentar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución y el Partido Comunista de Cuba»
• El texto no reconoce a los medios independientes críticos con el Gobierno y que operan en un vacío legal
El Gobierno cubano presentó este martes un anteproyecto de ley de Comunicación Social y abrió, según informó el diario Granma, un «proceso de consultas especializadas» para favorecer «el conocimiento y estudio de la población al respecto de esta norma».
La 32ª versión de la norma está firmada el pasado 15 de abril, pero se hace pública un día después del aniversario de las históricas protestas del 11J en toda la Isla. Aunque la prensa oficialista plantea la ley como un instrumento para «regular» los contenidos en la prensa, ya desde sus disposiciones preliminares deja claro su carácter: dice que «la libertad de prensa constituye un derecho de las personas», sí, pero que este se ejerce «según los fines de la sociedad socialista».
El texto tampoco reconoce otro tipo de propiedad sobre los medios de comunicación locales que no sea estatal, tal y como señala la Constitución de 2019.
En conferencia de prensa, Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) y miembro de la comisión redactora del documento, destacó como lo más importante de estas consultas el «poder recoger los criterios de los ciudadanos, quienes constituyen el núcleo de todos los procesos comunicacionales que la norma describe».
El documento pasará desde este martes por una consulta que debe finalizar en septiembre, comentó el vicepresidente de la estatal Unión de Periodistas de Cuba, Jorge Legañoa, sin ofrecer más detalles sobre el camino legislativo previo a su eventual aprobación, para lo cual se ha establecido un correo electrónico, así «como números de teléfonos y otros canales, a través de las redes sociales, en muchos medios de comunicación, en organizaciones e instituciones del país», dijo Granma.
Legañoa calificó el anteproyecto como «inédito, robusto y como una oportunidad para educar al público en materia de comunicación»
El periodista, acompañado por otros dos funcionarios de la prensa y la comunicación social, resaltó que la normativa abarca la esfera institucional, mediática y comunitaria, y que es el resultado de varios meses de investigación.
Legañoa calificó el anteproyecto como «inédito, robusto y como una oportunidad para educar al público en materia de comunicación».
La norma anunciada este lunes, que contiene 69 artículos, incluye una regulaciòn que prohíbe el empleo de contenidos «para hacer propaganda a favor de la guerra, de un Estado extranjero hostil a los intereses de la nación, el terrorismo, la violencia y la apología del odio entre los cubanos, con el objetivo de desestabilizar el Estado socialista de derecho», entre otros.
También apunta que el sistema de comunicación social del país tiene el propósito de «fomentar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución y el Partido Comunista de Cuba».
Reconoce además los ingresos generados por la publicidad como una de las vías para la gestión económica de los medios de comunicación, siempre y cuando esta no vaya en contra de «los principios que rigen» a la «sociedad socialista» de la Isla.
Ninguna reconoce a los medios independientes críticos con el Gobierno y que operan en un vacío legal.
El pasado mayo, Cuba aprobó su nuevo Código Penal en el que, entre otras cosas, sanciona con uno a tres años de cárcel a «quien difunda noticias falsas» con el propósito de «perturbar la paz internacional, o de poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado cubano».
14 y medio.
