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Exilio forzado, detenciones exprés, allanamientos: la nueva ofensiva de Daniel Ortega contra el periodismo en Nicaragua

Policías del régimen de Daniel Ortega ocupan el edificio del diario 'La Prensa'. LA PRENSA

‘Un patrón de comportamiento es que a los periodistas no se les renuevan los pasaportes cuando llegan a actualizarlos’, explica una periodista nicaragüense.

Managua, Nicaragua.- 

En las últimas dos semanas, el régimen de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, está llevando a cabo una cruzada con el objetivo de exterminar el periodismo independiente de Nicaragua, según testimonios de periodistas de ese país recogidos en un reportaje de Infobae.

La periodista Abigail Hernández, directora de la plataforma Galería News y miembro de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), contó que organismo pasó de la «alerta permanente» en que se mantenía desde febrero de 2021, a una situación de «alta emergencia», durante los últimos días.

«Estamos enfrentando en los últimos 15 días una arremetida muy fuerte en temas de persecución a la prensa independiente. Hay un desplazamiento importante dentro de Nicaragua, y una nueva ola de exilio de periodistas», señaló Hernández.

Aunque ha documentado la salida de 15 periodistas por puntos ciegos de la frontera nicaragüense en las últimas dos semanas, el PCIN, pero considera que son más los que se ven obligados a recurrir a esa forma clandestina de abandonar el país.

A la vez, un número no determinado de reporteros han salido de sus hogares y se han refugiado en otras casas para evitar ser capturados.

Es el caso de un periodista del diario La Prensa, que por razones de seguridad prefirió no revelar su nombre. Contó que después de realizar una cobertura, la Policía llegó a su hogar con intenciones de capturarlo. Lo evitó porque, advertido de que era buscado, pudo refugiarse antes en otra casa y luego irse al extranjero por «punto ciego» y «solo con la ropa que llevaba puesta».

«Mi casa fue allanada dos veces con una cantidad enorme de policías. Incautaron todos mis equipos de trabajo. Ya corría peligro mi integridad física, entonces tuve que aplicar el protocolo que tenía y buscar casas de seguridad, resguardo, y luego tuve que abandonar el país», relató a Infobae.

«Soy perseguido solo por el hecho de ser periodista independiente y trabajar para un medio crítico en Nicaragua. Eso incomoda al poder y te convierte en su enemigo», añadió.

Justamente La Prensa, el medio de comunicación más antiguo de Nicaragua, ha sido uno de los más golpeados en la última ofensiva del régimen contra el periodismo. Después de que reportara sobre la expulsión de las monjas Hermanas de la Caridad, el pasado 6 de julio, dos choferes fueron detenidos, casi todo su personal perseguido y al menos diez redactores y fotógrafos se vieron obligados a huir al exilio.

«Hay una cacería de brujas», sostuvo Hernández. «Las características de los allanamientos es que no presentan órdenes judiciales, ni presentan alguna justificación que esté sustentada en una investigación y tampoco dicen el motivo. Entran a las viviendas, buscan al periodista. En algunos casos andan preguntando en los barrios y comunidades donde están los periodistas con nombres y fotografías».

«Un patrón de comportamiento es que a los periodistas no se les renuevan los pasaportes cuando llegan a actualizarlos, se los confiscan en los puestos fronterizos cuando quieren salir y, en algunos casos, no se les han renovado sus cédulas de identidad vencidas», señaló.

Hernández, para explicar por qué los periodistas que huyen del régimen deben hacerlo de forma irregular.

«Salen ilegales porque están circulados y eso los expone a todo tipo de peligros, incluyendo a los ataques sexuales, principalmente a las periodistas mujeres», dijo.

Este miércoles, agentes de la Policía ocuparon el equipo de trabajo del corresponsal de Canal 10 en la ciudad de Boaco, Francisco Cantillano, luego de que este informara sobre una protesta que un grupo de ciudadanos que pidieron la libertad de monseñor José Leonardo Urbina, a quien se acusa en los Juzgados de Managua por la supuesta violación a una menor, en un oscuro episodio que la población atribuye a la represión que aplica el régimen también contra la iglesia católica.

El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca Villarreal, entrevistado por el programa Esta Noche, advirtió sobre un plan del régimen de Daniel Ortega para «exterminar al periodismo» en Nicaragua.

«Es constante el reporte de allanamientos, persecuciones a periodistas en sus entornos familiares, de cualquier vida y relación. Hay síntomas para creer que hay un plan para exterminar el periodismo, que desaparezca como labor en Nicaragua», dijo Vaca Villarreal.

Pese a que aún no hay periodistas detenidos de esta última ofensiva, Hernández afirmó que el PCIN ha registrado un incremento de la vigilancia policial contra los periodistas.

«Seguimos documentando robos de equipos y detenciones exprés, que son detenciones de 15 a 30 minutos donde se les amenaza de que en cualquier momento pueden ser encarcelados y se les deja claro que van a ser encarcelados si siguen informando», explicó.

«Desde hace un año estamos haciendo un periodismo de catacumbas, seguiremos trabajando de esa manera y cada medio debe buscar nuevas formas de innovar», expresó la comunicadora.

«Esto no solo es un problema de los medios de comunicación. La ciudadanía nicaragüense debe reflexionar sobre los silencios, sobre la información que no está llegando a la ciudadanía», acotó.

El régimen de  Ortega ocupó militarmente el edificio de La Prensa, el del canal televisivo Cien por Ciento Noticias y el del grupo de plataformas informativas Confidencial, Esta Semana y Esta Noche.

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) estima en unos 135 los periodistas nicaragüenses que se han visto obligados a trabajar desde exilio debido a la represión del régimen. Otros 12 reporteros y personas ligadas a los medios de comunicación permanecen detenidos, la mayoría de ellos desde hace aproximadamente un año, en las cárceles de El Chipote.