Con el asesinato del periodista Wilder Córdoba, es evidente la indiferencia y falta de diligencia por parte de las autoridades locales y nacionales en los casos de homicidios a periodistas. A ocho días de cumplirse un mes del crimen, la Fiscalía aún no ha dado a conocer las hipótesis que manejan del asesinato. Las autoridades locales y el Gobierno Nacional no se han pronunciado ni articulado para proteger a los periodistas y prevenir este tipo de violencia que aqueja a la prensa.
En la misión que la FLIP realizó a La Unión, Nariño, se constató la importante labor periodística que realizaba Córdoba, quien era periodista y director del canal comunitario TV Unión, uno de los tres únicos medios que existen en el municipio. A través del noticiero y de sus redes sociales, Córdoba era la principal fuente de información sobre temas como la inseguridad, el manejo de los recursos públicos, el estado de las obras que se realizaban en el municipio, entre otros. Por eso, su asesinato crea un escenario incierto para el periodismo local y para la información que circula en el municipio.
El periodista también era reconocido por sus labores de veeduría ciudadana y liderazgo en el municipio. Una de sus iniciativas fue el grupo de los ‘Tapahuecos’, en el que se reunía con otras personas para arreglar algunas calles del municipio.
Por su trabajo como comunicador, Córdoba fue víctima de mensajes intimidantes a través de redes sociales. En estos le decían que su labor periodística “no le importaba a nadie”, que “no molestara más” y que “pretendía opacar a la alcaldía”. El reportero hizo públicos estos mensajes en su perfil personal y en una ocasión, le admitió a su madre que sentía miedo por las intimidaciones que había recibido. Estos antecedentes son motivo suficiente para que la Fiscalía tome como hipótesis principal del asesinato el trabajo periodístico que realizaba Córdoba.
El homicidio contra Córdoba ocurrió un mes y doce días después del asesinato de Rafael Moreno, en Montelíbano, Córdoba. Al igual que en ese caso, el Gobierno Nacional hoy permanece en completo silencio respecto a lo ocurrido en Nariño. La falta de diligencia de las autoridades locales y entidades nacionales para determinar quiénes fueron los responsables del crimen conduce a la impunidad, que en el caso de homicidios a periodistas es del 82%. En este caso, también es vital que la alcaldía de La Unión pueda establecer medidas preventivas de seguridad para los y las reporteros que quedan en el municipio. Solo con la articulación entre entidades se podrá garantizar la protección de los y las periodistas, los derechos a la libertad de expresión, a la prensa y de acceso a la información a la ciudadanía.
FLIP
