A las oenegés del país les preocupa que en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que aprobó la mayoría liderada por el correísmo en la Asamblea el pasado 21 de julio de 2022, se haya dejado en la indefensión y sin respaldo a actores de la sociedad civil que también ejercen actividades de comunicación y de defensa de los derechos humanos.
Por ello, exhortan a Guillermo Lasso, presidente de la República, a que vete el proyecto de forma total. En caso de que el mandatario decida una objeción parcial solicitan que se incorporen articulados para que se evite limitar la comunicación en este ámbito.
Cristina Melo, asesora jurídica de la oenegé Pachamama, recordó que cualquier ley y propuesta que se apruebe en la Asamblea Nacional tiene -obligatoriamente- que cumplir con todos los estándares internacionales de derechos humanos y observar el carácter de los defensores de estos derechos, y los de la naturaleza.
Los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ejemplo, establecen una protección a la libertad de expresión de periodistas y comunicadores, cuya función no solo se da a través de la profesión y el libre ejercicio periodístico.
“Los comunicadores pueden ser cualquier persona de la sociedad civil que reciba y entregue información o decida comunicar o denunciar. Esta propuesta de ley no debe limitar la información que puede ser otorgada por estos comunicadores”, dijo Melo.
Incongruencias
La propuesta de ley, que está en manos del Ejecutivo desde el 25 de julio para su veto total o parcial, pretende limitar el ejercicio de la comunicación a los medios, catalogados como oficiales o tradicionales.
Sin embargo, para la asesora jurídica de Pachamama, en este debate se debe abrir una interrogante para solventar un problema. ¿Quién va a decidir quiénes forman parte de los medios oficiales? ¿Bajo qué carácter, si los estándares internacionales refieren que los estados deben proteger cualquier forma de comunicación que puede ser ejercida por parte de la sociedad civil, que no necesariamente es periodista?
Para la representante de la oenegé esta es una de las incongruencias que constan en el texto aprobado porque, al poner un límite a la libertad de expresión, conlleva, al mismo tiempo, coartar la defensa de los derechos humanos.
Limitaciones
Las limitaciones a la libertad de expresión pueden ser vistas desde dos dimensiones, explicó Melo: la libertad que tiene la gente para expresarse, y la libertad y el derecho que tiene la sociedad civil de recibir información para comunicar o denunciar.
Melo prefirió no comentar sobre las intenciones de haber aprobado una ley con estas características, pero advirtió que esto podría generar una intromisión porque los comunicadores son clave en el ejercicio de los estados democráticos, y en su labor de defensa de derechos humanos.
‘Revanchismo’
Verónica Larrea, vocera de la Red de Periodistas Libres (RPL), organización que agrupa a abogados y comunicadores, opinó que la ley aprobada en la Función Legislativa buscaría apuntar hacia un “revanchismo político” y allanar el camino para volver a ley que se promulgó durante el régimen de Rafael Correa en 2013.
En ese sentido, rechazó que se haya aprobado un informe de minoría sin debate en el Pleno de la Asamblea, y que llevó a que se desvirtúe el espíritu de una norma que debe proteger a los periodistas y promover la libertad de expresión.
Larrea subrayó que el informe de minoría intenta volver a una nueva ley restrictiva que estuvo vigente desde 2013. Incluso busca imponer a un ente sancionador como fue la desaparecida Superintendencia de Comunicación (Supercom) y se le quiere dar el mismo papel a la Defensoría del Pueblo. “Eso es absolutamente cuestionable porque vivimos una Supercom restrictiva hacia los medios de comunicación, y por ello se ha pedido un veto total y volver a rescatar el proyecto de mayoría que promueve la libertad de expresión”. (SCC)-(I)
“No se puede medir con la misma vara”
Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación Participación Ciudadana (CPC), señaló que los comunicadores requieren de un mayor respaldo y garantía adicionales, que el de un ciudadano común, porque los periodistas. “No se puede medir con la misma vara lo que dice el ciudadano común con lo que dice el periodista, porque éste investiga, informa y guía la opinión pública”, afirmó.
Aunque Jaramillo consideró que la posibilidad de que el Presidente de la República tome la decisión de elevar un pronunciamiento a la Corte Constitucional (CC) para que los jueces emitan criterios sobre la constitucionalidad o no de los 55 artículos que contiene la ley, podría ser un paso positivo.
Sin embargo, afirmó que si está hubiese sido la intención del mandatario lo hubiera planteado desde el primer día que recibió el texto de la Asamblea. “La vía más expedita sería un veto total”, recomendó.
La Hora
