El Cairo .- La organización Amnistía Internacional (AI) instó este jueves al Gobierno yemení reconocido internacionalmente que ponga fin al «acoso y al enjuiciamiento» de los periodistas en las zonas bajo su control, después que tres informadores fueran procesados este año por publicar contenido crítico contra figuras e instituciones públicas.
«Los periodistas no deben ser tratados como delincuentes simplemente por ser críticos con las instituciones y los empleados gubernamentales. Estos periodistas solo estaban haciendo su trabajo y su discurso está protegido por el derecho internacional de los derechos humanos», afirmó la subdirectora en funciones para Oriente Medio y Norte de África, Diana Semaan, en un comunicado.
Añadió que el Gobierno yemení reconocido internacionalmente «tiene la responsabilidad de respetar la libertad de expresión y debería retirar todos los cargos en su contra».
Los cargos a los que se enfrentan estos informadores incluyen “insultar” a un empleado público, que conlleva hasta dos años de prisión según el Código Penal, «burlarse de los oficiales del Ejército, ofender un símbolo del Estado y perturbar el orden público».
En la primera mitad de 2022, el Sindicato de Periodistas de Yemen registró 11 casos de ataques, incluidas amenazas e incitación a la violencia, contra periodistas y medios de comunicación, así como nueve casos de detención, y seis casos de enjuiciamiento y citación por parte de las partes en conflicto.
El informe del Sindicato encontró que el Gobierno yemení reconocido fue responsable de cometer 23 de estas violaciones, mientras que las autoridades de facto de los rebeldes chiíes hutíes fueron responsables de 16.
Según el derecho internacional, el “insulto” no es un delito reconocible y no justifica una limitación a la libertad de expresión, recordó AI.
“El Gobierno yemení reconocido internacionalmente debe poner fin de inmediato al hostigamiento y enjuiciamiento de periodistas (…) Puede comenzar abandonando la práctica de convocar a activistas y periodistas a las agencias militares y de seguridad y poniendo fin al abuso de las leyes sobre difamación penal y seguridad nacional para reprimir la disidencia», concluyó Semaan.
El conflicto yemení estalló a finales de 2014 cuando los rebeldes ocuparon Saná y otras provincias del país y expulsaron al presidente, Abdo Rabu Mansur Hadi, hoy exiliado en Arabia Saudí.
El Gobierno reconocido internacionalmente se instaló en Aden, en el suroeste del Yemen, ahora la capital provisional del Ejecutivo.
Según la última clasificación de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa en el mundo, el Yemen ocupa el puesto 169 de 180.
EFE
