Este primero de diciembre entró en vigencia el Nuevo Código Penal en Cuba, el cual fue aprobado en mayo y la Organización Amnistía Internacional alerta de un “panorama aterrador”.
El documento de 141 páginas sustituye al anterior que era de 1987, pero tiene varias disposiciones nuevas y antiguas preocupantes para los derechos humanos.
“Entra en vigor en un momento en el que muchos cientos de personas siguen en prisión por protestar en julio de 2021, y después de que las oleadas de protestas de octubre de este año fueran también”, refiere un comunicado de Amnistía Internacional.
Además, dicen que contiene un conjunto de disposiciones aterradoras que confieren a las autoridades del régimen, facultades aún mayores para seguir sofocando la libertad de expresión y de reunión en el 2023 y años posteriores.
“Cuando nos acercamos al final de 2022, cientos de personas siguen en prisión en Cuba por expresar pacíficamente sus creencias, se continúan reprimiendo las protestas y presenciamos una de las mayores olas de migración forzada desde Cuba de la historia”, concluyó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Estos serían los puntos más alarmantes:
Tiene disposiciones para silenciar y encarcelar activistas: permite que se entablen procedimientos penales contra quienes critican al gobierno como mecanismo para prevenir la expresión de esas opiniones.
Castiga a las personas que pongan en peligro el orden constitucional: quienes lo hagan podrían ser castigados con penas de entre 4 y 10 años.
Criminaliza la recepción de fondos: limitando a periodistas y activistas de recibir asistencia cuando se considere que su propósito es
“sufragar actividades contra el estado cubano”.
Limita severamente la libertad de expresión en línea: por primera vez tipifica delitos, relacionados con la libertad de expresión en redes sociales. Se mantiene la pena de muerte para 23 delitos.
