Caracas, Venezuela.- Ana Carolina Guaita Barreto, reportera del portal La Patilla, crítico al chavismo, ha desaparecido tras ser detenida en las afueras de su casa el 20 de agosto, en la ciudad de Maiquetía, en el litoral central de Venezuela. Su último rastro fue informado por el periodista y exdiputado Vladimir Villegas en su cuenta de X el jueves: “Está detenida en la sede de la Dirección de Seguridad de la Gobernación de La Guaira”.
Según Villegas, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Andrés Goncalves, le habría hecho una petición particular a la madre de Ana Carolina, una activista social y dirigente del partido opositor Copei, para lograr su liberación: “Libero a su hija si usted se entrega”.
Tras la denuncia en redes sociales se ha vuelto a perder el rastro de la periodista. Su hermano, Carlos Guaita, ha grabado y divulgado un vídeo para denunciar que desconocen su situación: “No sabemos dónde la tienen, no sabemos por qué la detienen; si la detienen por ser periodista o por ser hija de dirigentes políticos reconocidos del estado [La Guaira]. No sabemos qué tribunal o qué juez emitió una orden”.
Los padres de Guaita fueron parte de la campaña política del excandidato Edmundo González Urrutia que, según las copias de las actas de votación recopiladas por la oposición, ganó las elecciones del 28 de julio. Este viernes, Villegas ha comentado a EL PAÍS que no se sabe sobre su paradero y denuncia un recrudecimiento de las persecuciones: “Yo, como periodista, político y luchador social, nunca había vivido un momento en el cual se detuvieran a tantos trabajadores de la prensa. Hay una criminalización del ejercicio periodístico, incluyendo una censura brutal. Las desapariciones forzadas son una situación ya recurrente en Venezuela. También está la figura de que retienen a un familiar si no encuentran a quién buscan, y si esa persona se entrega, pues le devuelven a su pariente”.
Durante el régimen de Nicolás Maduro se ha convertido en una práctica habitual las represalias en contra de familiares de perseguidos por razones políticas. En el informe sobre Venezuela de Naciones Unidas, publicado en septiembre de 2021, se expone que, en algunos casos documentados, los agentes de seguridad o de la policía de inteligencia presuntamente han secuestrado o detenido a miembros de la familia de opositores como una especie de señuelo, o lo que se conoce como ‘sippenhaft’, una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis. Luego de las manifestaciones por las sospechas de fraude cometido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), han aumentado los arrestos arbitrarios en el país. La ONG Foro Penal ha informado de 1.674 encarcelamientos en el contexto electoral, de los cuales sólo ocho personas han sido liberadas.
El régimen chavista ha redoblado su ofensiva en contra del periodismo independiente en medio de la crisis poselectoral en Venezuela. El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) ha verificado once detenciones de trabajadores de medios de comunicación en el país sudamericano este año, de las cuales ocho han ocurrido luego de los comicios del 28 de julio.
Los encarcelamientos representan un recrudecimiento de los hostigamientos en contra del ya asediado periodismo independiente en el país. Venezuela es una de las pocas naciones de América Latina consideradas en una “situación grave” respecto al libre ejercicio de la prensa, según una clasificación realizada por Reporteros Sin Fronteras (RSF). La ONG internacional ha contabilizado al menos 70 ataques a la libertad de prensa desde las elecciones. “Los periodistas, tanto nacionales como extranjeros, hacen frente a un clima de hostilidad y represión, marcado por detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones físicas, censura y restricciones al acceso a la información”, ha indicado RSF en un reporte.
Este viernes, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado las detenciones arbitrarias de periodistas y la persecución sistemática de medios y personas disidentes después de las votaciones. “La RELE llama a la comunidad internacional a rechazar las medidas de censura y prácticas represivas ejercidas como parte del patrón que busca generar terror en la población venezolana; asimismo, le llama a exigir la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente por el régimen”, ha instado en un comunicado.
Censura en redes sociales
Maduro ha intentado silenciar las denuncias de represión mediante la censura y el boicot a las redes sociales. El 8 de agosto, el mandatario anunció el bloqueo por 10 días de X (antes Twitter), propiedad del magnate Elon Musk; a la que acusa de “incitar el odio”. Sin embargo, ya han transcurrido más de dos semanas desde esa medida y la plataforma continúa suspendida en Venezuela, donde sólo es posible acceder con el uso de VPN. De acuerdo con el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, están a la espera de que los representantes de la red social presenten documentos sobre sus operaciones en el país.
También ha cargado en contra de otras redes sociales como TikTok e Instagram, a las que señala de ser herramientas de la oposición. Maduro ha pedido no usar la aplicación de mensajería WhatsApp, perteneciente a la empresa estadounidense Meta, por supuestamente entregar datos a los líderes de la oposición María Corina Machado y al excandidato Edmundo González Urrutia.
EL PAÍS
