Suchitepéquez, Guatemala.- El hallazgo del cuerpo sin vida del periodista guatemalteco Jorge Zapeta, desaparecido este mes de diciembre, ha vuelto a encender las alarmas sobre el deterioro de la seguridad para quienes ejercen el oficio de informar en la región.
El comunicador, de 56 años, fue encontrado en un terreno abandonado en Suchitepéquez, a unos 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Guatemala. Las primeras informaciones apuntan a golpes en el tórax como causa de muerte, mientras las autoridades investigan las circunstancias del crimen.
Zapeta acumulaba más de dos décadas de experiencia y trabajaba para una página informativa local. Según la Asociación de Periodistas Guatemaltecos (APG), de la que formaba parte, había recibido amenazas durante el presente año. La organización ha condenado enérgicamente el asesinato y exigido a las autoridades identificar y procesar a los responsables.
El caso se inscribe en una espiral preocupante. En marzo de 2025, el periodista Ismael Alonzo González fue asesinado a tiros en Quetzaltenango, y al menos otros cuatro comunicadores han sufrido el mismo destino en Guatemala en los últimos tres años. En un país donde más del 90% de los homicidios quedan impunes, según cálculos oficiales y de organismos internacionales, el crimen contra un periodista rara vez encuentra respuesta rápida y eficaz del sistema judicial.
La muerte de Zapeta coincide con un balance global inquietante. Reporteros Sin Fronteras (RSF) califica el último período como un «año mortífero» para la profesión. Casi la mitad de los periodistas asesinados en los últimos 12 meses lo fueron en Gaza, mientras los frentes de Ucrania y Sudán siguen representando escenarios de alto riesgo. En América Latina, México encabeza la lista regional con al menos nueve asesinatos, consolidándose como el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. La mayoría de las víctimas son reporteros locales, los más expuestos a presiones políticas, criminales y económicas.
RSF alerta además del incremento de otros tipos de agresiones: 503 periodistas permanecen encarcelados, con China y Rusia a la cabeza, y Siria encarna la cifra más alta de profesionales desaparecidos. «El odio hacia los periodistas conduce al asesinato», advirtió el director general de RSF, Thibaut Bruttin, que recordó que los reporteros no mueren «por accidente», sino que los «matan» por su labor informativa. En ese sentido, la Red Centroamericana de Periodistas (RCP) ha documentado en las últimas semanas un patrón de hostigamiento en Honduras, en plena efervescencia electoral.
Los casos recientes hablan de agresiones físicas, robo de equipos y amenazas provenientes incluso de figuras públicas y militares. El periodista comunitario Henry Torres fue golpeado brutalmente tras denunciar presunto nepotismo local; la directora del medio digital Reportar Sin Miedo, Dunia Orellana, sufrió el robo de su equipo en un contexto previo de amenazas; y el veterano comunicador Renato Álvarez denunció intimidaciones que, según apuntó, provienen del entorno militar.
La RCP sostiene que el Mecanismo Nacional de Protección hondureño no ha adoptado medidas eficaces para salvaguardar a quienes están en mayor riesgo. El organismo recuerda que el Estado tiene una obligación reforzada de prevenir, investigar y sancionar estas agresiones, más aún en contextos electorales. Y reclama, además, vigilancia internacional y políticas públicas que garanticen el ejercicio de la libertad de expresión.
Los asesinatos de periodistas -en Guatemala, Honduras o México- evidencian un denominador común: la impunidad. En contextos donde la justicia es lenta o ineficaz, el mensaje para agresores y víctimas se vuelve perverso. La falta de resultados judiciales -procesos culminados, condenas efectivas, reparaciones- alimenta la repetición del crimen y fomenta la autocensura.
Por otro lado, Nicaragua se ha convertido, según estimaciones de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), en el caso más significativo de protección internacional en la región: más de 300 periodistas viven hoy en el exilio y casi la mitad carece de pasaporte vigente, lo que configura «una situación de apatridia de facto».
Costa Rica, Estados Unidos y España concentran la mayor parte de esta diáspora, a la que en el último año se han sumado al menos 20 nuevos desplazamientos forzados, mientras otros comunicadores permanecen bajo régimen de arresto domiciliario, sin posibilidad siquiera de tramitar documentos nacionales para salir del país centroamericano.
EL MUNDO
