Por Claudia Espinoza
San Salvador.- La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó esta mañana un aviso de ampliación ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los ataques que han seguido recibiendo en las cuentas de Whatsapp y Telegram del Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas.
Según detalló Angélica Cárcamo, presidenta de la APES, recibieron alrededor de 10 ataques de hackeo y vulneraciones, en la noche y madrugada de la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre de 2022. “Es importante que se logre identificar quiénes son las personas que están detrás de estos intentos de hackeos”, aseveró Cárcamo.
Dijo que era el tercer documento que compartían con la Fiscalía sobre la situación, pero que no hubo mayor avance a pesar que está por cumplir un año la denuncia, “hasta el momento no hemos tenido avances en las investigaciones”, indicó.
Este aviso se suma a la denuncia que interpuso la APES en febrero del año pasado donde denunciaron estos mismos ataques y otros contra periodistas y grupos conformados por estos profesionales, “colocando información pornográfica y vulnerando la privacidad de los colegas”, que según datos que brindó, fueron alrededor de 20 cuentas.
“Hacemos un llamado a la Fiscalía a que haga un trabajo eficiente porque acá lo que se está vulnerando es el tema de la privacidad y el ejercicio periodístico donde hay fuentes informativas e información delicada que fue usada con otros fines”, detalló la presidenta de APES.
Dijo que aunque los funcionarios mencionen que en el país no se vulnere la libertad de expresión, sí hay vulneraciones al gremio periodísticos por la intervención a los teléfonos de los periodistas, como sucedió con el caso Pegasus donde fueron afectados más de 25 periodistas, y que es un software que solo se vende a Estados. Este caso fue denunciado en enero de 2022.
“En el tema de hackeo sobre Pegasus es grave que el Estado se estén realizando este tipo de prácticas y que en el caso de la Fiscalía no sea capaz de mostrar independencia al investigar este tipo de delitos”, sentenció Cárcamo.
Por su parte, Jacobo Cruz, abogado de Cristosal institución que brinda apoyo a la APES, indicó que es necesario este tipo de apoyos porque puede ser, “un método de intimidación a los periodistas, por eso consideramos importante que la Fiscalía pueda investigar quienes o quién está detrás de este tipo de hechos y garantizar la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo”.
No descartaron que de no recibir respuesta de la FGR acudirán a organismos internacionales tales como Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
LA PRENSA
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