Cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos evalúe este próximo miércoles 11 de enero el caso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la Junta de Control Fiscal para lograr acceso a información pública aquilatará los argumentos de más de 30 entidades y 19 profesores de derecho que manifestaron su apoyo al CPI ante ese foro mediante 10 escritos que presentaron como amigos de la corte.
La Junta de Control Fiscal (JCF) alega que, como entidad dentro del Gobierno de Puerto Rico, disfruta de “inmunidad soberana” y no tiene que someterse al derecho de acceso a la información reconocido bajo la Constitución del Estado Libre Asociado y entregar documentos sobre su gestión que le solicitó el CPI. Sin embargo, ningún foro le ha dado la razón hasta ahora y el Tribunal Supremo federal nunca ha decidido que el territorio de Puerto Rico tiene inmunidad como la de un estado.
Entre las entidades que comparecieron ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos como amigos de la corte o amicus a favor del CPI están la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO); el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez; el Reporters Committee for Freedom of the Press y 20 organizaciones de medios suscribientes; el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) junto a CAMBIO PR, la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, Sembrando Sentido y la Liga de Ciudades de Puerto Rico; GFR Media; LatinoJustice junto a Hispanic Federation, Long Island Hispanic Bar Association; Espacios Abiertos; Public Citizen; y Clemente Properties.
“La petición de información del CPI se ha convertido en un reclamo del país entero y de importantes instituciones y personas que rechazan el comportamiento prepotente de la Junta en Puerto Rico. Intentar estar por encima de todo, de manera que nadie les pueda fiscalizar, es inaceptable”, dijo la directora del CPI, Carla Minet.
En su alegato al Alto Foro federal, la organización periodística recalcó que: “La inmunidad soberana del estado pertenece a los estados. Y los territorios no son estados”. Y añadió que: “El Congreso colocó a la Junta expresamente dentro del gobierno territorial, y la Constitución de Puerto Rico le aplica a todas las entidades gubernamentales. El Congreso no convirtió a la Junta en la única entidad dentro del Gobierno de Puerto Rico inmune a la Constitución de Puerto Rico. El Congreso ciertamente no autorizó a la Junta a violar el derecho fundamental de acceso a la información dejando a los residentes de Puerto Rico sin recurso alguno en ningún foro. El Congreso le dio a la Junta poder enorme, pero el Congreso tiró la raya en dejar que la Junta suspenda la Constitución de Puerto Rico y su bien establecida aplicación directa al gobierno”.
Hace más de cinco años que el CPI demandó a la Junta para lograr acceso a varias categorías de información pública, incluyendo sus comunicaciones con el Gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos. El juez del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Jay A. García Gregory, emitió en 2018 una decisión a favor del CPI en la que determinó que, como agencia del Gobierno de Puerto Rico, la Junta está obligada a cumplir con el derecho de acceso a la información bajo la Constitución de Puerto Rico. Aunque el CPI recibió algunos de los documentos, el proceso legal llegó al punto en que la Junta apeló al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston para evitar entregar las comunicaciones que faltan sin justificar por qué no las entregó. En votación dos a uno, ese foro decidió a favor del CPI y en contra de la Junta. No conforme, la Junta llevó su caso ante el Tribunal Supremo federal, que lo acogió, y cuya vista oral será el miércoles 11 de enero de 2023 a las 9:00 am.
En su amicus, GFR Media apunta que: “Si este tribunal concede lo que el Peticionario solicita, la JSF (a pesar del hecho de que sus miembros son oficiales territoriales designados por el presidente de los Estados Unidos sin el consejo y consentimiento del Senado federal) disfrutarán mucha más protección de los requerimientos de información de la prensa que el mismísimo presidente. The New York Times, The Wall Street Journal, CNN y Fox News podrían, presumiblemente, solicitar y obtener récords públicos relativos al presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris o la presidenta cameral Nancy Pelosi, pero no de la JSF. Claramente, la intención del Congreso cuando promulgó PROMESA no pudo haber sido ese resultado tan absurdo”.
Las organizaciones que comparecen junto a IEEFA resaltaron en su escrito consecuencias adicionales que puede haber si se acepta que la Junta no tiene que cumplir con el derecho de acceso a la información como, por ejemplo, que no se podrían conocer los cientos de documentos y testimonios que acumularon en su investigación millonaria, pagada con fondos públicos, sobre la ilegalidad de la deuda. “La JSF ha acumulado control casi total sobre los funcionarios electos y agencias públicas de Puerto Rico. Librarlos de rendir cuentas, en su modalidad de transparencia y acceso a información pública, sería un golpe grande al pueblo de Puerto Rico, que solo pide conocer lo que estos procónsules están planificando y cómo lo justifican”, enfatizaron.
“La defensa de inmunidad de la Junta, si se sostiene, socavaría seriamente el derecho soberano del pueblo a conocer sobre el funcionamiento de su gobierno. Como el pueblo de Puerto Rico no puede usar el voto para responsabilizar a los miembros de la Junta, la prensa — y las leyes de divulgación en las que depende — sirven como un control clave sobre el poder de la Junta, como lo ha hecho el CPI con su trabajo importante resaltando los gastos de la Junta en su aparato de seguridad y sus contratistas, entre otras revelaciones. Exceptuar la litigación contra la Junta por información pública basándose en fundamentos de inmunidad cerraría esta avenida principal de fiscalización”, dice en su amicus el Reporters Committee for Freedom of the Press, a cuya petición se unieron las organizaciones periodísticas CNN en Español, Mother Jones, The McClatchy Company, The Center for Investigative Reporting, First Look Institute, Freedom of the Press Foundation, The News Leaders Association, Fundamedios, Institute for Nonprofit News, Inter American Press Association, National Freedom of Information Coalition, National Press Club Journalism Institute, National Press Photographers Association, Radio Television Digital News Association, Tully Center for Free Speech, Society of Environmental Journalists, Californians Aware, The Media Institute, Media Law Resource Center, News/Media Alliance.
El amicus suscrito por 19 profesores de derecho activos de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Interamericana destaca sobre el derecho de acceso a la información que “es tan importante hoy como lo era cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo reconoció en un momento de violencia y represión política. El Peticionario, como una entidad del gobierno territorial, está sujeto a ese derecho hoy y el Congreso no ha dicho lo contrario”. “La Junta, como entidad del gobierno territorial, no puede reclamar, en nombre de la soberanía, una inmunidad más poderosa que anule nuestros derechos democráticos”, añaden los profesores José J. Álvarez González, Julio E. Fontanet Maldonado, Érika Fontánez Torres, Chloé S. Georas Santos, Michel J. Godreau Robles, María Hernández Torrales, Glenda Labadie Jackson, Hiram Meléndez Juarbe, Alvin Padilla-Babilonia, Luis M. Pellot Juliá, Yanira Reyes Gil, Mayté Rivera Rodríguez, Griselle M. Robles Ortiz, Iris Y. Rosario Nieves, Pedro Saadé Lloréns, Héctor R. Sánchez Fernández, Susana Serrano Mondesí, Patricia Otón Olivieri y Esther Vicente.
“La experiencia de los miembros de la ASPPRO demuestra que la Junta ha sido hermética al contestar preguntas de periodistas y ofrecer entrevistas, especialmente cuando se le cuestiona sobre sus gastos o decisiones específicas. Si bien la JSF emite declaraciones públicas y tiene un portal para divulgar información, está mucho menos dispuesta a contestar preguntas y requerimientos de prensa. Como resultado, las notas periodísticas se archivan o se publican sin reacción de la Junta. En otros casos, de no estar disponibles públicamente los documentos, la prensa no hubiera podido confrontar a los miembros de la Junta con el récord. Como ejemplo reciente, un miembro de la Junta negó que hubieran discutido imponer un cargo nuevo a los abonados durante las negociaciones de la reestructuración de la deuda de la AEE. Documentos obtenidos por la prensa confirmaron que dicho cargo fue considerado por la JSF”, destaca la entidad que agrupa a los periodistas de Puerto Rico.
Por su parte, la organización de derechos de los consumidores en Estados Unidos, Public Citizen, destaca en su amicus que: “La Junta de Supervisión postula que, al promulgar PROMESA, el Congreso, sin decirlo, tuvo la intención de conferir a un brazo del Gobierno de Puerto Rico inmunidad soberana contra reclamos de acceso a récords oficiales, — inmunidad que Puerto Rico no posee y que separaría a la Junta de la gran mayoría de entidades gubernamentales que ejercen autoridad ejecutiva en los gobiernos federal, estatal y territorial de los Estados Unidos. Para estar claros, el Congreso le ha dado a la Junta poderes extraordinarios para anular decisiones de las instituciones democráticas de Puerto Rico. Pero la extensión de esos poderes no sugiere que el Congreso también buscaba negarle a los puertorriqueños la capacidad de buscar remedio judicial cuando la Junta intente ocultar sus récords del escrutinio público en violación de principios del derecho puertorriqueño que PROMESA no suprime”.
La organización Espacios Abiertos menciona en su amicus que “la soberanía del pueblo de Puerto Rico se derrota, no se reivindica, al quitarle un derecho que creó en su constitución para inmunizar a un gobierno que no eligieron”. Mientras que LatinoJustice recalca que “la Junta sostiene que puede retener documentos del público por cualquier razón, incluyendo evitar la crítica a su funcionamiento interno. El trabajo del CPI demuestra la importancia de reportar precisamente sobre esas comunicaciones que la Junta quiere esconder del público. Vínculos cercanos entre una Junta ‘independiente’ y el gobierno federal, y los conflictos de interés potenciales de los consultores más cercanos de la Junta, proveen razones poderosas para escudriñar las decisiones de la Junta y cuestionar si están sirviendo a los mejores intereses de los puertorriqueños”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Hernández Montañez, como único compareciente del Gobierno de Puerto Rico, menciona en su amicus que “la Junta de Supervisión creada por PROMESA no se parece a ninguna otra entidad que haya reclamado jamás inmunidad de Enmienda Undécima ante este honorable tribunal”. Y añade que “ninguna de las protecciones al fisco, el federalismo o los intereses de dignidad que inspiran la inmunidad soberana están presentes en este caso. La única razón por la que la Junta busca resistir el progreso de este caso es porque desea evadir la rendición de cuentas que viene cuando el público en general tiene acceso a documentos públicos que no son privilegiados ni exentos de divulgación”.
El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina del Procurador General, sometió un escrito y participará de la argumentación el 11 de enero. Su posición es que el caso no debe ser decidido por el Supremo, sino devuelto al Tribunal de Distrito para una determinación sobre cómo el derecho de acceso a la información le aplicaría a una entidad con las características de la Junta. Sin embargo, sugiere en su escrito que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico y leyes tan recientes como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública de 2019 abonan a concluir que el Gobierno de Puerto Rico ha renunciado a su inmunidad en el tema de acceso a la información, permitiendo así que los ciudadanos lo demanden sobre esto. Este punto, de hecho, ya fue atendido por el juez García Gregory en 2018.
“El CPI reconoce y agradece a todas las personas y organizaciones que dijeron presente para defender el derecho de acceso a la información con acción. Además, somos afortunados de contar con un equipo legal excepcional liderado por la licenciada Judith Berkan junto al bufete Williams & Connolly, y los abogados de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Steven Lausell Recurt y Luis José Torres Asencio, así como Carlos Francisco Ramos, Becario de Equal Justice Works en el CPI”, destacó el cofundador del CPI y coordinador del Programa de Transparencia de la organización, Oscar J. Serrano.
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